Enrique Ochoa entregó la documentación correspondiente para su registro a Rubén Escajeda Jiménez, presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos
Uno de los dilemas más fuertes que enfrentará es el tema de las reformas que él mismo ayudó a construir
Los grupos incondicionales a los gobernadores podrían comenzar una rebelión contra su partido por haber dejado descobijados a los mandatarios
El nuevo dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, toma hoy las riendas de un partido lastimado por las crisis provocadas por las derrotas electorales recientes, pero también por las pugnas internas que cada vez más van en aumento
Enrique Ochoa Reza comienza hoy su cruzada para recuperar a un PRI que enfrenta una de sus peores crisis de los años recientes.
Su adversario más importante no está en el exterior; la guerra más significativa se librará al interior del tricolor.
Para lograr la conquista de su propio partido, Ochoa Reza debe lidiar con los saldos de la derrota electoral de este año, y un ambiente donde las pugnas internas de cara al 2018 van en aumento.
Deberá enfrentar las olas que provoque la postura de la Presidencia de la República de oponerse a las medidas aprobadas por los congresos de Veracruz y Quintana Roo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), que buscaban blindar a los gobernadores salientes.
El nuevo dirigente priista también deberá defender las reformas estructurales que él mismo ayudó a construir y que enfrentan ahora cuestionamientos, como el aumento en las tarifas de luz o el recrudecimiento del conflicto magisterial.
La gran prueba para Ochoa será la elección del próximo año, cuando se jugará la gubernatura de tres estados –en dos de ellos, el Estado de México y Coahuila-, siempre ha gobernado el PRI.
Empero, la máxima cruzada de Ochoa será el 2018, cuando deberá llevar a su partido a ganar la sucesión presidencial o pactar con quien gane la carrera por el poder.
Contra sí mismos
Un cuestionado ejercicio del poder ha llevado a que los priistas se tengan que enfrentar a sí mismos en aras de no caer aún más en las preferencias electorales.
Tras varias semanas de escándalo en que los gobernadores de Quintana Roo y Veracruz, han promovido diversas medidas para intentar que no les sean fincadas responsabilidades por presuntos malos manejos económicos, ayer el presidente Enrique Peña Nieto decidió intervenir.
A petición del primer mandatario, la PGR presentó acciones de inconstitucionalidad sobre las medidas aprobadas por los congresos de ambas entidades que desvirtúan el sistema anticorrupción.
Esto ha provocado que se abran dos frentes en las entidades.
Por un lado, los grupos incondicionales a los gobernadores podrían comenzar una rebelión contra su partido por haber dejado descobijados a los mandatarios.
Antaño, los priistas solían mantener la disciplina en sus filas y una decisión del presidente nacional del PRI o de la Presidencia de la República bastaban para frenar o echar a andar cualquier determinación.
Hoy, el panorama parece haber cambiado y los priistas en los estados han tomado decisiones por encima del poder central.
Del otro lado están los priistas que saben de la importancia de que rindan cuentas quienes cometieron irregularidades, en aras de no permitir la impunidad y ganar nuevamente la simpatía ciudadana… aunque eso signifique que algunos de sus compañeros deban pisar la cárcel.
El reto de Enrique Ochoa será mantener a ambos bandos a flote, en un estira y afloja que impida una fisura difícil de recomponer.
Saldos y retos
La derrota del PRI en la elección del 5 de junio provocó grietas en la relación de los grupos de poder en el tricolor; la consecuencia más visible fue la renuncia de Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia nacional, cargo para el que había sido electo hasta el 2019.
A su salida, Beltrones reconoció que fueron varios factores los que determinaron la derrota del PRI en las urnas; pero también dejó claro lo que los priistas hicieron mal o dejaron de hacer.
La solución de lo que ha sido definido como una falta de comunicación entre el partido, los gobernadores y el Ejecutivo federal será una de las pruebas que Enrique Ochoa deberá superar si desea dejar atrás las contradicciones que les provocaron la pérdida de votos.
La disminución de la influencia en las entidades que dejará de gobernar significará una debilidad para el tricolor a partir de que los nuevos gobernadores tomen posesión.
Los indicios de la ruptura han sido poco visibles, pero han llamado la atención en los últimos días.
Ante el anuncio de que sería Ochoa quien sucedería a Beltrones, algunos sectores del PRI han mostrado su desconfianza en este político para llevar a buen puerto al partido.
Esas faltas a la “disciplina” priista, sobre todo cuando se trata de una decisión tomada desde Los Pinos, no son muy comunes y, en otras ocasiones, ya han dado resultados adversos al tricolor.
A estas muestras de división se deben sumar las pugnas que ocurren ya entre los grupos cercanos al poder presidencial que buscarán llevar la batuta en la elección del candidato priista a la Presidencia de la República.
Enrique Ochoa llega a un partido donde el propio presidente Enrique Peña Nieto ha decidido, con su nombramiento, tomar la dirección del partido para influir en la sucesión del 2018.
A algunos ya los mueve la prisa por comenzar con las tareas de búsqueda de quien será el abanderado tricolor a la Presidencia.
Así, Enrique Ochoa tendrá que sostener la balanza entre quienes quieren frenar el proceso de sucesión en aras de la estabilidad política del país y entre quienes tienen la certeza de que el PRI debe apurar el paso si no quiere ser rebasado por sus adversarios en la contienda del 2018.
La aduana electoral
En junio del 2017 se decidirá el destino político de tres entidades: Coahuila, el Estado de México y Nayarit elegirán a sus nuevos gobernadores.
En particular, los estados de México y Coahuila representan el máximo reto para el PRI, pues son estados en donde nunca ha habido alternancia política.
El mayor significado está en la elección del Estado de México, de donde es originario el presidente Enrique Peña Nieto, y uno de los principales bastiones del PRI desde su fundación.
Muchos consideran la elección del Estado de México como una previa de la elección presidencial del 2018.
En el nombramiento del abanderado tricolor para esa elección también habrá que sortear pugnas internas.
Por un lado, el gobernador Eruviel Ávila buscará impulsar a alguien de su grupo político para conseguir la sucesión de su gubernatura.
Del otro lado, el presidente Peña Nieto querrá que la candidatura al gobierno mexiquense recaiga en alguien que pueda conseguir el triunfo, sea o no de su grupo político.
El primer mandatario demostró ya su calidad pragmática cuando, en 2011, apoyó a Ávila para quedar en la gubernatura que él ocupaba, a pesar de no ser un político cercano a él.
A esto se suma la posibilidad de que el PAN y el PRD, principales fuerzas de oposición al PRI en la entidad, puedan armar un frente común y quieran derrotarlo en las urnas.
De perder la elección en el Estado de México, el PRI llegaría sumamente debilitado a la elección del 2018 y quizá de ese resultado dependa la propia estadía de Ochoa Reza al frente del tricolor.
Un escenario similar al de la entidad mexiquense tendrá Ochoa en la decisión de quién deba abanderar al PRI en la carrera presidencial.
El reto será unificar al partido antes de que los priistas tomen esa determinación. Llegar divididos a la sucesión presidencial podría costarle al PRI mucho más que perder solo la elección.
Podría convertirse en una batalla de ganar o pactar. Ganar en las urnas o pactar una transición favorable al tricolor si otra fuerza política se alza con la victoria por la Presidencia. Es ganar o caer.
Defenderlas reformas
Otro estandarte que deberá llevar Enrique Ochoa a su batalla por el fortalecimiento del PRI –y de la propia administración gubernamental del presidente Peña Nieto- es la defensa de las reformas estructurales.
Llega al tricolor en un momento de crisis por el escalamiento del conflicto magisterial, que pega directamente a la Reforma Educativa; y el aumento en el precio de los combustibles y la gasolina, cuya disminución había sido una de las principales ideas para “vender” la reforma energética.
Con estas circunstancias, parecería que Ochoa debe tener una ventana abierta para defender lo que parece difícil de defender.
Sostener un discurso sobre el beneficio de estos cambios constitucionales puede ser peligroso si la situación no mejora en el próximo año, cuando vendrá otra aduana electoral de grandes proporciones.
Sin embargo, no defender las reformas sería una abdicación a su propio trabajo como miembro del gabinete presidencial, pues él mismo ayudó en su construcción y promoción.
A las reformas ya aprobadas se suman las que vienen.
Desde la cabeza del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Ochoa deberá liderar a sus fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados y el Senado para lograr la aprobación de reformas que, por presión internacional o por convicción propia, se impulsen desde la Presidencia de la República.
En el tintero están las reformas para legalizar el matrimonio igualitario y el consumo medicinal de la mariguana, que ya han mostrado que causarán una fuerte división entre las corrientes ideológicas del partido.
Sin duda, el tema de las reformas es uno de los dilemas más fuertes que enfrentará Ochoa en el momento de pisar la oficina de la presidencia del tricolor.
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