Los ‘peros’ a la descentralización de las dependencias federales

La descentralización de las dependencias federales —a petición expresa del presidente Andrés Manuel López Obrador— ha presentado múltiples dificultades y, a poco más de un año de que concluya la administración actual, se ve complicado que este proyecto se cumpla.

Al día de hoy, apenas tres dependencias gubernamentales han logrado mudarse de forma parcial a otros estados, aunque los costos se han incrementado por razones de logística y cuestiones financieras, por ejemplo, el pago de renta a edificios, viáticos, sueldos y reubicaciones de casas para directivos.

Una de las instituciones gubernamentales que han acatado este plan ha sido la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) que cumplió presuntamente con la orden federal.

En 2021, dio a conocer que la mayoría de su plantilla laboral estaba en proceso de mudarse a Sinaloa, bajo el argumento de que esta zona del territorio nacional alberga las principales especies marinas del país y cuenta con una de las industrias pesqueras más importantes de la República.

A pesar de distintas solicitudes vía Ley General de Transparencia, la Conapesca se niega a informar los costos de mudanza y traslado a este estado, argumenta que los recursos que han gastado no son posibles de calcular debido al reacomodo de todas las áreas, por lo que el estudio del impacto financiero está por analizarse a la brevedad.

Mientras tanto, el ahora extinto Instituto de Salud para el Bienestar y la Secretaría de Salud federal (Ssa), también lograron dejar la capital del país.

Personal de estas instituciones trasladaron sus operaciones al puerto de Acapulco, Guerrero, aunque hubo inconformidad de empleados y hasta renuncias por el cambio.

En algunos casos, los equipos de trabajo en puestos de alta jerarquía aceptaron cambiar residencia a otras entidades a cambio de pagos extra en comidas y apoyos económicos para rentar o incluso comprar casas. Aunque es la minoría de empleados.

Además, la falta de

presupuesto y resistencia de los trabajadores para dejar la Ciudad de México y laborar en otros estados, ha propiciado que la mayoría de las instituciones del Gobierno federal opten de manera silenciosa por dejar en la congeladora este plan.
Repartir la carga

La cruzada contra la centralización de las dependencias federales inició con la meta de reducir la carga que tiene la Ciudad de México al aglomerar la mayoría de los centros gubernamentales y así tener mejor operatividad en otros estados de la República.

El Gobierno federal planteó, a corto y mediano plazo, mantener una mejor estrategia de cercanía con la sociedad y atender necesidades de cada una de las regiones según la ubicación geográfica de cada dependencia gubernamental y aprovechar las características de las mismas.

La Secretaría de Energía (Sener) fue de las primeras en adherirse de lleno a este esquema nuevo de trabajo tras el anuncio de AMLO para romper con la centralización de la función pública que existe en la capital mexicana.

Su titular, Rocío Nahle García, apresuró la decisión de irse a Tabasco debido a la construcción de la refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos insignia de la administración federal actual.

Sin embargo, a casi cinco años de este anuncio, la dependencia no sabe con certeza cuántos empleados se han mudado a esta región. A través de consultas y solicitudes de información, la Sener informó solo de los viajes que realiza con regularidad a Tabasco Rocío Nahle.

Los problemas

La decisión de migrar a las dependencias gubernamentales a otros estados generó inevitablemente que sus presupuestos por concepto de viáticos, pago de rentas, comidas y ayuda para gasolina para empleados de primer nivel y personal de rango medio se incrementaran.

Además, la mayoría de las dependencias que comenzaron con este esquema de mudanza se resisten a informar los costos que ha implicado acatar este plan y los contratos que se han firmado para la compra o renta de inmuebles para albergar a su base trabajadora.

Por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), particulares han solicitado en diferentes periodos de la gestión actual el costo que significa cubrir las rentas para el edificio en el que actualmente se encuentran los funcionarios que dejaron la Ciudad de México y mantienen su trabajo en otros estados.

Reporte Índigo consultó a funcionarios de la Secretaría de Salud, quienes alegan que uno de los principales obstáculos que enfrentan son los tiempos de viaje desde Acapulco hacia la Ciudad de México para visitar a sus familiares.

Esto debido a que la Ssa únicamente les paga un viaje por mes para que visiten a su familia o amigos; el resto de los traslados que llegasen a realizar los funcionarios a la capital de la República lo deben cubrir con su salario y con permiso previo de sus jefes directos.

A causa de esta situación, personal de distintas áreas se han visto forzados a renunciar en los últimos meses ante la presión para abandonar la Ciudad de México o reducir su salario ante la negativa de irse a otro lugar de trabajo.

“Es lamentable cómo se hicieron las cosas; porque se abordó este plan de trabajo sin considerar que muchos tenemos familia en la CDMX; irse a otra ciudad implica cambiar hábitos y adaptarse a otro clima”, afirman en entrevista con este diario quienes también solicitaron guardar en el anonimato sus nombres y cargos.

Ricardo Uvalle, académico de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que una de las principales características de la función pública es no detener sus actividades y servicios debido a la importancia que tienen para la ciudadanía.

“Generalmente los traslados administrativos se tienen que fijar en una etapa muy clara, esto porque implica una distribución de cargas y recursos. No se puede tomar una decisión así de golpe. Si la tendencia es que migre la administración pública, se tiene que replantear la estrategia para evitar lo que sucede actualmente”, sostiene el profesor.

En la actualidad, existen órganos de dependencias gubernamentales instalados en varios estados del país que tienen el objetivo servir de puente entre los habitantes de estas regiones y las distintas áreas del Gobierno federal; no obstante, en los últimos años, se les ha reducido el presupuesto.

El gran pendiente

El proyecto de la administración federal consiste en un reacomodo general de todas las instituciones de gobierno salvo algunas excepciones.

Pero hasta el momento, según lo informado en conferencias de prensa y comunicados oficiales, la mayoría se encuentran estancadas en cuanto a su reubicación.

Así sucede con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que tiene como plan cambiarse a Yucatán.

No obstante, solo se ha notificado de traslados temporales de los directivos en los últimos años y la mayoría del personal de base mantiene operaciones en su sede original.

Por su parte, la Secretaría de Turismo tiene como objetivo instalarse en Quintana Roo, aunque no se ha dado a conocer ningún avance. Tampoco se sabe nada de llevar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al puerto de Veracruz.

El mismo escenario enfrentan el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que tiene como centro de reubicación el Estado de México, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social (Sader) que debería ya estar en Sonora.

Para los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Colima sería su nueva sede de trabajo, mientras que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrían que irse a Michoacán, cosas que no han sucedido.

El proyecto que propuso AMLO también comprende sacar de la capital del país a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y que su sede sea Durango; a su vez, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tiene como lugar de operaciones Nayarit.

Baja California Sur albergará al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto Nacional de Migración (INM) llegaría eventualmente a Baja California en la ciudad de Tijuana.

La propuesta de descentralización del presidente mexicano incluye también trasladar a Petróleos Mexicanos (Pemex) a Campeche y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Chiapas.

En contraste, por cuestiones de logística y operatividad, dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar), la de Gobernación (Segob), la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se mantendrán ajenas a las reubicaciones.