Los mercados al borde del colapso

Los mercados públicos agonizan. La falta de mantenimiento, de inversión así como los precios desleales, han impulsado la debacle de un elemento vital de la cultura popular mexicana que tiene más de un siglo de vida.

La historia no es nueva. El año pasado, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) diseñaron un plan para rescatar los mas de 318 centros de abasto popular, denominado Norma 29.

Sin embargo, hoy ese proyecto de rescate, anunciado con bombos y platillos, está a apunto de sucumbir y concretar la muerte de los mercados públicos.

Recordemos:

En los últimos años creció el número de tiendas de conveniencia o mini-súpers en los alrededores de los centros de abasto popular.

La búsqueda de mejores precios direccionó a la ciudadanía a las nuevas tiendas de productos de la canasta básica. La competencia fue desleal, argumentaron en diversas ocasiones los líderes comerciantes.

Y cómo no, si el precio de venta lo comenzaron a fijar las grandes cadenas comerciales, quienes tienen acceso a la mercancía a precio de mayoreo; así, los locatarios resintieron una baja en sus ingresos.

Adicionalmente, el pago de nomina vía electrónica ha llevado a los capitalinos a bus- car lugares donde comprar y pagar con tarjeta de débito o crédito, lo cual representa otra desventaja para los mercados.

Si a ese factor le sumamos el deterioro en que se encuentran los inmuebles, en su mayoría propiedad del GDF, y el riesgo latente que representa tener tanques de gas “enormes” en las marquesinas, podríamos decir que se han convertido en una bomba de tiempo, de acuerdo con el argumento de los propios locatarios.

El plan de defensa

La suma de todos los miedos se apoderó de los comerciantes y de manera conjunta exigieron desde 2010 a las autoridades delegacionales reinyectar la inversión en los mercados.

También pidieron que se impidiera la construcción de más tiendas de conveniencia en los alrededores de sus centros de trabajo.

La respuesta fue positiva, al menos en el discurso. De hecho, fue así como las autoridades diseñaron la denominada Norma 29.

Esta normatividad estableció una serie de restricciones para la instalación de tiendas de conveniencia a través de los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

El lineamiento aprobado por el pleno de la ALDF se direccionó al “El Mejoramiento de las Condiciones de Equidad y Competitividad para el Abasto Público”.

Y para ello se delimitó el tipo de uso de suelo en que se pueden construir tiendas de conveniencia: “podrán instalarse sólo en predios catalogados como zonas secundarias de uso Habitacional Mixto (HM)”, señala el documento.

En términos terrenales, el espacio en que está permitida la apertura de centros comerciales de bajo impacto representa solo el 2% del territorio del Distrito Federal.

“La norma señala que los establecimientos mercantiles en los que se pretenda la venta de artículos que conforman la canasta de productos básicos y de manera complementaria, al de ropa y calzado, bajo el sistema de autoservicio, con el uso de tienda de autoservicio, supermercado o mini-súper, sólo podrán situarse en predios de zonificación secundaria”, de acuerdo con el ex presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF, Guillermo Sánchez.

“También quedan exentos de la norma los establecimientos mercantiles que tengan uso de suelo de tienda de abarrotes o misceláneas, con una superficie de construcción inferior a 100 metros cuadrados”, agregó en entrevista con Reporte Indigo.

El conflicto

La Norma 29 se aprobó con el voto en contra de la bancada panista. Y a pesar de que solo tendría una vigencia de tres años, fue impugnada desde el gobierno federal, vía la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La bancada panista, por medio del ahora ex diputado Juan Carlos Zárraga, aseguró que si bien la norma fue establecida para proteger a los mercados públicos y brindar condiciones más equitativas de competencia, “consideramos que la misma adolece de ciertos vicios de inconstitucionalidad, por violación a las garantías de igualdad y libertad de trabajo, y por vulnerar e impedir el proceso de competencia y libre concurrencia”.

Para el bloque de Acción Nacional el efecto de la nueva disposición es impedir o limitar la posibilidad de instalar tiendas de autoservicio, supermercados, mini-súpers y tiendas de conveniencia, en beneficio de los negocios ya establecidos y otorgando territorios exclusivos.

“Dependiendo del caso concreto, estas violaciones son susceptibles de reclamarse vía juicio de amparo a partir de la sola entrada en vigor de la Norma 29, o a partir del primer acto de aplicación de la misma”, agregó el entonces diputado de extracción panista Carlo Pizano.

Y así fue. La norma fue impugnada ante la SCJN y el pasado martes 18 de septiembre, el Pleno del máximo tribunal del país comenzó a discutir cual será su criterio en torno a este tema.

A pesar de que la Corte aplazó su decisión sobre la constitucionalidad de la Norma 29 aprobada, las posturas expresadas por los ministros se vislumbra dividida y solo requiere de dos votos más para invalidarla.

Lo anterior se debe a que solo seis de los 11 ministros revelaron el sentido de su voto (a favor de la procedencia de la demanda). Por eso, se elaborará un nuevo documento.

La pasividad

Mientras que la SCJN discute la inconstitucionalidad de la norma, los trabajos paralelos acordados en la ALDF para el rescate de los mercados públicos se han atorado.

Como parte de la norma, se acordó establecer un Comité Especial Interinstitucional encargado de elaborar un programa de modernización y desarrollo de los centros de abasto popular.

El Comité debía reunirse en menos de 60 días a partir de su publicación. Y estaría integrado por las Comisiones de Administración Pública Local, Fomento Económico y Abasto y Distribución de Alimentos de este órgano legislativo, así como la Secretaría de Gobierno, Finanzas, Desarrollo Económico, Obras y Servicios, la Secretaria de Desarrollo Económico, la Secretaria de Protección Civil y la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, aún no hay avances.

De acuerdo con la Comisión de Administración Pública de la ALDF, sí hubo convocatorias pero no se han llevado a cabo las reuniones para el proyecto de rescate.

El Programa de Modernización y Desarrollo del Abasto Público del Distrito Federal establece como principios rectores un diagnóstico sobre la situación de los centros de abasto, mercados públicos y concentraciones comerciales, así como estrategias generales para su mejoramiento.

También considera acciones necesarias para mejorar de manera sistemática los es- quemas de avance de infraestructura y servicios, así como su mantenimiento y programas destinados a mejorar las condiciones de competencia.

Pero… por si fuera poco, en la discusión del presupuesto 2012, ningún ente público etiquetó recursos públicos para el rescate de los mercados públicos, de acuerdo con los documentos públicos de la Comisión de Presupuesto de la ALDF.

100 años de historia

Uno de los mercados más longevos de la ciudad es el número 6, San Cosme, el cual cumple 110 años de vida el próximo 30 de noviembre. Hace más de medio siglo, fue reubicado a la calle de Gabino Barreda e Ignacio Manuel Altamirano en la colonia San Rafael.

Este centro de abasto celebrará su aniversario en noviembre, como cada año, con comida gratis, regalos, conjuntos y sonidos. Como éste, hay otros 317 mercados públicos, más de mil 66 tianguis y 54 mercados sobre ruedas en el DF que padecen la competencia desleal.

La fecha original de su inauguración del mercado San Cosme fue el domingo 30 de noviembre de 1902, según consta en documentos oficiales que en copia, lucen en algunos locales de este mercado, y de acuerdo con los comerciantes, los mercados que deberían encabezar la lista de los más antiguos son La Merced y Jamaica; sin embargo, ellos cuentan el tiempo a partir de la creación de su segundo inmueble, edificado en la década de los 50.

Y estos inmuebles que se remontan a principios del siglo pasado, de los que viven miles de familias, están a punto de desaparecer para siempre. El próximo gobierno de Miguel Ángel Mancera deberá tomar cartas en el asunto.