En diez entidades públicas se centran la mayoría de las quejas presentadas por el incumplimiento de obligaciones de transparencia en la Ciudad de México.
Entre las más denunciadas por la ciudadanía por no responder una solicitud de información o no publicar información en su portal como lo mandata la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la capital del país, se encuentran desde secretarías y gobiernos de las alcaldías hasta órganos autónomos.
Cumplir con las obligaciones de transparencia, según autoridades federales, es necesario para que los ciudadanos puedan supervisar el ejercicio de los recursos públicos y la administración pública.
Dicho marco legal señala que los entes deben difundir de manera trimestral la información sobre cómo ejercen sus recursos, así como los datos administrativos que establece el marco legal; además, están obligados a atender, en un plazo de máximo 15 días hábiles, las peticiones de información pública realizadas por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
En caso de no cumplir con sus obligaciones, la ciudadanía puede denunciar a la instancia ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX).
Los más denunciados por obligaciones de transparencia
Información del InfoCDMX sobre las quejas ciudadanas por el incumplimiento de obligaciones de transparencia de los entes públicos locales detalla que, de enero de 2018 a septiembre de 2022, se han presentado un total de 352 querellas.
Dichas denuncias se reparten entre los 146 sujetos obligados que reciben recursos públicos en la Ciudad de México.
Sin embargo, el 50.5 por ciento, la suma de 178, se concentra en solo 10 entidades públicas.
Según los datos consultados en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del InfoCDMX, de los órganos públicos referidos, el que más acumula quejas es la alcaldía Benito Juárez con 46, el 13 por ciento del total.
Después se encuentran la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México y el Consejo de la Judicatura Federal con 19 denuncias, respectivamente.
Les sigue el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 18 denuncias y la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México (SCGCDMX) y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), con 16 quejas cada uno.
A su vez, la alcaldía Azcapotzalco acumula un total de 14 denuncias en dicho lapso, mientras que Álvaro Obregón tiene nueve.
Finalmente, el propio Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México tiene cinco denuncias.
Transparencia, necesaria
En México es necesaria la transparencia para erradicar las malas prácticas y la corrupción en la administración pública, señala el artículo “La importancia de transparentar y rendir cuentas en los municipios” del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Según la fuente, la transparencia es la publicidad en la actuación de los servidores públicos y es necesaria para el ejercicio de la rendición de cuentas.
“La rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las autoridades para informar y justificar ante la ciudadanía sobre sus decisiones, es decir, abrirse al escrutinio público”, detalla la publicación.
El texto explica que el derecho a la información de la ciudadanía a nivel federal está sustentado en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que menciona la obligación de los sujetos obligados de poner a disposición del público y mantener actualizada en los respectivos medios electrónicos la información de programas, financiera, referente a la nómina, etcétera.
“En este sentido, a mayor vigilancia y propuesta ciudadana, los gobiernos están sujetos a tener un gasto eficiente con menos posibilidades de corrupción, por lo que la fiscalización de los recursos que integran la Hacienda pública de los municipios es primordial y esto se lleva a cabo tanto a entes locales como federales”, indica.
Por último, señala que los entes que no cumplen con sus obligaciones de transparencia se hacen acreedoras a un tipo de sanción.
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