Después de varios años en los que en las boletas electorales figuraban candidatos con denuncias y sentencias por violencia de género, deudores alimentarios, violentadores políticos y familiares, se modificó la legislación mexicana para que no formen parte del escenario político nacional.
Con la entrada en vigor hace unos días de la “3 de 3 contra la violencia” ningún ciudadano podrá ser registrado como candidato para ningún cargo de elección popular, ni podrá ser nombrado para ningún empleo, cargo o comisión en el servicio público si ha sido sentenciado por algún delito.
En la lista figuran los delitos contra la vida, la integridad corporal, seguridad sexual, por violencia familiar, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género y por ser declarada persona deudora alimentaria morosa.
El Congreso de la Unión ha elevado a rango constitucional la Ley 3 de 3, fortaleciendo la transparencia y luchando contra la violencia de género. ¡Reconozco el trabajo de todas las bancadas involucradas!
— Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 24, 2023
A pesar de que las reglas del juego ya están escritas y en funcionamiento, aún faltan varios pasos para que la “3 de 3 contra la violencia” sea una realidad.
Entre los pendientes se encuentra la armonización de la ley en los congresos locales, que no sea impugnada por los partidos políticos y monitorear la aplicación de la reforma.
El pasado lunes 29 de mayo entró en vigor la ley “3 de 3 contra la violencia” luego de que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero antes de que se concretara tuvieron que pasar varios meses.
Los antecedentes
Durante el proceso electoral del 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los “Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género”, en los que exigieron a los partidos, entre otras disposiciones, que cada persona aspirante a una candidatura firme un formato de buena fe y bajo protesta de decir la verdad, para manifestar que no fue condenada o sancionada mediante resolución firme por cometer algún delito como violencia familiar, sexual o ser deudor alimentario moroso.
Además, el INE propuso retirar la candidatura a tres personas quienes habían incurrido en violencia política.
A los pocos días de que se aprobaron los lineamientos en el órgano electoral, los partidos políticos los impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La Ley 3 de 3 contra la violencia en México es toda una realidad. ¡Hoy dimos un paso importante en la protección de las mujeres!
En sesión extraordinaria en el Congreso de Oaxaca también se aprobó con esto los sumamos a los demás congresos locales.#DiputadaLizConcha pic.twitter.com/FYpfcDAsDQ
— Liz Concha (@lizconcha) May 25, 2023
El Tribunal resolvió que el INE no tenía las atribuciones para determinar la pérdida de la presunción del modo honesto de vivir y que eso correspondía a la autoridad jurisdiccional por lo que el TEPJF resolvió reponer las candidaturas.
Por lo anterior, Ayala Leyva recuperó la candidatura como diputada en el Distrito 02 del estado de Sinaloa, postulada por la coalición Juntos Hacemos Historia; Chapman Moreno por el Distrito 09, postulado por Morena, y Tadeo Nava, como diputado en el Distrito 03 del estado de Morelos postulado por el Partido del Trabajo.
Al demostrarse que el INE no podía hacer efectiva la “3 de 3 contra la violencia”, diversos grupos de la sociedad civil impulsaron una reforma a través del Grupo de Trabajo Plural de Igualdad Sustantiva, de la Cámara de Diputados, que incluye legisladoras de todos los partidos políticos, la cual se materializó dos años después.
Retos y fortalezas
Si los partidos políticos cumplen con su compromiso y no impugnan la reforma, podrá ser aplicada en el proceso electoral 2023-2024, por lo que además del número de puestos de elección en juego, los comicios serán históricos.
Entre los retos que tiene que enfrentar la reforma se encuentran armonizar, en un plazo de 180 días naturales después de finales de mayo en las legislaciones locales.
Asimismo, monitorear la reforma, tarea en la que podría coadyuvar el INE ya que el órgano autónomo realizó varias investigaciones sobre la ‘3 de 3 contra la violencia’ en el pasado proceso electoral de 2021, lo que podría servir como guía.
Como aliado de la “3 de 3” se encuentra el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el cual será un registro público que concentrará información sobre deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, es decir, personas que adeuden pensiones mayores a 90 días.
Carlos Castellanos, representante electoral del PRD, dijo, que la ley 3 de 3 debe ser asumida por el @IEPCTabasco para que se aplique en los comicios locales, ello para evitar que violentadores o deudores puedan ser candidatos pic.twitter.com/ggwvbFuu56
— Rumbo Nuevo (@rumbonuevo) July 18, 2023
Sobre esta situación, René Rosado, director regional de Transformación Pública de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, señala que el principal reto se encuentra en la falta de una cultura de la denuncia en México.
“Esta nueva 3 de 3 contra la violencia, tiene la ventaja que ha sido elevada a rango constitucional y puntualiza muy claramente la razón de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público por violencia contra la mujer y en materia de género, así como personas deudoras alimentarias.
“Sin embargo, el reto se encuentra en que 6.4 de cada 100 delitos en México son denunciados; y de esos 6.4 que son denunciados, 14 de cada 100 alcanzan sentencia. Esto implica que mientras no existan los mecanismos institucionales adecuados que promuevan la denuncia y que garanticen protección a las víctimas, corremos el riesgo que muchas personas que ejercen la violencia de género aún ocupen cargos públicos”, comenta.
