Los huérfanos de la guerra

Nadie voltea a verlos, no hay programas oficiales que los contabilicen, mucho menos existen acciones tendientes a resolver la situación de abandono en que se encuentran. Son los niños huérfanos de Michoacán, que podrían ser más de 7 mil. 

Ellos son víctimas de la ola de violencia que se vive en ese estado desde el 2006, cuando el Gobierno Federal de Felipe Calderón comenzó a aplicar su llamada guerra contra el narcotráfico.

No hay cifras oficiales exactas que puedan dimensionar el problema social de los huérfanos de la violencia en este estado que se ha ganado a pulso la atención nacional y mundial de los medios de comunicación. 

Aunque se presume que solo en la región de Tierra Caliente ya son poco más de 5 mil niños, entre los 0 a los 15 años de edad, los que se han quedado sin padre, las autoridades no han asumido la cifra como oficial.  

Pese a la magnitud del problema, este no ha merecido la atención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues en Michoacán, a pesar de los índices de violencia en que vive tres cuartas partes de la población, no se lleva a cabo ningún programa sobre asuntos de la niñez y la familia, como en otras entidades del país.

El gobierno estatal tampoco atiende la problemática de los menores que han quedado sin sustento material y emocional. 

Lo que más se aproxima a las acciones de respaldo de estos niños es la entrega de un juguete cada día de reyes, o día del niño. En forma extraordinaria algunos huérfanos han sido incluidos en la lista del DIF estatal para otorgarles una despensa cada dos meses.

El Gobierno Federal ha perdido de vista el fenómeno social de los niños a los que la violencia, y la volatilidad social que se vive en la entidad, les ha arrancado del seno familiar a su padre o a su madre, en la mayoría de los casos víctimas de homicidio, en otras por desaparición forzada, o por encarcelamiento.

Solo en los 30 municipios que integran la zona de Tierra Caliente, se contabiliza –en forma arbitraria, con datos de las comandancias de policía, oficinas locales del DIF, presidencias municipales, tenencias de gobierno y secretarías de ayuntamientos– un estimado a los 5 mil 10 huérfanos, de los cuales el 60 por ciento han quedado en esa condición en los últimos dos años.

Otra de las regiones de Michoacán que registran una elevada cantidad de huérfanos, a partir del 2012,  es la zona de la Meseta Purépecha, en donde la cifra ya supera a los mil 325 menores que se han tenido que incorporar al trabajo para poder subsistir, ante el abandono del que son víctimas también por parte del gobierno estatal y federal.

En los municipios que integran la región de la Costa Sierra, el número de huérfanos por la violencia ya llega a los 732 menores, en tanto que en la zona centro, en donde se ubica la ciudad de Morelia, el número de niños huérfanos alcanza los 631. 

La regiones con menor número de menores en orfandad, víctimas colaterales de la violencia en Michoacán, son el Bajío con 582, y la zona Oriente con 392 niños que han perdido a su padre o madre, o ambos, en actos relativos a la violencia.

De los datos obtenidos por Reporte Indigo, en cada uno de los 113 municipios de Michoacán resalta que la cifra total de huérfanos víctimas de la guerra contra el narcotráfico, ya llega a 7 mil 262 menores de edad. 

De estos al menos el 12 por ciento se encuentran en esa condición luego de que el jefe de familia está en proceso penal,  recluido en la cárcel por delitos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y/o portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

Saldos de Guerra

Aun cuando por política oficial del gobierno estatal de Michoacán no se lleva un conteo de las cifras de muertes resultantes de los enfrentamientos que a diario ocurren en diversos puntos de la entidad, se calcula que en lo que va de la actual administración de Fausto Vallejo Figueroa, ya son más de 2 mil 300 muertos, de los que casi el 62 por ciento ocurrieron en la zona de Tierra Caliente, en los últimos 12 meses.

La federación ha detenido y procesado, en la misma región de Tierra Caliente, a cerca de 2 mil 120 personas como presuntos responsables de delitos que tienen que ver con delincuencia organizada y narcotráfico, sujetándoles a proceso penal en cárceles de máxima seguridad, en donde su proceso se habrá de desahogar en por lo menos de tres a cinco años, lo que les hace deslindarse de sus hijos, que quedan en la orfandad.

Datos de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados a nivel federal, indican que en Michoacán se carece de un programa de atención eficiente para los niños víctimas colaterales de la violencia. 

Hacen referencia a que en esta entidad va en aumento la participación de menores en los actos delincuenciales, que tienen que ver en la mayoría de las veces con delitos de alto impacto, como delincuencia organizada y narcotráfico.

Los menores de edad desamparados, sumidos, la mayoría de las veces, en la pobreza, huérfanos y con necesidades de sostenimiento de la familia –y de venganza en no pocas ocasiones– se convierten en cantera de talento para los reclutadores de los grupos de civiles armados que operan y chocan en la entidad, en donde, se asegura, siempre hay vacantes para cubrir.

El destino para las niñas no es más alentador. La mayoría se casa a una edad temprana, no llegados aun a los 16 años, en muchas ocasiones con hombres mucho mayores que ellas, aspirando como única finalidad a un sustento económico para ellas y sus hermanos. 

La orfandad de niñas que buscan matrimonio a temprana edad es un campo de cultivo para la proliferación de los grupos dedicados a la trata de personas. De ese fenómeno, la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán ni siquiera se entera, mucho menos aplica acciones preventivas.

Las viudas de la guerra, las mujeres que quedan al frente de las familias mutiladas, es otro sector social que camina de la mano de los huérfanos. 

De ellas nadie sabe a ciencia cierta cuántas hay en Michoacán, mucho menos existe un programa de asistencia social por parte del gobierno estatal o federal, que remedie sus carencias de vida. 

Solo en algunas presidencias municipales, por decisión de los alcaldes y no por política oficial, se han instrumentado acciones de ayuda para esas mujeres, que no pasan de un apoyo de 200 pesos a la semana y una despensa cada dos meses.

En las presidencias municipales se estima que el número de viudas de la violencia podría llegar en suma a casi mil 250 mujeres, esto en base a la cantidad de cartas que la autoridad local ha emitido a la embajada de Estados Unidos en México, recomendando a esas mujeres como candidatas al asilo  político, “porque su forma de vida, ya no se puede sostener ante la violencia en México”, dice el documento oficial.

Auxilio o exilio

La situación que enfrentan los hijos de la desgracia generada por la violencia en Michoacán parece no conocerla o no importarle al Gobierno del Estado, y piden asilo a EU  

De acuerdo a cifras de la propia embajada de Estados Unidos en México, las peticiones de asilo que han presentado los mexicanos han aumentado en casi un 400 por ciento en poco más de seis años, teniendo como causa principal la violencia generalizada en todo el país. 

El gobierno de Estados Unidos ha registrado al corte del 2013, un total de 16 mil 536 solicitudes de residencia, esto en solo dos años. 

La mayoría de las solicitudes presentadas al gobierno de Estados Unidos para alcanzar la residencia temporal o permanente en ese país, son de michoacanos que han manifestado una escalada de violencia que les impide vivir con seguridad en sus regiones de origen. Gran parte de esos michoacanos, que quieren ir a vivir como exiliados políticos, son de Tierra Caliente. 

Y de todos los michoacanos que solicitaron la residencia el año pasado, se registran un total de 3 ml 419 de menores de edad.

De los huérfanos que ya han iniciado el trámite de solicitud de residencia en Estados Unidos, cuyas cartas de recomendación fueron extendidas por los gobiernos municipales a donde corresponde su originalidad, la mayoría supo que las causas del asesinato de sus padres principalmente fue por “ajustes de cuentas”, según continua la criminalización de las víctimas por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán y de algunos medios de comunicación.

El número de cartas municipales para huérfanos –cuyos padres fueron asesinados en la ola de violencia– que piden recomendación para iniciar el trámite de residencia en Estados Unidos, ya asciende a más de mil 173 documentos, de los que la mayoría de ellos fueron extendidos por los gobiernos locales de Apatzingán, Nueva Italia, La Huacana, Coalcomán y Tepalcatepec.

La suma de cartas extendidas para hijos de personas presas, procesadas en cárceles federales de máxima seguridad por los delitos de delincuencia organizada y narcotráfico, se estima en 320 documentos. 

Los hijos de los presos han decidido buscar la alternativa de radicar fuera del México ante la criminalización y el señalamiento que en su sociedad se ha hecho de ellos mismos. 

La mayoría de esos menores han abandonado la escuela y su única alternativa es el empleo informal para ayudar al sostenimiento de la familia, mientras se lleva el proceso penal del jefe de la casa. 

La situación que enfrentan los hijos de la desgracia generada por la violencia, parece no conocerla o no importarle al Gobierno del Estado de Michoacán, desde donde no solo no hay ninguna alternativa de ayuda para los huérfanos de la guerra contra el narcotráfico, sino que ni siquiera se conoce la cantidad exacta de personas que se encuentran en esa condición de vulnerabilidad que a punto está de convertirse en una crisis humana que amerite la intervención de instancias internacionales.

Niños en el campo de batalla

En los últimos dos meses, de acuerdo a las cifras de la Comisión Nacional de Seguridad, el estado de Michoacán se ha colocado entre los más violentos de todo el país. 

Esto producto de la confrontación que se vive en la entidad por la disputa del territorio entre el grupo de civiles armados, llamado Autodefensas, y otro grupo también armado, correspondiente al crimen organizado.

Los saldos de las refriegas en la zona de Tierra Caliente han dejado, en el último año, casi mil 30 muertos, según datos de la iglesia católica en esa región. 

Del total de los caídos en los enfrentamientos se estima que al menos 120 han sido menores de edad, que equivale casi al 10 por ciento de los decesos registrados. La cifra ni siquiera se conoce en la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán.

El estado de Michoacán también se apunta en los primeros lugares de desaparecidos. 

De acuerdo a la última cifra oficial de la Secretaría de Gobernación, en donde, con el aval de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se establece que en México han desaparecido de manera forzada más de 27 mil 523 personas. 

El estado de Michoacán se coloca en el quinto lugar de la lista de los estados más peligrosos.

De acuerdo al Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México, en Michoacán se tiene un registro de 3 mil 63 personas víctimas de desaparición forzada, y a pesar de que se ha integrado una comisión especial para la búsqueda de los denunciados, a la fecha no hay ninguna respuesta que permita ubicar el paradero o los restos de esas víctimas de la violencia. Se estima que entre los desaparecidos existen al menos unos 34 menores de edad.

La cifra del Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México que se tiene para Michoacán, choca frontalmente con los datos que maneja la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde ni siquiera llega a 670 víctimas.

A pesar de la alta incidencia de personas desaparecidas que se registran en Michoacán, el código penal del estado no reconoce la condición de desaparecidos a las  víctimas de ese delito, pese a que se demuestre la sustracción forzada. 

El reconocimiento formal que otorga la ley penal local solo se tipifica como secuestro o extravío de persona.

Los niños por delante 

En los bloqueos y quema de vehículos sobre Cuatro Caminos, fueron los menores los que estuvieron al frente 

En tanto va en aumento el número de niños víctimas de la violencia que ha generado la guerra en Michoacán, los menores siguen siendo utilizados como carne de cañón. 

Los niños son los que marchan al frente de los grupos que se confrontan, tal como se ha observado en los bloqueos a carreteras en el municipio de Parácuaro, en donde un grupo de ciudadanos se niega a someterse a las Autodefensas que han tomado el poblado.

Este día, al volverse a manifestar con bloqueos y quema de vehículos sobre la carretera a Cuatro Caminos, de nueva cuenta fueron los menores de edad lo que estuvieron al frente del contingente civil que salió a expresar su repudio a las Autodefensas que se encuentran acantonadas en el lugar.

Al filo del medio un grupo de personas arribó, este miércoles, a las inmediaciones de la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán, en donde tomaron camiones y vehículos particulares para bloquear el paso sobre la citada rúa. 

La acción fue encabezada por un contingente ciudadano, con el respaldo de la autoridad municipal, en donde los menores de edad estuvieron al frente de las hostilidades.

Voces que no se escuchan

Ante la situación que se vive en el estado, en donde nadie voltea a ver a los niños y viudas víctimas de la violencia como efecto colateral de la guerra contra el narcotráfico que se inició en Michoacán desde el 2006, y que se ha intensificado en los últimos 12 meses, algunos diputados intentan resarcir el daño ocasionado.

Existe a la fecha una iniciativa en la Cámara de Diputados de la entidad, impulsada por la fracción del el PT y el PRD, que propone se aplique de manera urgente un programa de apoyo del gobierno estatal para la atención y seguimiento a las niñas, niños, adolescentes y viudas víctimas de la violencia, a fin de hacer que la orfandad o el abandono de los menores no les impacte sobremanera y no les deje secuelas sociales ni emocionales.

Existe también una iniciativa por parte del PRD que refiere la creación de una dependencia estatal para la búsqueda de las personas desparecidas, víctimas de la violencia que se vive en la entidad. 

La iniciativa se encuentra congelada por falta de interés de la fracción del PAN y PRI, a quienes no parece moverles la propuesta presentada desde hace un año por el Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México.