Al cierre del año, los acontecimientos políticos, sociales y criminales perfilan un 2022 de retos para la administración de Andrés Manuel López Obrador, tal como lo advierte la Agenda de Riesgos de Gobernabilidad (ARG) elaborada por la Secretaría de Gobernación a partir de los 770 eventos registrados entre enero y noviembre del 2021.
La ARG señala los riesgos en materia de seguridad, para los que utilizó información del Centro Nacional de Inteligencia. En este rubro destaca la potencia del crimen organizado -que controla regiones enteras de estados como Michoacán-, la crisis de más de 30 mil desaparecidos y los más 28 mil homicidios registrados hasta octubre pasado
Para analizar el panorama, Reporte Índigo entrevistó a Josué Ángel González, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien considera poco probable que el primer mandatario cambie la estrategia de confrontar a los grupos criminales que empleó en la primera mitad de su sexenio.
“Las tendencias que tenemos hasta el día de hoy, si el Gobierno federal no rectifica su estrategia, seguirán siendo las que tendremos en el futuro, y es necesario tomar en cuenta que ha habido una pasividad del Estado mexicano en contra de los líderes criminales”, dice el fundador de Consultoría SIE.
También señala que “en el documento de Gobernación se establece, de manera muy timorata, los vínculos de gobiernos municipales que ganaron las elecciones cooptados por el crimen organizado”. Recalcando la importancia de que el Estado en general, en todos los niveles de gobierno, pueda solventar la solución de demandas políticas y sociales.
En aspectos de política interior, la ARG destaca la confrontación entre gobernadores de oposición con el Gobierno de López Obrador, panorama que cambió tras las elecciones de junio. También contempla aspectos como la corrupción, el posible atraso en los megaproyectos federales y los conflictos regionales de Chiapas.
Tras la victoria electoral del Movimiento Regeneración Nacional y sus aliados en junio, donde la coalición emergió con un total de 18 gubernaturas, González considera que el panorama político le sonríe a López Obrador en el corto plazo.
Sin embargo, también advierte el riesgo de una “implosión” en Morena y la consolidación del frente opositor, con efectos a largo plazo. “Lo que pasó en las elecciones de 2018, va a pasar en 2024, es cíclico. Conforme se acerquen las elecciones va a haber una polarización muy importante y una radicalización de las posturas”, advierte.
Finalmente, se proyectan los riesgos por las demandas sociales sin atender, las violaciones a derechos humanos y, en particular, los flujos migratorios que siguen transitando por el país. Puesto que la misma Segob reconoció que, durante esta administración, se han asesinado a 47 periodistas y 94 defensores de derechos humanos.
Sobre esto, González puntualiza el “toque personal” de López Obrador que, “cuando encuentra oposición, la reacción es directamente al enfrentamiento”, como ha ocurrido con una amplia gama de grupos y sectores sociales con los que ha chocado, pese a que varios lo hayan apoyado en la elección de 2018.
“Los movimientos feministas, la migración, incluso ataques a defensores de derechos humanos, todo bajó por el COVID-19. Es probable que se intensifiquen y hay una torpeza del Gobierno mexicano para la resolución de estas problemáticas, tienen muy mal manejo internamente, las cabezas de las instituciones, de cómo lo procesan y lo comunican”.
Por otro lado, pone particular interés en el aspecto migratorio. Pues los flujos no solo se encuentran en los niveles más altos desde inicios de siglo, sino que la estrategia del Gobierno de López Obrador ha rebotado de banda en banda, primero ofreciendo puertas abiertas y después, por presión de Estados Unidos, desplegó a la Guardia Nacional.
Además de los temas políticos, sociales y criminales, la Agenda de Riesgos de Gobernabilidad alerta sobre el factor de la impunidad como una problemática que abona a cada una de esas categorías, llegando a escenarios como los linchamientos o llamados “actos de justicia por propia mano”, además de protestas y la repetición de ilícitos.
Destacando que la impunidad es el punto más sobresaliente de la ARG, Juan Manuel Aguilar, investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, señala el contexto adverso en el que se trata de operacionalizar una estrategia integral de procuración de justicia y reducción de la violencia.
Observa un demérito importante en la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. En la primera, por el supuesto uso político y personal que le ha dado el Fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y en la segunda, porque la polémica salida de Santiago Nieto no significó el fin de su confrontación con la FGR.
“Quien sale perdiendo, al final de cuentas, es la 4T porque son instituciones trascendentales en la lucha contra la impunidad”, dice Aguilar, agregando que, “la Secretaría de Seguridad ahí está, ¿pero qué razón de ser tiene ahora? Se le quitaron las funciones de atención a la seguridad pública con el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena”.
En ese sentido, también advierte que las facultades de seguridad en manos de las Fuerzas Armadas no garantizan una reducción de la violencia de los grupos criminales, principalmente debido a la mencionada ausencia de una estrategia de seguridad, pero sí arriesga a un incremento en la violación de derechos humanos.
“Los agentes de seguridad pública vinculados a la Guardia Nacional han demostrado que no tienen buena capacidad de operación. Tienen que tener una formación más fuerte”, concluye Aguilar. Pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado varias veces por las acciones de la corporación, principalmente en materia migratoria.
