El actual magistrado es considerado una pieza del PAN, por estar vinculado al exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, y a Abraham González Uyeda, con quienes laboró en diversas ocasiones
Roberto Rodríguez, exdirector de Policía de Vallarta, dejó su cargo luego de sufrir un atentado contra su vida
Un magistrado no necesita pasar las pruebas de control de confianza como un elemento de seguridad pública, con la designación en el Congreso local puede ocupar su cargo, aun sin tener carrera judicial.
Al interior del Poder Judicial de Jalisco hay empleados que protestan por la falta de un esquema de escalafón que permita el crecimiento profesional de los que se integran a sus filas buscando desarrollar una carrera judicial.
Por otro lado existen funcionarios que, aunque cuentan con capacitación profesional en Derecho, han ejercido principalmente en las áreas de seguridad y procuración de justicia.
Aunque el historial de algunos de los que forman parte del STJJ pone en duda su probidad y experiencia como impartidores de justicia.
El sueldo y las prestaciones que vienen con dicha jerarquía (más de 150 mil pesos al mes) van de la mano de una responsabilidad que muchos de los designados han practicado de cierta forma, a menor escala, desde su función como jueces, cuando tienen una carrera judicial.
Pero tal parece que una nueva vía (que ha funcionado al menos dos veces) para ser magistrado en Jalisco, es la de ser elemento de seguridad pública, con una participación en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta.
Prueba de ello es el presidente del STJJ, Luis Carlos Vega Pámanes, quien fue titular de la Dirección de Seguridad Ciudadana durante la administración del priista Javier Bravo Carbajal (2006-2009).
Pero el caso más notable es el del magistrado que apenas hace unos días asumió: Roberto Rodríguez Preciado, exdirector de Policía de Puerto Vallarta, quien dejó ese cargo tras sufrir un atentado contra su vida.
A mediados de octubre del 2012, Rodríguez Preciado llevaba apenas unos días de asumir su puesto en la administración de Ramón Guerrero Martínez (expanista y actual alcalde del destino turístico por Movimiento Ciudadano), cuando fue atacado por un comando armado.
Su vehículo blindado fue baleado por dos sujetos con armas largas, también le lanzaron una bomba molotov, por lo que tras el ataque la camioneta de Rodríguez Preciado quedó completamente calcinada.
Un día después del suceso, en la ciudad de Puerto Vallarta fueron encontradas varias mantas donde presuntos miembros del grupo criminal de Los Zetas acusaban al actual magistrado de no cumplir supuestos acuerdos.
“Sigue sin respetar los tratos que isiste (sic) con nosotros Roberto Rodríguez Preciado, Att, ‘Z’.
“Roberto Rodríguez Preciado la ciudadanía no tiene la culpa de los tratos que tu tienes con otras personas los ciudadanos de Vallarta an vivido trankilos (sic) hasta que llegaste a imponer tus compromisos que isiste (sic) con lacras tu eres culpable de lo que esta pasando y lo que siga pasando”, se leía en las mantas.
El entonces titular de seguridad en el puerto negó en aquel entonces sus relaciones o acuerdos con el crimen organizado, pero a 15 días de asumir dejó su cargo; regidores del Ayuntamiento de Vallarta pidieron su destitución y la presión terminó por obligarlo a renunciar.
Se fue argumentado que no buscaba entorpecer las investigaciones de la autoridad.
Previo al atentado, el reportero local del medio Vallarta Uno, Jorge Olmos, reportó que una de las camionetas en que Rodríguez Preciado se desplazaba, una Ford Lobo blindada con placas JR 33494, no contaba con placas de vehículo oficial. Además el periodista señaló que operaba principalmente en una residencia ubicada en Conchas Chinas, Vallarta.
Trascendió que en julio del 2013 fue asesinado uno de los que fueran sus escoltas: Juan Carlos Loyola Juárez, elemento de la Policía de Vallarta, asesinado en la colonia El Refugio junto con un elemento del Grupo Sigma de la policía estatal.
Antes de ser jefe policiaco de Vallarta, Rodríguez Preciado fue también titular de la Dirección de Seguridad de Tonalá (2008) y subdelegado de asuntos patrimoniales de la procuraduría estatal, encargado del área de antisecuestros.
Marcado en Tonalá
Durante su gestión como director de seguridad de Tonalá, Roberto Rodríguez Preciado también estuvo envuelto en la polémica, con antecedentes de amenazas a funcionarios cercanos a él, de parte de grupos criminales.
El actual magistrado es considerado una pieza del PAN, por estar vinculado al exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, y a Abraham González Uyeda, con quienes laboró en diversas ocasiones.
González Uyeda es el padrino político del alcalde de Puerto Vallarta, Ramón Guerrero Martínez.
Rodríguez Preciado trabajó como director de la policía durante la administración del alcalde interino de Tonalá, Agustín Ordóñez.
Desde su llegada al municipio tonalteca se decía que era una imposición de parte de González Uyeda, entonces subsecretario de la Secretaría de Gobierno Federal durante el sexenio de Felipe Calderón, dependencia donde el actual magistrado también trabajó.
Durante su paso por Tonalá, en abril del 2009 se dio el hallazgo en una casa que se investigaba tras el asesinato del director de homicidios intencionales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, Carlos Alberto Rayas Rodríguez.
Ahí se encontró una fotografía que mostraba con una cruz marcada la foto de su subdirector de policía, Ignacio Rodríguez Grimaldo.
La imagen de Rodríguez Grimaldo aparecía tomada del sitio de Internet del Ayuntamiento de Tonalá, donde también aparecía el nombre de Rodríguez Preciado. Finalmente su salida de Tonalá se dio tras la llegada del alcalde Jorge Vizcarra Mayorga.
Antes de asumir su cargo como magistrado del Supremo Tribunal, fue director del Instituto de Investigación y Estudios Legislativos del Congreso de Jalisco.
Sus relaciones en el Congreso local quizá le significaron el paso final para asumir el cargo, apadrinado por los panistas.
El magistrado está adscrito a la Octava Sala Especializada en Materia Civil.
El CV del magistrado
Roberto Rodríguez Preciado es maestro en Derecho y se ha desempeñado en diversos cargos de la administración pública, sin haber tenido participación en el Poder Judicial hasta su nombramiento como magistrado.
Aparece como profesor adscrito “honorífico” en el posgrado en Derecho de la Universidad de Guadalajara.
Director de seguridad de las corporaciones de Puerto Vallarta y Tonalá, el magistrado de la octava sala en materia civil también pasó por la Secretaría de Gobierno durante el sexenio de Felipe Calderón; se desempeñó como director general adjunto de la coordinación con entidades federativas.
También trabajó en la Procuraduría de Justicia durante la gestión de Gerardo Octavio Solís, en el sexenio de Ramírez Acuña, como agente del ministerio público y subdelegado de asuntos patrimoniales.