Los pendientes de Antúnez

El nombramiento del general Cuauhtémoc Antúnez Pérez como mando de la Secretaría de Seguridad Pública estatal pone sobre la mesa cinco retos en materia de seguridad.

Se trata de la presencia de los carteles, el aumento de robo a negocios, el uso de armas de fuego en asaltos, cuestionamientos de organizaciones civiles y estudiantiles por su nuevo cargo, y la preocupación ante la militarización de la secretaría.

El nuevo secretario deberá redoblar esfuerzos para patrullar más las zonas de alta incidencia delictiva, y buscar una mayor coordinación con las policías metropolitanas y rurales.

Tampoco deberá perder de vista los delitos de alto impacto, pues aún se continúan cometiendo ejecuciones en bares con armas de grueso calibre.

Aunque cuenta con la aceptación de la clase política y empresarios regiomontanos, existen otros sectores civiles que ponen en duda su capacidad para respetar los derechos humanos de la ciudadanía.

Y además carga con el peso del crimen de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, quienes fueron acribillados por soldados a su mando durante su paso en 2008-2012 en la Séptima Zona Militar en la entidad.

Por lo pronto, la Asamblea Estudiantil del Tecnológico de Monterrey alzó la voz en redes sociales contra su nombramiento.

Siguen operando Los Zetas

La presencia del Cártel de Los Zetas en Nuevo León genera una tarea ineludible, pues el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez tendrá la obligación de plantear una estrategia para combatirlo.

Y aunque los homicidios masivos de alto impacto ya no son muy frecuentes en el área metropolitana, aún se registran ejecuciones por ajustes de cuenta entre el Cártel de Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Otro punto pendiente es la posible entrada a Nuevo León del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Reporte Indigo publicó que la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos advirtió que este cártel ronda a la entidad, lo que pudiera desatar un nuevo frente por la disputa de la zona.

En la zona rural se encienden los focos rojos por la presencia de hombres armados, quienes se han enfrentando con elementos de Fuerza Civil, como sucedió el pasado 6 de mayo.

Ese día, Los Zetas asesinaron a un uniformado y retuvieron a 10 policías, y evidenciaron por vía frecuencia la falta de armamento que padecen los policías estatales.

Alza en robo a negocio 

Los nuevos mandos de Seguridad Pública del Estado (SPE) a su llegada enfrentan un alza en el robo a negocios en el área metropolitana.

Este problema se viene arrastrando desde hace aproximadamente siete meses, y no se aprecia en las cifras una mejoría de la seguridad en este delito.

La Procuraduría de Justicia de Nuevo León reportó un alza de este delito de enero a agosto, ya que en al menos cinco de siete meses contabilizados existe un incremento de robos a negocios.

Las cifras oficiales señalan que se cometieron un promedio de 200 hurtos en 30 días, es decir, un estimado de 6 robos por día, y se han computado un total de mil 625 robos a comercios en siete meses.

Armas en la calle  

En el delito de robos a negocios surgió un ingrediente que debería preocupar a la autoridad: el uso de armas de fuego.

La noche del pasado domingo 20 de septiembre, dos asaltantes armados ingresaron al restaurante La Playa en la colonia Linda Vista, en Guadalupe.

Asesinaron a un empleado de un balazo y robaron las pertenencias de 15 clientes y dinero del negocio. Aún no se han capturado a los asaltantes.

Dos días después, cuatro hombres armados robaron la joyería Karch, en San Pedro, y asesinaron al guardia de seguridad.

La Procuraduría de Justicia informó que los hombres armados irrumpieron en el lugar y, cuando el vigilante opuso resistencia, recibió dos balazos en el pecho.

Piden cese de Antúnez

La designación del general Cuauhtémoc Antúnez Pérez como secretario de Seguridad Pública de Nuevo León fue criticada en redes sociales por la Asamblea Estudiantil del Tecnológico de Monterrey.

Y fue calificada como un insulto en la memoria de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados en manos de soldados a cargo del general Antúnez Pérez en 2010.

El general estuvo en el periodo 2008-2012 como mando de la Séptima Zona Militar en Escobedo.

Con el hashtag #FueraAntúnez, los estudiantes solicitan al gobernador Jaime Rodríguez Calderón reconsiderar la asignación del nuevo mando de Seguridad Pública, y le recordaron su frase “la raza paga, la raza manda”.

“Está usted muy a tiempo de reconsiderar el nombramiento de Cuauhtémoc Antúnez Pérez y hacernos saber a los ciudadanos si seguirá con la misma estrategia de seguridad de sus predecesores que ha traído tantas muertes, dolor y desintegración a nuestra sociedad.

“U optará por una nueva estrategia que tenga a la dignidad humana como valor máximo”, dice el texto difundido por los estudiantes.

Recordaron que cuando Antúnez estuvo como mando máximo de la unidad Néctar Urbano 4, el grupo de militares que asesinaron a los dos estudiantes careció de apago a los derechos humanos.

“Ninguno de los responsables ha sido consignado y no ha existido una disculpa pública por parte del Ejército en la que se reconozca que Jorge y Javier eran estudiantes, y no sicarios, como sostuvo la Sedena”, dice el texto.

Preocupa mando militar

La asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) manifestó su preocupación por la asignación del general Cuauhtémoc Antúnez Pérez como titular de Seguridad Pública de Nuevo León.

La organización que preside la religiosa Consuelo Morales informó por medio de un comunicado su desacuerdo con este nombramiento, al considerar que las funciones de seguridad pública no deben tener ningún tinte militar.

“Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos ve con gran preocupación que el gobierno de Nuevo León continúe designando a más militares en puestos claves de seguridad pública del estado”, dicta el comunicado.

Y exhortaron al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón a atender las recomendaciones para evitar la militarización de la seguridad en Nuevo León.

Recordaron que durante el paso de Antúnez por la Séptima Zona Militar, en la entidad fallecieron personas inocentes víctimas de militares.

Como los casos de Juan Carlos Peña y Rocío Elías, quienes fueron ejecutados en 2010 en el municipio de Anáhuac.

Días antes fueron asesinados los estudiantes del Tec del Monterrey Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo.

A eso se suma el crimen de Jorge Otilio Cantú, asesinado por militares en 2011.

En cada caso, los militares argumentaron confundirlos con miembros del crimen organizado, e incluso sembraron armas para incriminarlos, por lo que estas organizaciones dudan del respeto a los derechos humanos por parte del exmando militar.