Los intocables

Una de las facultades que tiene el Invea-DF es verificar los microbuses y taxis que circulan en esta ciudad, según lo estipulado en el artículo 7 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del DF.

Sin embargo, no todo el transporte es susceptible de una revisión de documentos, cromática, rótulo y condiciones mecánicas del vehículo. Y mucho menos, de una remisión al corralón.

¿Por qué? Por decisión de los directivos. Así de simple. Pues cada vez que algún verificador detecta transporte irregular primero tiene que comunicarse al “Centro de Mando” para saber si lo puede sancionarlo o no.

Incluso, hay rutas intocables. Aquellas que tienen estrictamente prohibido inspeccionar. A pesar de que no cuenten con placas, que tengan asientos deteriorados y diversas fallas mecánicas.

En ediciones anteriores, Reporte Indigo ha documentado diversas irregularidades que hay dentro de la institución, como la existencia de redes familiares y tribus perredistas en puestos clave.

Los verificadores son advertidos a través de correos electrónicos y vía el Centro de Mando (centro de control operativo que responde a las órdenes de José Luis Valle Cosio,  coordinador de Verificación al Transporte) de cuáles unidades no pueden inspeccionar.

En un video, en poder de Reporte Indigo, se observa a uno de los verificadores cerca de un microbús y parado frente a un vehiculo del Invea-DF pidiendo a Centro de Mando que le reitere cuales son las rutas intocables. Y ahí le dicen cuáles son.

En un audio, se repite el patrón, pero con el transporte público individual. Uno de los inspectores solicita saber si puede detener a un  taxi de “Los Panteras” ya que trae todos los elementos para remitir, sin embargo, le indican que lo deje ir.

Una decena de verificadores entrevistados confirmaron las irregularidades que existen dentro del órgano encargado de revisar que se cumpla con ley.

Ellos afirman que sus superiores, empezando por José Luis Valle, les ordenan dejar sin efectos la verificación de microbuses en mal estado y taxis que circulan con amparos que fueron rechazados.

“La instrucción que tenemos es que cada vez que detenemos un vehiculo hay que hablar a Mando Central para que ahí nos digan si podemos o no mandar al corralón al vehiculo infractor”, dijo Jacobo Santos Robles, verificador del transporte.

Otro verificador, Raúl Espinoza Sarabia agregó: “No hay justificación alguna para no sancionar a los microbuses y taxis que no cumplen con la ley. La ley no hace distingos y se debe aplicar para todos, por eso tenemos claro que se trata de corrupción, ordenada por nuestros jefes”. Y así, las denuncias se replican.    

Microbuses caducos

Oficialmente hay más de 22 mil microbuses en el DF según la información de la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi), mismos que deben ser sustituidos ya que cumplieron su tiempo de vida útil.

Un informe de la Setravi, realizado en febrero del año pasado, detalla que el último modelo de microbuses que salió fue 1992 y que su caducidad venció siete años después.

El estudio señala además, el 80 por ciento tiene fallas mecánicas, clutch, volantes y chasis. Eso sin contar que tienen asientos faltantes, llantas lisas y demás deficiencias que los convierten en un peligro para los usuarios.

Sin embargo circulan con normalidad. Lo mismo que los taxis piratas, en especial los del grupo denominado “Panteras” de Álvaro Castillo, que concentra cerca de 300 mil unidades.

En una entrevista, el líder del transporte aseguró que contaba con un amparo para que sus agremiados pudieran trabajar, pero de acuerdo con los verificadores, no tiene efecto, aun así circulan por autorización del Invea-DF y la Setravi.

Y en medio de la corrupción, el Gobierno de la Ciudad de México autorizó el aumento de un peso a la tarifa de microbuses.

Se meten hasta en los casinos

El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea-DF) no mide con la misma vara a los establecimientos mercantiles.

De acuerdo con documentos oficiales, el organismo encargado de sancionar las faltas administrativas de los negocios tiene un razonamiento flexible, pues en algunos casos tiene facultades y en otros no.

En ejemplo más claro está en los casinos, donde la institución que encabeza Meyer Klip  ha sido cambiante. En una resolución sancionó a la casa de juegos y en otro negocio similar aseguró que no tiene facultades para aplicar la ley.

Según lo estipulado en el expediente INVEADF/OV/DUYUS/3466/2012 realizado a la Operadora AQRM Sociedad Anónima de Capital Variable la visita de inspección realizada no tiene efecto en términos del artículo 87 fracción III de la Ley de Procedimiento Administrativo por la imposibilidad en la materia.

El argumento radica en que durante la visita ocular que realizaron los verificadores se observó que en el inmueble había máquinas tragamonedas y mesas de juegos de azar propias de un casino.

Y, con base en el artículo 7 y 8 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la instancia encargada de la vigilancia de dicho giro es la Secretaría de Gobernación que a la letra dice:     

Artículo 7.- La Secretaría de Gobernación ejercerá la vigilancia y control de los juegos con apuestas y sorteos, así como el cumplimiento de esta Ley, por medio de los inspectores que designe. 

Con el mismo fin podrá integrar los organismos o comisiones que estime convenientes, y los que funcionarán de acuerdo con las atribuciones que les señalen las disposiciones reglamentarias de esta Ley, así como las que dicte la citada Secretaría. 

Artículo 8.- Se clausurará, por la Secretaría de Gobernación, todo local abierto o cerrado en el que se efectúen juegos prohibidos o juegos con apuestas y sorteos, que no cuenten con autorización legal, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones que según el caso correspondan.

Sin embargo, el Instituto de Verificación consideró que siempre sí tenía facultades en otro casino denominado Compañía Operadora AHIS Sociedad Anónima de Capital Variable.

Según los resolutivos del expediente INVEADF/OV/EM/085/2012 impuso tres multas al negocio de apuestas “WIN & WIN” por diversos factores y lo clausuró al considerarlo un establecimiento mercantil de impacto zonal.

Los argumentos son que no tramitó su solicitud de permiso, por vender y distribuir bebidas alcohólicas dentro del establecimiento mercantil sin los permisos correspondientes y por no mostrar su póliza de seguros en la materia.

De acuerdo con los verificadores, que por temor a perder su trabajo solicitaron no revelar su nombre, no hay criterios definidos para realizar su trabajo. En cambio, lo que se encuentran son instrucciones que pasan por encima de la ley.

En el tema de los establecimientos mercantiles es donde la Ciudad de México enfrenta su mayor problema, pues cada vez que sucede un conflicto de relevancia, hay giros irregulares involucrados. 

Casos como el de la desaparición de 12 jóvenes en el bar “After Heaven”, el asesinato de otro en el “Black”, la clausura del “Cadillac” por trata, han convertido al Invea-DF en el blanco de todas las críticas.

Aun cuando este rubro es materia compartida entre las delegaciones y el instituto, que es el encargado de verificar y sancionar a quienes no cumplen con la ley.

Reporte Indigo informó en su edición del 5 de julio pasado que no hay verificación administrativa que se realice en una obra o giro negro sin que las delegaciones lo hayan solicitado con antelación. 

Por eso la desconfianza de los empresarios es contundente, pues al programa de verificación voluntaria que emprendió el GDF solo se inscribieron 483 establecimientos de los más de 8 mil antros, bares, centros nocturnos, restaurantes y comercios similares que hay en la capital del país.

La presión del Invea-DF

Dentro del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), aseguran empleados, hay un terrorismo laboral. De acuerdo con los verificadores administrativos los someten a largas jornadas de trabajo, a realizar verificaciones a modo y los insultan por negarse a aplicar la ley de manera parcial.

Tan así, que ya hay denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por acoso sexual y maltrato laboral, mismas que ya llegaron a la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

En la Coordinación de Transporte y de Establecimientos Mercantiles los inspectores afirman que ya intentaron pasarle la queja al tildar del Invea-DF Meyer Klip, pero que simplemente no los reciben.

En entrevista con Reporte Indigo, los afectados presentaron grabaciones donde literalmente son amenazados con correrlos si no hacen todo lo que se les pide; por eso evalúan elevar sus protestas 

Uno de los casos es el de Dulce Guadalupe Garnica Ramírez, quien acudió a la CDHDF para abrir una queja contra  su jefe José Luis Valle.

En el documento 13/56/63 que está en la cuarta visitaduría, expuso que fue afectada en sus derechos humanos por parte Valle Cosio, “quien de manera prepotente y grosera me ha humillado enfrente del personal, amedrentándome y amenazándome constantemente.

“Él me dijo que me lo había buscado por no querer salir con él y que además le había comentado al Ing. Meyer Klip que yo no servía en el área, y que entonces lo instruyó para que me corriera”.

Otros afectados han sido despedidos, según sus versiones bajo amenazas. Y quienes aún continúan laborando son presionados para realizar las tareas especiales de sus jefes inmediatos.

Por eso comenzaron a denunciar las irregularidades a través de correos electrónicos donde se ponen leyendas como:  

“…continuemos con el llamado en denuncia que hemos empezado, al manifestar sólo algunas de las irregularidades que se presentan en el día a día del Instituto de Verificación Administrativa.

“Las Autoridades del instituto actúan aumentando el terrorismo laboral y más aún crean una psicosis laboral entre todos el personal Verificador, ya que después del primer llamado por éste medio, se cita a todo el personal para hacernos una amenaza: que aquel, que de seguimiento a manifestaciones de la actividad al interior del instituto, será obligado a firmar su renuncia, sin contemplación alguna…”

Por eso, sostuvieron una reunión donde los altos mandos les advirtieron que si participaban en las acusaciones infundadas sería corrido del Invea-DF por órdenes de Meyer Klip. Esta casa editorial posee una copia del audio.

Otra de las denuncias señala que son forzados a trabajar horarios que superan las 14 horas diarias y que cuando se enferman les notifican en sus domicilios que ya no laboran más ahí.

El tema de fondo, explica Jacobo Santos, es la negativa de los verificadores a seguir aplicando la ley a modo, realizando verificaciones sin argumentos sólidos con tal de clausurar lugares o dejar abiertos otros.

¿Quiénes no?

En un video proporcionado por un empleado, se puede comprobar la instrucción que les dan las autoridades sobre la parcialidad para sancionar a los microbuses que incurren en faltas administrativas.