Los otros migrantes

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Salieron en caravana para escapar de la violencia y la pobreza dejando todo atrás. No se trata de los migrantes de Centroamérica, sino de las comunidades indígenas mexicanas en estados como Chiapas y Guerrero que enfrentan una crisis humanitaria y han tenido que desplazarse para salvar sus vidas.

Uno de los casos más recientes es el de la comunidad de Chavajebal, en el municipio de El Bosque, en los Altos de Chiapas, donde casi 2 mil indígenas tzotziles y tzeltales se vieron obligados a escapar en un éxodo masivo para buscar refugio en San Cristóbal de las Casas.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), fueron mil 764 habitantes de la comunidad quienes huyeron de sus hogares el miércoles 7 de noviembre de este año a las 7 de la noche, luego de un conflicto interno que se agudizó el 24 de octubre, cuando fue emboscado y acribillado Miguel Pérez López, el comisario ejidal de Chavajebal.

Según los testimonios, mientras se realizaba una asamblea comunitaria sonó una detonación y posteriormente se escucharon disparos, por lo que las personas concentradas se dispersaron buscando refugio. Entre los desplazados había personas ancianas, mujeres, niños y embarazadas sin abrigo, comida o medicamentos.

“La comunidad de Chavajebal incrementa las cifras de desplazamiento forzado en Los Altos de Chiapas, entre ellas las de comunidades tzotziles desplazadas en los municipios de Chalchihuitán y Aldama. A consecuencia se intensifica la crisis humanitaria y las graves violaciones a derechos humanos en población de Pueblos Originarios ante la omisión del gobierno de Chiapas”, señaló el Frayba el 14 de noviembre en un comunicado.

Hasta el 25 de noviembre de este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas tenía registro de que el 95 por ciento de la comunidad había regresado a su lugar de origen como parte de un acuerdo comunitario.

Pero este hecho de desplazamiento forzado interno ocurrido en Chavajebal no es un suceso aislado en México.

De acuerdo con un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), entre el 2006 y el 2017, cerca de 329 mil 917 personas fueron desplazadas en el país.

Y nada más durante el año pasado ocurrieron 25 eventos de desplazamiento forzado interno que afectaron a 20 mil 390 personas.

La Cmdpdh señala que las personas víctimas del desplazamiento interno forzado son aquellas que se han visto obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia habitual por situaciones de conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o catástrofes naturales.

Brenda Pérez, coordinadora del área de desplazamiento forzado interno de la Cmdpdh, explica que esta situación se ha agudizado en los últimos 12 años, pero que no es un problema reciente, sino que en algunos casos lleva décadas por conflictos no resueltos y que detonan cuando ocurre una determinada situación.

“Hay diferentes causas que generan estas salidas masivas de población, nosotros hemos documentado causas como situaciones de violencia y la presencia de grupos del crimen organizado, pero también en ciertas regiones del sur de nuestro país se vinculan a intereses políticos o conflictos territoriales agrarios y eso tampoco es un tema nuevo, es un fenómeno que se ha presentado desde hace bastante tiempo, décadas incluso”, explica.

Brenda señala que en el 2017 más de 6 mil personas se vieron obligadas a desplazarse solamente en Chiapas y nuevamente en las mismas regiones se está presentando este fenómeno, ya que las situaciones que lo originaron no se resuelven.

Además, en las zonas donde se registran, no existe la posibilidad de que las víctimas del conflicto sean atendidas.

Para Pérez, el Estado primero debe reconocer esta problemática y las situaciones que están generando incrementos en los desplazamiento, así como crear medidas que van desde una legislación que contemple programas de atención, prevención y protección no sólo a las personas afectadas, sino también para los bienes que dejan y su territorio.

“Justamente no hay medidas de prevención, atención ni que brinden protección en los lugares de refugio, tampoco hay medidas que permitan acompañar a la población en su retorno y que garanticen su seguridad”, afirma.

Aunque aún no tienen registros de cuántos desplazamientos forzados se han registrado este año en el país, la especialista explica que el panorama es similar al de 2017, donde Chiapas y Guerrero encabezaron estas situaciones.

Marta Dekker, diputada federal del PT por Chiapas, señala que el tema de los desplazados no se suscitó este sexenio, sino que viene desde 1975 y que no se ha podido avanzar en la resolución ya que muchos casos no se atienden ante la falta de interés de ir avanzando. El esquema principal de los desplazados es un problema territorial que parece ser que en ciertos momentos tiene tintes políticos.

“Efectivamente falta el tema de la atención real y comprometida del gobierno del estado de Chiapas en cuanto a los pobladores que están sufriendo situaciones de precariedad. No tienen vivienda, alimentos, acceso a servicios de salud o educación; además de que los niños están teniendo problemas severos de desnutrición; realidad que con el poco esfuerzo por solucionarlo del gobierno del estado no se ha podido revertir”, dice

Además, la diputada petista, recalca que el Gobierno mexicano le ha fallado a los ciudadanos al brindarles las mínimas oportunidades de desarrollo, lo que ha obligado a muchas personas a migrar.

Aunado al suceso registrado en Chavajebal, hay cuatro comunidades indígenas más en Chiapas que actualmente están desplazadas y conforman la Caravana Pies Cansados, la cual se manifestó el pasado sábado 24 de noviembre durante el sexto informe del gobernador Manuel Velasco y tuvo un enfrentamiento con la Policía Estatal en las inmediaciones del Congreso local.

“En total son 388 personas, más del 50 por ciento son niños, niñas y adolescentes, quienes se encuentran en esta situación por la disputa de poder político, que si bien parece ser comunitario, realmente es resultado de una estructura electoral que se inicia en la comunidad y termina en la Presidencia de la República”, explica Diego Cadenas Gordillo, director general del Centro de Derechos Humanos Ku´untik, organización que los acompaña.

Pies cansados, la caravana que nadie mira

Salieron huyendo para salvar su vida dejando atrás sus casas, sus cultivos y sus animales. Desde entonces no han regresado. Se trata de al menos cuatro grupo de desplazados en Chiapas que conformaron el pasado 19 de noviembre la Caravana Pies Cansados para pedir al gobierno de Manuel Velasco el retorno a su lugar de origen.

El grupo está compuesto de 388 tzotziles y tzeltales de cuatro comunidades indígenas distintas: las de Tenango y Cintalapa en el Municipio de Ocosingo; y las de Shulvó Zinacatán y Ejido Puebla Chenalhó.

Las familias desplazadas de Cintalapa tienen 10 años en esta condición, mientras que las de Shulvó y Tenango tienen tres y la de Ejido Puebla Chenalhó va a cumplir dos, explica Diego Cadenas Gordillo, director general del Centro de Derechos Humanos Ku´until, organización que los acompaña.

“Tiene que ver con un sistema de captación de votos para las elecciones y entonces cooptación de conciencias, estos cuatro grupos que representamos son personas disidentes del poder local”, explica Cadenas Gordillo, quien lleva más de 20 años como activista de Derechos Humanos.

El director general precisa que de estas 388 personas desplazadas, el 50 por ciento son niñas, niños y adolescentes que no tienen acceso a derechos básicos como la educación.

“Tuvieron que salir porque si no los agredían, los mataban; hubieron agresiones, personas que estuvieron presas acusadas de delitos fabricados y hubieron homicidios, destruyeron sus viviendas. Y para salvar su vida se vieron obligados a huir”, señala.

Estas personas conformaron el grupo autodenominado como la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas, conocido como la Caravana de los Pies Cansados, quienes durante 6 días caminaron de Corral de Piedra, en San Cristobal de las Casas, a Tuxtla Gutiérrez para protestar y ser escuchados por el gobernador Manuel Velasco durante su sexto y último informe de gobierno el sábado 24 de noviembre.

Sin embargo ese día tuvieron un enfrentamiento con la Policía Estatal en las inmediaciones del Congreso local del estado.

Al buscar ingresar al recinto legislativo, los elementos los replegaron con gases lacrimógeno y posteriormente los manifestantes los enfrentaron con piedras, cohetones, quemaron un camión de carga y derribaron vallas instaladas para el informe de gobierno, según reportaron medios locales.

Ahora están en condición de refugio en las instalaciones de la Escuela Normal Rural Matumactza, donde les dieron albergue. Desde ahí exigen que el Estado Mexicano cumpla con sus obligaciones nacionales en materia de derechos humanos respecto al desplazamiento forzado interno para solucionar esta problemática.

“Solucionar de fondo el problema que en este sentido sería hacer justicia; vincular a proceso a los agresores, desarticular a los grupos armados que los desplazaron y que están en sus comunidades y no les permiten retornar, además de que pueden provocar más desplazamientos”, dice Cadenas Gordillo.

Explica que ahora no quieren sostener ningún diálogo con el actual gobierno y buscan ser atendidos por el próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Atacar las causas, una deuda pendiente

Las autoridades mexicanas deben tomar medidas para atacar las causas que provocan el desplazamiento forzado interno, señala Brenda Pérez, coordinadora del área de desplazamiento forzado interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh).

“El Estado debe investigar los hechos, los grupos que están detonando estos desplazamientos, quiénes son, procesarlos de acuerdo al delito cometido; tienen que garantizar la salida segura para proteger su integridad física, brindar atención emergente y medidas primarias que permitan que las víctimas sean llevadas a un espacio seguro”, dice.

Para la diputada federal chiapaneca, Marta Dekker Gómez, las acciones tanto del Estado mexicano como de los gobiernos chiapanecos han sido insuficientes para atender la crisis de desplazados que se vive en la entidad del sur del país.

La legisladora, quien impulsó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Chiapas para atender el problema de los miles de desplazados, asegura que existe una deuda por parte de las autoridades tanto para mitigar los problemas sociales que dan origen a la migración interna, como para mediar en la resolución de los conflictos.

“Está el tema de la falta de atención real y comprometida del gobierno del estado de Chiapas en cuanto a los chiapanecos que están sufriendo situaciones de precariedad. No tienen ni vivienda, no tienen alimentos, no tienen acceso a salud, ni educación, los niños están teniendo problemas severos de desnutrición y los esfuerzos que ha realizado el estado no han sido suficientes.

Por otro lado, las migraciones que tenemos al interior del estado también se dan por conflictos territoriales, religiosos o políticos, que no están siendo atendidos. Entonces, sí se necesita la prevención para atender precisamente a la población dándoles la oportunidad de desarrollo social y económico desde nuestras mismas comunidades, pero también a la vez coadyuvar para que todos los procesos que se derivan de algún desacuerdo de poder puedan entrar a una mesa de diálogo para ir resolviendo”, explica.

A pesar de que en el tema de desplazamiento los motivos son diversos, la legisladora explica que tienen el objetivo común de buscar una vida mejor, y es por ello que recalca que en general el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con los chiapanecos en cuanto a ofrecer las mínimas oportunidades de desarrollo.