Los millones perdidos

El manejo financiero bajo el que se condujo la pasada administración de Michoacán, no solo dejó una deuda de más de 30 mil millones de pesos. También tiene un nuevo saldo: no se sabe el destino de más de 12 mil 873 millones de pesos.

De acuerdo a un estudio realizado por el Centro Michoacano de Evaluación A.C. (Cemide), menos de una cuarta parte de la deuda contraída por el gobierno de Salvador Jara con bancos fue aplicada a obras de infraestructura. Del resto de los fondos no se sabe su destino.

El principal indiciado sería el propio exgobernador, hoy subsecretario de Educación Superior del Gobierno federal.

El monto del dinero que no se sabe su destino representa casi el 70 por ciento de la deuda contraída con bancos, la que está catalogada como “a largo plazo”, misma que ya ha comenzado a pagar la administración de Silvano Aureoles.

En la Tesorería del estado no existe registro que pueda ayudar a la actual administración a identificar los renglones en donde se pudieron invertir o aplicar dichos recursos, por lo que un grupo de diputados, encabezados por Daniel Moncada del partido Movimiento Ciudadano (MC), ya gestiona ante la PGR el inicio de una averiguación previa.

“Es necesario dar parte a la Procuraduría para que se inicie la investigación ante la presunción de desvíos de recursos por parte de algunos funcionarios de la pasada administración”, dijo el diputado.

Ya van dos

Esta es la segunda ocasión en que no se detectan los destinos de los fondos de la deuda pública.

La primera es atribuida a Fausto Vallejo, quien utilizó fondos de los préstamos bancarios por más de 3 mil millones de dólares, los que hasta el momento no se han identificado en dónde fueron aplicados, al carecer registros contables para ello.

Así, en Michoacán suman ya más de 15 mil millones de pesos los que fueron utilizados a discreción en el fallido periodo del gobierno pasado, lo que representa casi la mitad de la deuda pública que soportan las finanzas del Gobierno estatal.

Más de 12 mil millones de pesos son atribuidos a malos manejos del exgobernador Salvador Jara, en tanto que otros 3 mil millones de pesos fueron desviados entre los exgobernadores Fausto Vallejo y Jesús Reyna, este último aún preso en la cárcel federal de Almoloya, acusado de nexos con el cártel de los Caballeros Templarios.

Las cuentas que no salen

De acuerdo al Cemide, en un estudio denominado “Análisis de la Situación Financiera 2015”, el monto de la deuda pública con banco asciende a 17 mil 552 millones 139 mil 925 pesos.

La información se basa en lo que el Gobierno del Estado de Michoacán entrega al Congreso local mediante la presentación anual de la Cuenta Pública, con énfasis en el Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014 y Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015.

Pese a las declaraciones que en su momento hizo el gobernador Salvador Jara sobre la disciplina financiera y la austeridad en el gasto público, la deuda pública del estado creció 463 millones de pesos durante su gestión.

De los de 17 mil 552 millones 139 mil 925 pesos que fueron adquiridos en empréstitos bancarios, dice el reporte financiero de Cemide, solamente 4 mil 678 millones 243 mil 516 pesos se aplicaron en obras de infraestructura. Es la única cantidad verificable en su ejecución.

El reporte detalla que de esa cantidad registrada se invirtió 2 mil 854 millones 088 mil 291 pesos para infraestructura de la presa “Francisco J. Múgica”; otros  435 millones 640 mil 676 pesos fueron aplicados en la Carretera Cuatro Caminos-Arteaga, en el tramo de Cupuán- Las Cruces-Tumbiscatío y Puente las Caramicuas. También se dispuso de mil 388 millones 514 mil 549 pesos para infraestructura Penitenciaria, lo que da la suma de 4 mil 678 millones 243 mil 516 pesos.

En su momento, la administración de Salvador Jara no quiso explicar oficialmente el manejo de los recursos de la deuda. La oficina de Comunicación Social, a cargo de Georgina Morales Gutiérrez, negó siempre que existieran aumentos en la deuda pública, rechazando también la posibilidad de que el manejo de la deuda se conociera a través de los mecanismos trucados de transparencia del Gobierno estatal.

El eslabón más débil

Aun cuando a la fecha no hay ninguna investigación judicial que intente dar con el destino de los fondos no ubicados, en el congreso local de Michoacán existe una corriente de diputados que intenta responsabilizar de los malos manejos de las finanzas públicas al exgobernador Jesús Reyna.

Sobre este exgobernador se intenta dirigir toda la responsabilidad en el presunto desvío de los más de 3 mil millones de pesos que no se han ubicado en su aplicación. Pero frente a esto, otra corriente de diputados, encabezada por Adriana Hernández Iñiguez, intenta sepultar cualquier investigación federal sobre el caso.

Y es que Reyna, pese a su reclusión en el penal de máxima seguridad del país, sigue manteniendo el control del Congreso local, al haber colocado a diputados leales a su grupo dentro de las principales comisiones que pudieran motivar a la PGR sobre una investigación por el delito de fraude y desfalco al erario público.

Cadena de corrupción

La primera denuncia sobre destinos no claros de los fondos obtenidos por el Gobierno estatal, en parte por deuda pública y en parte por fondos etiquetados de la federación, la protagonizó el exgobernador Fausto Vallejo en el 2014, cuando el Congreso local se negó a avalar la cuenta pública ejercida durante el 2013.

No había registro de:

> 2,447,638,977 pesos
etiquetados para la Secretaría de Educación del Estado a fin de ser aplicados en la formación de maestros egresados de las escuelas normales de Michoacán

> 803,482,921 pesos
que se debieron haber invertido en programas oficiales de la Secretaría de Salud

La Auditoría Superior de la Federación abrió una carpeta de investigación por el presunto desfalco a la cuenta oficial del Gobierno estatal, pero dicha investigación se encuentra archivada.