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Tras el aumento de la violencia, los índices de emigración en los estados en donde se concentran los mayores conflictos sociales han ido a la alza. Solo en el 2015, de acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo), el flujo de mexicanos que se vieron en la necesidad de emigrar ilegalmente a Estados Unidos creció en casi un 12 por ciento.
Los estados con mayor cantidad de emigrantes son Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Veracruz y Guerrero, en donde también el índice de violencia ha ido a la alza como resultado de la confrontación de grupos de civiles armados, relacionados con el crimen organizado.
Los estados de Puebla y Zacatecas también se incluyen dentro de la lista de entidades que han visto crecer el índice de emigración, solo que se estima que allí la principal causa del aumento del fenómeno se atribuye a una alza en los niveles de pobreza.
Para el sociólogo Arturo Piña, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la principal causa del aumento en los índices de emigración en México es en realidad la ineficaz política del Gobierno federal y de los estados, que no ha podido solucionar las principales demandas sociales de la población marginada. Aunque no desestima que el índice de violencia también influye en el fenómeno.
Michoacán, de acuerdo a las propias estadísticas del investigador, es el estado que se mantiene a la cabeza en cuanto al índice de emigración a causa de la violencia. De esa entidad, dijo, en promedio mensual se estima que salen casi 200 personas con la única finalidad de radicarse primeramente en Estados Unidos o cualquier parte del país.
La cifra del sociólogo fue avalada por Hugo Cortez, líder de la comunidad de michoacanos en Tijuana, quien aseguró que existen en esa localidad y Rosarito al menos una población de 95 mil michoacanos, cuando apenas hace dos años la población de migrantes michoacanos en Baja California llegaba a los 76 mil habitantes. Pese al conflicto que representa, el fenómeno de la emigración no ha sido atendido en su justa dimensión por ninguno de los gobiernos estatales aludidos. En ninguno de sus programas de gobierno existen programas tendientes a atender a la población considerada como candidata a la emigración. Las oficinas de atención al migrante ofrecen algunas acciones de ayuda, pero es para los paisanos que ya se encuentran radicados fuera de la entidad.
Pueblos fantasmas
En ninguna de las instancias oficiales del Gobierno federal o de los estados con alto índice de emigración existen estadísticas que reconozcan la existencia de pueblos fantasmas, pero cada vez son más las localidades que registran una disminución en el índice poblacional.
En Oaxaca, por ejemplo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) existen al menos 63 localidades rurales, principalmente del noreste del estado, en donde el número de pobladores va en decremento. El caso más notorio se registra en la comunidad de Santiago Tepetlapa, donde de casi 43 mil habitantes, la población se ha reducido a solo 3 mil 200.
En esas localidades el índice de disminución poblacional alcanza en promedio el 21 por ciento anual, lo que apunta que de seguir la tendencia en el flujo migratorio podrían quedar deshabitadas en menos de cinco años.
En Guerrero el caso de emigración más agudo se registra en el poblados de San Luis de la Loma, a dos horas de Acapulco, en donde en menos de tres años la población del lugar ha pasado de 2 mil 300 habitantes a solo 56 pobladores. La mayoría ha decidido salir del lugar por el abandono social en el que se encuentra esa localidad.
El gobierno estatal de Guerrero atribuye la emigración de esa localidad a las amenazas del crimen organizado, pero en el lugar lo que impera es la pobreza. Una pobreza tan extrema que ningún grupo de la delincuencia organizada podría imaginar que los pobladores tuvieran forma de pagar la mínima extorsión.
En Michoacán existen cuatro poblados que prácticamente han quedado desiertos. En la cabecera municipal de Churintzio, donde hasta 10 años se contaba con una población de casi 20 mil habitantes, a la fecha cuenta con menos de 2 mil pobladores. Casas y comercios han quedado en el abandono, no por desidia oficial en la aplicación de los programas de combate a la pobreza, sino por las amenazas del narco.
El poblado de Agandío, del municipio de Madero, Michoacán, en menos de 11 años pasó de tener una población de 340 personas a solo 6 habitantes. Ante la baja poblacional el Gobierno municipal y del estado optó por dejar de considerar esa localidad dentro de las acciones oficiales de gobierno. La mayoría de los vecinos de ese lugar optaron por la emigración ante la falta de asistencia social y prestación de servicios.
El caso más agudo de emigración poblacional en Puebla, se registra en la localidad de Ahuehuetitla, en donde en los últimos cinco años el 97 por ciento de la población ha abandonado sus casas. La población pasó de mil 200 personas a solo 36 habitantes. Cerca de 350 viviendas se encuentran en completo abandono, lo que ha obligado también al abandono de los programas oficiales de gobierno.
En el estado de Jalisco existen al menos 80 poblados con un índice decreciente de población. La causa que el gobierno estatal atribuye a ese fenómeno es la creciente presencia el crimen organizado, el que ha comenzado a intensificar los cobros de extorsión y amenazas de secuestro. El mayor reflejo de esa problemática se ubica en el poblado de Ojuelos, en donde se estima que en los últimos dos años, han sido más de 2 mil personas las que han tenido que emigrar.
La pobreza los aleja
En Zacatecas no es el narco el que ha obligado a la población de al menos 18 poblados a dejar sus comunidades. Allí es el imperio de la pobreza el que empuja a ese fenómeno. Sombrerete es la localidad que mayor índice de emigración registra en esa entidad, al registrar una disminución en su población de casi el 20 por ciento en los últimos cinco años.
La mayoría de los vecinos de Sombrerete han elegido cualquier parte de Estados Unidos para buscar una mejor posibilidad de vida. Y es que en esa localidad, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval) se registra el mayor índice de pobreza, donde se conjuga el abandono oficial y el desinterés de la misma población para remontar su condición de carencias.
Los expulsa el narcotráfico
Aun cuando no existe una instancia oficial que cuantifique las amenazas del crimen organizado sobre la población civil, de acuerdo al sociólogo Arturo Piña, el índice de emigración también pudiera ser atribuible –como segunda causa, después de la pobreza extrema- a la presencia del crimen organizado.
En Michoacán existen datos certeros que apuntan a la guerra que enfrentan los grupos de autodefensa contra el cartel de los Caballeros templarios, como una de las principales razones por las que la población ha optado por dejar sus comunidad; el narco no ha dejado de insistir en el cobro de extorsiones a la población civil, como una forma de sostenerse económicamente.
Lo mismo ocurre en el estado de Veracruz, en donde el cartel de los Zetas ha intensificado su presencia en el grueso de la sociedad, a la que ha sometido a la aplicación de cuotas, principalmente en las zonas de producción rural, donde se estima que 2 de cada 5 productores pagan algún tipo de seguridad a ese cartel.
El cártel del Golfo es otro de los grupos criminales a los que se les atribuye el aumento en el índice de emigración, principalmente en la zona serrana del Oaxaca, en donde el cobro de extorsiones no solo se hace en dinero, sino también en especie, arrebatando a los pobladores desde ganados, terrenos agrícolas y vehículos, dijo el sociólogo Piña Romero.
Por su parte al CJNG, de acuerdo al especialista de la UNAM, se le atribuye el desplazamiento inusitado de personas que se ha comenzado a registrar desde hace unos meses desde al menos 80 localidades del sur y occidente del estado de Jalisco hacía la frontera norte del país, en buscan de un escape a la inseguridad.
