A lo largo de sus casi cuatro años de administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por enfrentar los frenos jurídicos a sus programas y proyectos mediante estrategias políticas. Lo que, si bien le resulta redituable en cierta medida, pone en entredicho el cumplimiento de las leyes.
En una misma semana, el primer mandatario declaró que la construcción del Tren Maya era prioridad de seguridad nacional para poder continuar pese al amparo contra el Tramo cinco. También adelantó la investigación contra el juez Juan Gómez Fierro por frenar la multa por 9.1 millones de pesos contra la firma española Iberdrola.
AMLO sustenta sus maniobras políticas diciendo que su Gobierno es el “más atacado de la historia” y que ha enfrentado una “lluvia de amparos” promovida por la oposición
Lo cierto es que este tipo de maniobras políticas para saltar frenos jurídicos han sido la constante de su administración. Desde la implementación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos hasta el acuerdo energético y la Ley de la Industria Eléctrica, pasando por la “lluvia de amparos” contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
En entrevista con Reporte Índigo, Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, manifiesta la preocupación respecto a cómo estos actos refrendan la postura de “no me salgan con que la ley es la ley”, expresada por el propio López Obrador, ya que implica un desconocimiento del alcance del marco jurídico nacional.
“¿Eso qué quiere decir? Que no hay ningún respeto por la ley, que no hay ninguna consideración a los textos jurídicos que no son sacados de la manga. Son textos que han sido aprobados conforme a la Constitución mexicana en materia federal por ambas cámaras, diputados y senadores, según la materia”
La socia del Bufete de Buen explica que en ambos casos los jueces actuaron conforme a la ley al otorgar la suspensión de la construcción del Tren Maya y del cobro de la multa a Iberdrola, puesto que, si se permite que ambas acciones continúen mientras se desahoga el juicio de amparo, este simplemente pierde razón de ser.
En el caso del juez Gómez Fierro, considera que López Obrador interfiere con el Poder Judicial, así como “no nada más comete un gravísimo acto ilícito de amenaza e intimidación, sino que expone la vida de él y de su familia porque hay terceros, fanáticos muchos de ellos, que se irán en contra del juez porque, según el Presidente, está robando”.
Así como cataloga el cambio del Tren Maya de un proyecto turístico a uno de seguridad nacional, pese a que no tiene validez jurídica, como “un grave fraude a la ley. Los abogados y no abogados, quienes entienden lo que es el amparo, estamos muy preocupados porque tenemos ya un Presidente que está violando abierta y descaradamente las normas jurídicas”.
López Obrador ha justificado estas maniobras diciendo que el suyo es el Gobierno más atacado de la historia. Además de tener como antecedente que Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, promotores de la alianza opositora Va por México, lanzaron en febrero de 2021 su Consejo Nacional de Litigio Estratégico.
En entrevista con Reporte Índigo, el doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, comenta que si se vive un escenario inédito en términos jurídicos, es en buena medida debido a que el propio Presidente ha desarrollado una práctica de carácter sistémico a lo largo de su administración.
“Es con cada megaobra, con cada reforma, con cada evento político que lleva a cabo. Esto si bien no es algo novedoso, en todos los sexenios siempre han habido recursos para frenar alguna política pública, en esta administración sí parecería algo de todas las semanas. Sí el Poder Judicial está teniendo una preponderancia nunca antes vista en la vida pública de país”.
Si bien recalca que “si se ejercen este tipo de acciones, que cualquier persona está en su derecho de petición, es simple y sencillamente porque no cuidan el aspecto jurídico. Hay cosas que hemos visto que, desde el momento en que se presentan, son cosas mal hechas, que no tienen debida diligencia”.
Esto lo atribuye a que López Obrador no tiene un equipo jurídico que lo pueda llevar a buen término en muchas de sus políticas públicas. Así como que, por lo menos en la primera mitad de su administración, ni el primer mandatario ni su partido, se acercaron a la oposición para acordar las reformas legales de su proyecto de transformación
El especialista considera que se deben llegar a acuerdos dado que “muchas de las acciones que ha realizado el actual Gobierno son cambios radicales y profundos. Ojo, no estoy diciendo que todos los cambios son a mejor, valen la pena, están justificados, simplemente estoy diciendo que son cambios importantes”.
Que el Poder Judicial incomode al poder político en turno no es novedad, dice al recordar que Jaime Rodríguez “El Bronco” se quejaba de que obtener amparos era como “comprar gansitos en el Oxxo”, pero estas condiciones políticas han llevado a que la judicatura y sus resoluciones tengan un papel cada vez más llamativo en la vida pública nacional.
