Los nuevos frentes de batalla

La Secretaría de Gobernación publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos en materia de seguridad. 

Estos convenios fueron presentados por que el presidente, Enrique Peña Nieto, en la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En dicha publicación, firmada por Jaime Guillermo López-Aranda, exdirector de comunicación social de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, se dieron a conocer de manera puntual las cinco instancias de coordinación regional que anunciara el gobierno federal el pasado 17 de diciembre, en donde el presidente dio a conocer los principales ejes de su estrategia. 

La regionalización de la guerra

De acuerdo al presidente Peña Nieto, uno de los ejes medulares en la nueva estrategia de seguridad y prevención del delito, consiste en dividir al país en cinco instancias de coordinación regional.

Es decir, delinear regiones geopolíticas específicas dentro de México, que permitan homologar e implementar políticas públicas en materia de seguridad.

En estricta teoría, esta estrategia pretende eficientizar los recursos y la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno, y facilitar la planeación estratégica de operativos.

En cada región, que comprende entre cinco y siete  entidades federativas, las circunstancias en seguridad son distintas. 

El diagnóstico es diferente, son diferentes grupos de la delincuencia organizada, también la geografía es distinta. Algunas regiones presentan mayor volatilidad que otras.

A la par de que regionalizaron en base al problema de delincuencia organizada, desde hace décadas existe la focalización de nuestro sistema de defensa nacional.

El posicionamiento estratégico de las diferentes regiones y zonas militares y navales, han sido un activo que garantiza la seguridad nacional del país y también fue aprovechado por el gobierno federal al inicio de la guerra contra el narcotráfico.

Y si bien es cierto que las actuales cinco instancias de coordinación regional en ocasiones no se empalmarán con las 12 regiones militares y las siete navales originales, esto no significa que el delineamiento geográfico sea obsoleto.

A nivel macro, la estrategia de focalización podrá brindar una herramienta que facilite la eficiente coordinación entre las instancias de seguridad, y los niveles de gobierno.

El acuerdo publicado el día de ayer especifica que las entidades federativas podrán pertenecer a más de una región.

Esto sugiere que dependerá del operativo, del contexto, y de la evaluación que los comandantes en tierra hagan para determinar cuál será la zona militar o naval que tenga la jurisdicción en algún caso en particular.

Al descentralizar los operativos la corresponsabilidad tomará fuerza, así como la aplicación de mandos claros y mayor confianza entre dependencias, de acuerdo a la Segob.

La instalación de las instancias regionales tendrá que llevarse a cabo en un plazo no mayor a 45 días naturales. 

En cada una de las regiones habrá de instalarse un representante de la Secretaria de Gobernación, Defensa, Marina y PGR.

La agenda policial

La publicación también incluye los acuerdos referentes a participación ciudadana y prevención, en la cual se estipula la creación de una comisión de la que formarán parte los gobernadores de Chihuahua, Sonora y Oaxaca. 

También instruye a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal a revisar la normatividad en materia de licencias y permisos a establecimientos mercantiles que impacten en la seguridad pública.

Dentro de los acuerdos se pone énfasis en la creación de instancias locales para la coordinación en lo relacionado a derechos humanos.

El comunicado refuerza el compromiso que contempla la estrategia de seguridad del gobierno federal, para modernizar y crear una agenda policial que incluya mando único, modelo de carrera policial, programas de beneficios y planeación de los centros de evaluación y control de confianza.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública propone el desarrollo de herramientas que coadyuven a la eficacia en los centros de evaluación y control de confianza, estableciendo un período máximo de un año para que las diversas corporaciones se certifiquen.