Elementos de seguridad, los otros desaparecidos

Activistas, estudiantes, defensores de derechos humanos y periodistas no son las únicas víctimas de desaparición forzada en México. Este delito también ha alcanzado a elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno así como a las fuerzas castrenses, ellos también están desaparecidos.

En México, la violencia durante los últimos tres sexenios ha dejado más de 40 mil desaparecidos; padres, hermanos e hijos ausentes quienes, en la mayoría de los casos, son buscados únicamente por sus familiares.

Juan Hernández Manzanares es un ejemplo. A sus 22 años, el joven formaba parte de la Policía Federal, planeaba casarse y vivir con su familia apenas regresara de su asignación en el trabajo, pero no pudo hacerlo. Juan no ha vuelto a casa desde el 2011.

Patricia Manzanares no puede olvidar aquel 20 de febrero. La mujer, quien antes de conocer de cerca la desaparición forzada se dedicaba a atender su estética y salón de belleza, confesó en entrevista que jamás pensó que al mayor de sus hijos tuviera que buscarlo por cielo, mar y tierra.

“Mi hijo estaba hospedado junto con sus compañeros en un hotel en García, Nuevo León. En cada habitación había entre cuatro y cinco compañeros, a la fecha yo no puedo creer que nadie notara su ausencia, ni su comandante ni ningún otro policía notificó sobre su desaparición hasta que yo fui a buscarlo”, relató Patricia.

En entrevista para Reporte Índigo, Rodolfo Franco, coordinador del área de desarrollo institucional de la Comisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. explica que también se trata de desapariciones forzadas cuando los elementos de seguridad están en calidad de desaparecidos, ya que se muestra la omisión del Estado de poder brindarles óptimas condiciones para que policías, militares y marinos puedan hacer su labor.

“Si se sabe de casos en los que son las mismas autoridades quienes desaparecen a la gente, es importante reconocer a nivel público que hay víctimas de desaparición forzada en general y el Estado tiene una responsabilidad enorme en cuanto a la búsqueda, sanción y justicia para todas las víctimas, independientemente de la labor que desempeñaban”, afirma Rodolfo.

Patricia ha pasado los últimos ocho años entre fosas clandestinas, fiscalías y trámites, los cuales calificó como meros procesos burocráticos que no le dan la mínima certeza de que algún día volverá a ver a su hijo.

La madre afirma que a pesar del paso del tiempo, jamás podrá olvidar todas las omisiones que cometió la Policía Federal en el caso de Juan, tales como no haberle notificado de su ausencia y no buscarlo inmediatamente.

“Fue la novia de mi hijo quien me dijo que no podía contactarlo. Fui inmediatamente a la Central de Mando en Iztapalapa a decir que no aparecía mi hijo y me dijeron que no tenían notificación de ninguna falta, es decir, que los policías con los que estaba mi hijo en Nuevo León no habían avisado que él no estaba”, contó.

Al ver la poca ayuda que le proporcionaron en el Centro de Mando, lo primero que se le ocurrió a Patricia fue ir a Nuevo León y buscar su hijo a como diera lugar.

“Cuando llegué me dijeron que mi hijo junto con otro muchacho no estaban pero que se habían ido de borrachos a un bar cerca, esa siempre ha sido su versión pero es mentira, mi hijo había dejado su cartera y su celular lo tenía su comandante Agustín Antonio Cárdenas”.

La madre del joven aseguró que las denuncias de desaparición de su hijo y del joven que supuestamente lo acompañaba, fueron interpuestas hasta que ella llegó al estado.

Por estos hechos, Patricia asegura que, en su caso, ella puede demostrar que la policía no busca dentro de su personal porque ellos mismos son parte de esta desaparición.

Esta situación se da a pesar de que el Informe al 31 de julio sobre la Evaluación de Control de Confianza al Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, detalla que el 89 por ciento de los elementos, de un total de 338 mil 149, están aprobados.

“Cuando recién desapareció, sus amigos de la cuadra me dieron dinero para que me fuera a buscarlo, me decían que por favor encontrara a su carnal. Ese dinero me sirvió para todo un año de búsqueda”, relata Patricia.

“En el caso de elementos de seguridad desaparecidos, se tiene también que saber en cuántos de esos casos se han sentenciado a militares, marinos o policías por haber sido autores o coautores de este hecho”, aclara Rivas.

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Fue el Estado

“A mi hijo lo desapareció el Estado”, afirma Isabel Cruz. Isabel, quien ha buscado por dos años y siete meses a su hijo Reyes Yosimar García Cruz, policía municipal de Culiacán, Sinaloa, no tiene dudas: a su muchacho se lo llevaron militares y policías.

“Fue el 26 de enero de 2017 cuando me lo quitaron. Mi otro hijo estaba con él, lo vio todo. Dijo que eran entre las seis y media y siete de la noche cuando gente armada tocó a la puerta y Yosimar salió, entraron, le pegaron en la cabeza, lo esposaron y se lo llevaron”, detalla.

La mujer, quien funge como presidenta de la Asociación Sabuesos Guerreras AC, se unió a la organización para juntarse con otras madres en el peregrinar que han padecido en la búsqueda de sus hijos.

Cruz acusa a las autoridades de no haber hecho su trabajo para dar con el paradero de su hijo, sin embargo, eso no la detuvo y comenzó sus propias investigaciones.

Isabel, lo que más extraña de su hijo es su don para hacer reír a la gente.

Lo describe como una persona sonriente y amante del cine, quien desapareció cuando tenía 28 años.

“Él estudiaba para cocinero y se salió para ser policía porque decía que quería defender el mundo, que quería matar monstruos que lastimaban a los niños, pregúntale a cualquiera que lo haya conocido y te van a decir que era una gran persona. Nadie se explica por qué le pasó eso a él”, dice.

“En lo primero que se fijan cuando preguntan por tu desaparecido es qué uniforme traía, les quitan sus derechos y olvidan que son seres humanos, si le quitas el uniforme siguen siendo hijos, es dura la crítica de la sociedad pero yo siempre voy a defender que mi hijo no estaba involucrado en nada malo, la propia SEIDO lo investigó y no le encontraron nada, y aunque fuera así, si habían hecho algo que los juzguen pero que no los desaparezcan” sostiene.

Ante dicho panorama, Francisco Rivas, director del ONC, puntualiza que en casos de desaparición forzada, las madres de policías desaparecidos pueden ser más vulnerables a convertirse también en víctimas de desaparición, ya que se trata de exhibir a mandos militares, marinos o policiacos responsables del delito.

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Presupuesto para desaparecidos Promesa al aire

En marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha calificado la desaparición forzada como la peor herencia de gobiernos anteriores, prometió a familiares de personas víctimas de este delito que habrá presupuesto suficiente y todo lo que se necesite para la labor de búsqueda de desaparecidos, así como para establecer un sistema de identificación forense.

Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, anunció la creación de cinco institutos regionales forenses en: Coahuila, que abarcará también Chihuahua, Durango y San Luis Potosí; en Nuevo León, para ese estado y Tamaulipas; en Sonora, para Baja California, Baja California Sur y Sinaloa; en Veracruz, para que abarque Oaxaca y Chiapas; y la Ciudad de México, que compartirá con Morelos y Guerrero. Para esta labor se destinarán 230 millones de pesos.

También sostuvo que se construirán 15 cementerios forenses: tres en Veracruz, tres en Sinaloa, dos en Jalisco, dos en Guerrero, y uno en Michoacán, Baja California, Colima, Nayarit y Tamaulipas.

Sin embargo, tanto para Patricia como para Isabel, madres de desaparecidos las promesas del gobierno solamente son palabras al aire ya que pasan los años y las autoridades no les dan ni un indicio de dónde puedan estar sus hijos, ya sea vivos o muertos.

Por último, Rodolfo enfatiza que ante la importancia de la Guardia Nacional es vital poner atención y cuidado a los elementos de ésta, ya que debido a las nuevas tareas de seguridad que se les han asignado pueden estar más expuestos a ser víctimas de delitos, ya que ahora no solo estarán expuestos frente a lo que pueda hacer el crimen organizado, sino también a las represalias y arbitrariedades que puedan tomar sus superiores.