Aún en la resaca de las elecciones del pasado 5 de junio, al menos dos de los tres bloques que se perfilan a contender en los comicios de 2023 y 2024 pusieron en marcha sus estrategias causando polémica sobre si constituyen actos anticipados de campaña, tanto para las gubernaturas de los estados de México y Coahuila, como para la Presidencia de la República.
Una semana después de su más reciente victoria electoral, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) celebró un acto masivo en Toluca para poner en marcha sus trabajos rumbo a la contienda del próximo año. Para la cual alzaron la mano desde semanas antes la secretaria Delfina Gómez, el senador Higinio Martínez y el titular de aduanas Horacio Duarte.
El acto también sirvió como pasarela de presidenciables, quienes presumieron músculo con porras que mostraron banderas, pancartas, camisetas, gorras y hasta camiones con leyendas como “Es Claudia”, “Adán Augusto va” o “Marcelo es mi carnal”. Algo que el senador Ricardo Monreal, ausente del acto, criticó como actos anticipados de campaña.
Morena no es el único que incurre en estas acciones. El lunes 13 de junio, Movimiento Ciudadano hizo su propio evento en Toluca encabezado por el senador Juan Zepeda, quien ya contendió por la gubernatura en 2017, al cual siguió un fuerte despliegue en redes sociales para posicionarlo como el mejor perfil rumbo a la contienda de 2023.
Los actos anticipados de campaña están contemplados en el Artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El cual establece que se deben cumplir criterios de personalidad -quien realice el acto-, temporalidad -que ocurra en tiempo restringido- y subjetividad -que se haga llamado expreso a votar en favor o en contra de algún contendiente-
En entrevista con Reporte Índigo, David Morales González, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, recuerda que la misma Constitución, en su Artículo 41, establece tiempos para inicio y suspensión de campañas previo a jornadas electorales federales como la de 2024.
“Yo lo que veo aquí son actos anticipados porque se hacen públicos, señala el Presidente que deben ser abiertos porque ya no existe el ‘tapado’, pero en ese sentido creo que no ayuda a la equidad en la contienda. Hay un beneficio expreso, desde el propio Presidente, que ya no es correcto, ni legal”
A esta consideración agrega el agravante de que son funcionarios públicos quienes han promovido y participado en estos actos. Tanto en la contienda por la Presidencia de la República en 2024 como en el proceso por la gubernatura del Estado de México que iniciará en los últimos meses de este año y concluirá a mediados del siguiente.
“No se debería poder, en ese sentido, promoverse para una candidatura, esto entra para todos, no solo de manera anticipada, sino además con el agravante de que es un funcionario haciendo promoción. La Constitución y la ley prohíben utilizar recursos, cargos públicos, actos de Gobierno y demás para promoción personal y partidista, sobre todo de manera anticipada”.
En contraste, Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero electoral federal entre 2014 y 2017, presenta una perspectiva distinta en entrevista con Reporte Índigo. Ponderando la estrategia política marcada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar el destape de “corcholatas” con el alcance del marco legal electoral vigente.
“Esto es la continuación de lo que inició el Presidente de la República ya hace muchos meses y que tiene su expresión ahora, justamente después de las elecciones para gobernador en los seis estados que tuvimos el domingo antepasado. Desde el punto de vista político, es lo que está haciendo Morena y es la estrategia que están siguiendo.
Por otro lado, señala que “legalmente, lo cierto es que todavía no tenemos un periodo en el cual formalmente se estén haciendo procedimientos de selección de candidatos. ¿A qué me refiero? Para que haya actos anticipados de precandidatos, tiene que haber precandidatos registrados, lo cual no los hay, todavía no se abre y falta mucho para que se abra el registro”.
Señala que esto constituye las manifestaciones políticas de los llamados “suspirantes” y que, “en efecto, están en el filo de la ley”, pues se han cuidado de no incurrir en actos violatorios como explícitamente pedir el voto de los militantes de Morena o de los ciudadanos en general. Aunque destaca la importancia de cuidar el uso de recursos públicos, claramente prohibido.
La Constitución y la ley prohíben utilizar recursos, cargos públicos, actos de Gobierno y demás para promoción personal y partidista
En tanto que Javier Santiago Castillo, primer presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, explica a Reporte Índigo sus razones para considerar que un evento como el organizado por Morena en Toluca no cumple la premisa legal para ser considerado como un acto anticipado de campaña.
“Ninguno de los suspirantes y suspiranta se autopromovió explícitamente, ninguno dijo que quería ser candidato o candidata. Ese es un requisito legal básico para considerar que fue un acto anticipado de precampaña, no de campaña. Cuándo ellos no hacen una manifestación explícita de que ellos deseen ser candidatos, no se cumple esa premisa legal”.
No obstante, reconoce que “hay una intencionalidad política en el evento, claro que la hay. Esa intencionalidad política creo que no viola la ley, sé que estoy en minoría. He escuchado la mayoría de las voces que airadamente reclaman los actos anticipados de campaña o precampaña”.
En este sentido, recuerda que hay otras figuras que han manifestado sus aspiraciones presidenciales, como Ricardo Monreal, Alejandro Moreno o Ricardo Anaya, quien recuerda “está en una abierta campaña para ser candidato presidencial, no lo dice explícitamente, la intencionalidad política es esa, pero no podemos juzgar su intencionalidad política”.
