Los millones perdidos en Coahuila durante la administración de Miguel Riquelme

En abril de 2021 el gobierno de Miguel Riquelme Solís en Coahuila dio a conocer a los ganadores del sorteo “A los Cumplidos, Coahuila sí los Premia 2021”. La rifa se efectuó entre los ciudadanos propietarios de automóviles que cumplieron con sus obligaciones fiscales de ese año. Entre otros premios, se entregaron 15 Fiat Mobi Like 2021.

En la adquisición de los autos, la administración estatal gastó 2 millones 723 mil 275 pesos sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La licitación se hizo mediante la invitación a tres personas, pero al proceso solo se presentó Automotriz Lagunera S.A de C.V; de modo que esta empresa se llevó el contrato.

El sorteo se convirtió en una paradoja. El mismo gobierno que ese año otorgó premios al buen desempeño de los ciudadanos incurrió en un incumplimiento que a la fecha lo mantiene entre los primeros tres estados con mayores observaciones en la revisión de la cuenta pública de 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con un boquete de 3 mil 261 millones 730 mil pesos.

Michoacán, gobernado en ese entonces por Silvano Aureoles Conejo, está en el primer sitio con más de 12 mil 46 millones de pesos por aclarar.

Durango, en ese año bajo el mandato de José Rosas Aispuro Torres, es el segundo con ocho mil 171 millones de pesos.

De acuerdo con el informe del órgano fiscalizador, a cargo de David Rogelio Colmenares Páramo, hay 61 mil 840 millones de pesos por aclarar, de los cuales 61.8 por ciento correspondió al gasto que la Federación le entregó a los estados y los municipios.

¿En dónde están los focos rojos de Coahuila?

La salud y la educación son los causantes de parte del agujero zanjado en Coahuila por dinero sin comprobar durante 2021. El gobierno de Miguel Riquelme Solís no pudo aclarar el destino de poco más de mil 900 millones de pesos que recibió de la Federación para la mejora de esos sectores.

En salud, según la Auditoría, un punto clave es que la entidad autorizó un aumento en el presupuesto de 824 millones de pesos sin que hasta ahora haya justificado de dónde tomó el dinero y en qué lo usó. Además, el órgano de la Cámara de Diputados detectó que el pago de personal tuvo un aumento de 37 por ciento que no había sido aprobado. En cuanto a educación, el faltante de los recursos del gasto federalizado transferidos a las universidades públicas estatales es de 693 millones 282 mil pesos.

Gastos en salud

Los contratos publicados en Compranet por la administración coahuilense en 2021 integran un mapa de los intereses del gasto y abren vericuetos de por dónde pudo irse el dinero que ahora no está.

El gobierno de Riquelme Solís publicó en esa base 104 contratos que suman mil 377 millones 112 mil 23 pesos. Los correspondientes a salud son apenas 36 por 152 millones 498 mil 166 pesos. Estas adquisiciones caben 5.4 veces en el monto del aumento en su presupuesto para el sector.

Fueron compras de vestuarios y uniformes, sets para bombas de infusión, reactivos y productos químicos, material de oficina, ropa hospitalaria, material de laboratorio, entre otros. El gobierno también utilizó la figura del arrendamiento. Por ejemplo, rentó torres de laparoscopia y endoscopia, así como equipos de terapia de alto flujo.

En promedio, por contrato, el gobierno coahuilense gastó en salud cuatro millones 236 mil 60 pesos. Es decir, del total erogado en compras públicas, el 11 por ciento fue para ese sector donde la ASF señala un agujero negro.

En cuanto a educación, en la lista de compras del gobierno coahuilense se encuentra un contrato del Instituto Estatal de Educación para Adultos y dos para la Universidad Politécnica de la Región Laguna. No se trata de contrataciones que estén dirigidas a mejoras en la impartición de conocimiento en las aulas, ni para generar planes de trabajo. El del instituto fue para arrendar vehículos por 153 mil pesos, del 12 de abril al 31 de diciembre de 2021 con Grupo Comercial S.A de C.V. Los de la Universidad Politécnica fueron para limpieza.

Las formas

La manera de adjudicar también contribuyó a colocar a Coahuila entre las entidades con más dinero por comprobar ante la ASF. La base elaborada por Reporte Índigo muestra que el procedimiento que prevaleció fue la Invitación cuando Menos a Tres Personas con 41 contratos. Algunas contrataciones por este procedimiento que, en apariencia implicaron concurso, tuvieron en algunos casos solo una competidora.

Ese procedimiento le llamó la atención a la Auditoría. En el informe de su segunda entrega de la revisión de la cuenta pública 2021, apuntó faltas administrativas en un contrato mediante esa invitación “cuando se tenía que haber realizado una adjudicación mediante Licitación Pública”.

Pero, además, el gobierno coahuilense privilegió la utilización de la Adjudicación Directa (el procedimiento que no implica concurso) y “Otras Contrataciones” (una figura que no está estipulada en la ley y permite reservarse las razones de por qué se otorgó un contrato a determinada empresa).

Mediante esos dos procedimientos, la administración de Miguel Riquelme Solís otorgó 968 millones 727 mil 870 pesos, lo que representa el 70.3 por ciento del total erogado.

Se trata de 32 compras en las que se concentró el dinero de Coahuila, pero a las que el gobierno las cubrió con un manto de opacidad que impide ver por qué determinadas empresas fueron beneficiadas con contratos en 2021, el año en que se abrió un boquete financiero.

Las obras de Riquelme

En la segunda entrega de la revisión de la Cuenta Pública de 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) expuso que “el Gobierno del Estado de Coahuila incurrió en inobservancias de la normativa ya que se observó mala calidad en una obra, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal”.

La infraestructura es un vericueto de la administración coahuilense por donde pudo colarse parte del dinero que ahora falta por comprobar del penúltimo año de gobierno de Miguel Riquelme Solís.

Pero, si se sigue lo publicado por la administración coahuilense en Compranet, la obra pública no fue la protagonista del gasto. El cúmulo de contrataciones da cuenta que la infraestructura quedó lejana de otras prioridades como la compra de despensas para los programas de asistencia social o de vehículos para el sorteo “A los Cumplidos, Coahuila sí los Premia 2021”.

En obra pública se erogaron 172 millones 12 mil 921 pesos, lo que representa 12.4 por ciento del total de las compras públicas registradas.

Los proyectos que se licitaron fueron para pavimentación asfáltica, rehabilitación de libramientos, tramos aislados en Sabinas, el camino La Joya-Presa de Chairez, así como la construcción del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres. Empresas medianas, pequeñas y hasta micro ganaron estas contrataciones.

Mientras, una colección de elefantes blancos se mantuvo en el estado. Las obras inconclusas o en obra negra que durante las dos décadas pasadas se volvieron parte de los paisajes en los municipios continuaron con su ociosidad y como símbolos de la mala administración del dinero público. En este conjunto de inmuebles hay hospitales, centros de adicción y centros de justicia.

A ese panorama el gobierno de Miguel Riquelme Solís añadió el Hospital Materno Infantil, una unidad médica ubicada en Saltillo, cuyo estado físico no coincide con lo declarado en los Informes de Gobierno.

El 14 de noviembre de 2017, el entonces gobernador Rubén Moreira Valdez publicó en el Periódico Oficial que ese hospital estaba listo. Pero Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador siguiente y quien tomó protesta el 1 de diciembre de ese año, reportó en cada uno de sus informes que la construcción del centro de salud continuaba con varias inversiones.

El porqué de las despensas de Riquelme

En el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, el gobernador Miguel Riquelme Solís expuso cuatro áreas en las que le interesaba trabajar durante su administración. Presentado en abril de 2018, en el documento quedó asentado que la administración se concentraría en la integridad y el buen gobierno, la seguridad y la justicia, el desarrollo económico sustentable, y el desarrollo social incluyente y participativo.

Si el mapa de compras públicas del gobierno de Coahuila en Compranet tuviera que iluminarse, el área de desarrollo incluyente participativo lo abarcaría casi todo. Las otras áreas están difuminadas o ausentes. Por ejemplo, la base no arroja un solo contrato destinado a la seguridad y la justicia.

La revisión de los 104 contratos publicados por el gobierno de Coahuila en 2021 en esa plataforma, da cuenta que el gobierno coahuilense se concentró en una estrategia alimentaria de asistencia social que implicó compra y repartición de miles de despensas a empresas alimentarias para repartir en sitios con poblaciones vulnerables en los 38 municipios del estado.

De acuerdo con el Plan, el desarrollo social incluyente y participativo implicaría “un cambio sustancial” en la estrategia para disminuir el número de personas en condición de pobreza y extrema pobreza”.

Pese a que la ejecución de esa política le correspondía a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, los contratos para adquirir los productos fueron signados en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Finanzas.

En 2021, la administración coahuilense erogó 835 millones 87 mil 638 pesos en 11 contratos en insumos que luego repartió conforme a padrones de beneficiarios. Ello representó el 60.6 por ciento del total de las erogaciones en compras públicas de ese año.

Para ese momento, la estrategia tenía tres años de operación pero ningún resultado favorable. El número de puntos con necesidad alimentaria había crecido. En 2018 fue de 3 mil 937, en 2019 de 4 mil 362, para 2020 de 5 mil 28 y en 2021 de 5 mil 762, de acuerdo con la documentación de los contratos revisados. Pese a todo, el gobierno volvió a gastar millones de pesos en despensas y ayudas alimentarias.