Los policías municipales fantasma en Jalisco
Tras intervenir a las policías de Jalostotitlán y Poncitlán, el Gobierno de Jalisco descubrió que más de 40 oficiales fueron contratados sin aprobar sus evaluaciones en materia de control de confianza, lo cual está prohibido por la ley
Luis HerreraLas recientes intervenciones del Gobierno de Jalisco sobre policías municipales bajo sospecha de haber sido infiltradas por la delincuencia organizada, revelan que se ha reclutado a oficiales burlando los mecanismos de control y supervisión más elementales que impone la ley.
En los desarmes de las policías municipales de Jalostotitlán y Poncitlán, decretados el 31 de julio, se encontró que 42 elementos activos no cuentan con antecedentes ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública en materia de control de confianza.
Es decir, son elementos ingresados a esas corporaciones sin haber aprobado antes su evaluación de control de confianza, lo cual está prohibido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En su artículo 88, la ley señala que entre los requisitos de ingreso y permanencia en las instituciones policiales se deben aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.
Las instituciones policiales contratarán únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su centro de control de confianza respectivo
Lo descubierto por el Gobierno estatal está considerado por dicha ley como un delito. El artículo 139 señala que se sancionará con dos a ocho años de prisión y de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización a quien “asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley (fracción IV)”.
El caos de las policías municipales
El descontrol encontrado en ese par de corporaciones municipales tras inspeccionarlas, que podría estarse replicando en otros 125 municipios de Jalisco, evidenció las deficiencias del “Registro Estatal de Información sobre Seguridad Pública”, el instrumento mediante el cual, se supone, el Gobierno estatal sabe con precisión qué oficiales están en activo en la entidad.
De acuerdo con el artículo 150 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Jalisco, “contendrá todos los datos de identificación de los elementos operativos de los cuerpos de seguridad pública del estado y los municipios, la Fiscalía Estatal respecto de sus elementos y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, (…) de sus peritos”.
Ese registro debe guardar las huellas digitales de los agentes, así como sus registros de voz; fotografías de frente y perfil; las asignaciones a su cargo de equipo, vehículos y armas y hasta sus alergias. La fracción XII incluye “los resultados de cada una de las evaluaciones que se le han practicado”.
Sin embargo, en los hechos, este ente nunca se enteró de esos más de 40 elementos que habían ingresado sin ser evaluados, sino hasta que las mismas fueron intervenidas y desarmadas por las fuerzas estatales.
El gobierno de Enrique Alfaro Ramírez solamente ha intervenido las corporaciones de San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalostotitlán y Poncitlán, por lo que este tipo de policías “fantasma” podrían estar operando en muchos otros de los municipios del estado, pese al riesgo que representa la infiltración del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Descontrol municipal
La falta de información fidedigna sobre la integración real de las policías de Jalostotitlán y Poncitlán se experimentó con anterioridad en la corporación de San Juan de los Lagos, la cual fue desarmada por el Gobierno estatal el 24 de febrero de 2020.
Tras esa acción implementada por autoridades estatales en coordinación con el Ejército, el Gobierno de Jalisco reconoció el 26 de febrero, de manera oficial, que no había certeza de la cantidad de elementos que conformaban la corporación municipal de San Juan de los Lagos.
Lo anterior, a pesar de la existencia del Registro Estatal de Información sobre Seguridad Pública y de que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad contempla en su artículo 122, la operación del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, que se supone contiene “la información actualizada, relativa a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las entidades federativas y los municipios”.
Solo cuatro de las 125 policías municipales han sido inspeccionadas, por lo que podría haber anomalías en otras demarcaciones
En la intervención de San Juan de los Lagos, el Gobierno estatal corroboró en los hechos las deficiencias de tales registros, pues “el comisario municipal no aprobó los exámenes de control y confianza para desempeñar ese cargo”.
De igual forma encontró que “solo 70 elementos municipales realizaron trámite de licencia colectiva de portación de arma, el resto no tiene antecedente para este trámite; sin embargo, todos andaban armados”, considerando que su estado de fuerza total podría rondar los 160 agentes.
Algo similar pasó en Poncitlán, pues cuando se le preguntó al secretario estatal de Seguridad, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, sobre las pruebas de confianza del comisario de esa policía, el funcionario respondió el 3 de agosto que “hay irregularidades de este comisario; desde 2013 presenta irregularidades las cuales en su momento se les harán saber pero son incompatibles a su trabajo”.
