Los presos del viejo sistema

En Nuevo León existen unas 2 mil 500 personas que están en prisión preventiva sin recibir una sentencia condenatoria.

De estos, unos mil 200 detenidos están por delitos menores, pero tienen por lo menos dos años presos y su proceso está en “stand by” en el Ministerio Público.

Los otros 300 detenidos están por delitos federales.

Se estima que un 60 por ciento de los delitos que se cometen en la entidad son menores, y se tiene una población penitenciaria de 12 mil 826 reos en los tres penales.

Cifras del Sistema Penitenciario Nacional de 2015 revelan que el 28 por ciento de los presos en Nuevo León aún están en prisión preventiva por delitos locales y federales, y la carpeta de investigación de estas personas está bajo el viejo sistema penal.

Es decir, aún pudieran estar bajo un proceso largo basado en declaraciones y pruebas sin tener como fundamento la presunción de inocencia.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal de Nuevo León informó que cada carpeta de averiguación bajo el viejo esquema penal tiene un costo para el erario público de 15 mil 200 pesos.

El proceso bajo este viejo esquema tradicional se estima que se tardaba hasta 180 días para resolver su causa, y a esto se le suma los miles de casos que investiga el Ministerio Público, lo que ha provocado que se tenga aún personas en prisión preventiva.

Además, bajo esta vieja mecánica judicial no se tenía la reparación del daño, lo que agravó aún más el aumento de personas en cárcel preventiva.

Sin embargo, ahora con la llegada del Nuevo Sistema Penal de Justicia se pretende que se acabe la prisión preventiva, porque está como fundamento principal la presunción de inocencia.

Esta garantía judicial permite que el ciudadano no llegue a la cárcel hasta que se le compruebe que es culpable en un delito.

Anteriormente, el agente del Ministerio Público y la Policía acostumbraban a encarcelar a la persona y luego procesarla, pero ahora las cosas son distintas.

Martín Sánchez Bocanegra, director de Renace, dijo que la Policía tendría que ser más profesional, porque deberá presentar pruebas, que antes no lo hacían.

“Estaban acostumbrados las policías a hacer su trabajo fuera de la legalidad, detenían a las personas por mucho tiempo, torturando a las personas y sin ponerlas a disposición, pero ahora es distinto”, dijo Sánchez Bocanegra. 

Más tiempo en prisión preventiva

Los reos que están en prisión preventiva tendrán que esperar hasta que sean sentenciados para poder pasar al Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Y ahí es donde la defensa del imputado podría señalar varias deficiencias en su proceso judicial, por lo que podría recuperar su libertad.

El director de Renace, Martín Sánchez Bocanegra, informó que las personas en prisión preventiva están pasando al nuevo sistema penal.

“Sólo cuando está sentenciado sí pasan a ejecución del nuevo sistema”, dijo Sánchez Bocanegra.

Motivo por el cual recientemente han recuperado su libertad varios sujetos acusados por delitos federales, así como imputados por la vía del fuero común.

Y es que los abogados de los acusados emprenden una estrategia legal ante el juez en base a irregularidades como la detención prolongada, la intimidación y la obtención de pruebas y confesiones durante el arraigo de sus clientes.

Durante la defensa legal, según los litigantes consultados por Reporte Indigo, acreditan estas irregularidades que ya no están permitidas en la vinculación a proceso bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que aparentemente ha funcionado para poder liberarlos.

Pero la detención prolongada es la que más se está utilizando en la defensa de un imputado.

Defensoría sube calidad

El Nuevo Sistema Penal de Justicia pretende acabar con la prisión preventiva, pues el fundamento principal es la presunción de inocencia

El nuevo Sistema de Justicia Penal obligó al Instituto de la Defensoría Pública a profesionalizarse con autonomía en Nuevo León.

Y aunque está administrado por el Gobierno estatal, tiene la facultad de operar con independencia sin línea de ninguna autoridad administrativa estatal.

Édgar Márquez Alfaro, director general de la Comisión Ejecutiva para la reforma al Sistema de Justicia Penal, dijo que actualmente los defensores tienen salarios que están a la par de los agentes del Ministerio Público.

“El Estado está obligado a ofrecer al imputado un defensor público en el nuevo sistema… y esto ha cambiado y en Nuevo León esta defensoría trabaja como instituto, y tiene toda la facultad de operar.

“Esto garantiza a los usuarios que hay una transparencia y que no hay algo que pudiera generar una sospecha de manipuleo del juicios”, dijo el funcionario.   

En mayo se pondrá sobre la mesa en el Foro Nacional de Seguridad y Justicia que la Defensoría Pública tenga la autonomía constitucional en México. Y Nuevo León será referente porque ya trabaja independiente.  

Márquez Alfaro agregó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal motivará a las empresas a que inviertan en el estado.

“Esta nueva forma de hacer justicia lo que hace es reducir los espacios de opacidad que se puedan generar en un espacio como era el sistema tradicional.

“Lo que va generar va ser más confianza en los empresarios, pequeños, medianos, en la impartición de justicia, para asegurar que los grandes empresarios o las pymes puedan sentir sus inversiones más seguras”, concluyó Márquez Alfaro.