La transición de Procuraduría General de Justicia (PGJ) a Fiscalía General de la Ciudad de México está en su última recta. A finales de octubre deberá tener lista su Ley Orgánica y en enero estar constituida.
Sin embargo, hay retos que las autoridades deben vencer para que el nuevo órgano cumpla su función y permita reducir la impunidad que padece la capital.
El cambio de institución forma parte del proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio que entró en vigor en el año 2016.
El pasado 30 de septiembre, la Comisión Técnica para la Transición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a Fiscalía entregó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la capital, el Plan de Transición de la Fiscalía.
Ahora el poder legislativo tiene la responsabilidad de hacer la Ley Orgánica para una institución que promete mejorar la persecución de delitos.
Académicos, sociedad civil y empresarios concuerdan en que el principal reto de la transición es hacer un órgano que acabe con los vicios y malas prácticas de la actual PGJ como desincentivar la denuncia de las víctimas.
Ricardo Alvarado, especialista de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), afirma que la nueva Fiscalía debe terminar con el uso discrecional de carpetas de investigación que posibilita “el maquillaje de cifras”.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), señala que en la ciudad se cometieron durante 2018, 4 millones 830 mil 779 delitos, de los cuales, solo se denunciaron el 9.1 por ciento y de ese número, el 6 por ciento terminó en una carpeta de investigación
Esto indica que la tasa de cifra negra de delitos durante 2018 fue de 94.1 por ciento, que representa un aumento de 0.7 por ciento respecto a 2017.
El integrante de MCCI señala que dicha tasa de impunidad se debe a los intereses políticos que existieron durante al sexenio anterior, que encabezó Miguel Ángel Mancera, para ocultar la incidencia delictiva.
“Se desestimaba a las víctimas, lo que nos llevaba a no conocer el fenómeno delictivo”, indica Alvarado.
Añade que se debe hacer eficiente el proceso de denuncia de delitos de alto impacto, que representan un gran gasto de recursos tanto materiales como humanos.
Por lo cual, considera que si se logra reducir el tiempo de denuncia, se podrá motivar la apertura de carpetas de investigación y conocer el verdadero índice delictivo.
Hay delitos de alto impacto como el robo con violencia, que afectan mucho a la sociedad, pero en estos casos, este tipo de delitos son difíciles de investigar y costosos, es donde se necesita reducir el tiempo del trámite para denunciar el crimen
María Novoa, investigadora del Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE) y de México Evalúa, coincide en que la Fiscalía tiene el gran reto de hacer más rápida la procuración de justicia.
El Plan de Transición explica que la Fiscalía tiene como uno de sus objetivos reducir el tiempo para presentar una denuncia de 4 horas a 15 minutos.
Sin embargo, la especialista de México Evalúa afirma que el plan no explica a detalle cómo se hará paso a paso la construcción de las nuevas facultades y cambios de la Fiscalía que permitan la reducción del tiempo de denuncia
Lo que significa otro reto para las autoridades: dejar claro en la Ley Orgánica cuáles serán las nuevas áreas para la atención de delitos, cuáles las nuevas facultades de los policías de investigación, ministerios públicos y peritos. Tarea que le corresponde al Congreso local.
De acuerdo con lo dado a conocer durante la presentación del plan por Ana Laura Magaloni Kerpel, presidenta de la Comisión Técnica, en el nuevo modelo los policías de investigación tendrán que recabar las pruebas necesarias para integrar una carpeta de investigación sólida, ya no será cumplir órdenes de aprehensión.
Mientras que los ministerios públicos, futuros fiscales, tendrán la responsabilidad de armar el caso judicialmente para que un juez vincule a proceso a los detenidos y presuntos delincuentes. Su tarea ya no será solicitar órdenes de aprehensión ni presentación.
Académicos, sociedad civil y empresarios concuerdan en que una de las principales metas es hacer un órgano que acabe con los vicios y las malas prácticas de la actual PGJ
Autonomía necesaria para la transición
Jesús Padilla Zenteno, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la ciudad, opina que la autonomía de la Fiscalía es necesaria aunque difícil de conseguir debido a que los partidos políticos buscarán tener en la titularidad a alguien afín a ellos.
“Que el fiscal general sea alguien que tenga experiencia y sea autónomo, es muy difícil pero habrá que buscarlo”, afirma Padilla Zenteno.
Señala que el nuevo fiscal general debe ser alguien que no tenga vínculos con alguna fuerza política y que no forme parte de algún grupo con intereses particulares al cual tenga que rendirle cuentas, por ello, la actual procuradora, Ernestina Godoy, no podría ser la fiscal general.
Padilla Zenteno resalta que la importancia de tener un fiscal general autónomo reside en que el órgano no puede servir para realizar venganzas políticas contra los opositores al gobierno en turno.
El método y el perfil del nuevo fiscal estarán definidos en cuanto esté lista la Ley Orgánica de la Fiscalía, misma que deberá publicarse a finales de este mes.
Una vez que se publique el marco normativo que de forma a la Fiscalía y se emita el proceso para designar al titular, la fecha límite para el nombramiento es el 15 de diciembre.
El cambio de nombre y de estructura está planeado que sea el 15 de enero, sin embargo, aún así en el Plan de Transición se tiene contemplado que exista un periodo de transición de cuatro años durante los que se deberá capacitar a los miembros de la Fiscalía.
