El gobierno de Ángel Aguirre Rivero manda dobles discursos respecto a estos grupos
Bajo la sombra de la confusa Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura Indígena del estado de Guerrero, grupos de uniformados, armados y a veces encapuchados, se ostentan como un gobierno alterno al de Ángel Aguirre Rivero.
Dichos grupos se establecen sobre todo en comunidades de corte indígena y ostentan autoridad absoluta para detener, encarcelar, establecer condenas, trabajo forzado y vejaciones en contra de quienes, a su criterio, son delincuentes.
Previo a su aprobación, en múltiples asambleas regionales se consideró que esta ley debía ser consultada conforme a lo establecido en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, por lo que se solicitó a las instituciones encargadas (Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Secretaría de Asuntos Indígenas) que se llevara a cabo una consulta libre, previa e informada conforme a derecho.
La ley se publicó el 8 de abril de 2011 sin que se realizara este vital proceso.
Y al amparo de esa ley -que refiere el derecho de los pueblos indígenas para organizarse y hacer justicia de acuerdo a sus usos y costumbres- estos grupos armados comenzaron a operar fuera de territorios catalogados como indígenas.
A lo largo de los años estas Policías Comunitarias, que se deslindan de la figura de autodefensas, se empoderaron en las regiones de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero.
Con el estandarte de “Reeducación” en sus comunidades, comenzaron a ejecutar levantones, a operar cárceles semiclandestinas bajo el camuflaje de casas de justicia y a exigir dinero en efectivo y cabezas de ganado a cambio de la liberación de los detenidos.
Como era escasa su fuerza, el gobierno los dejó operar. Sin embargo, a partir de enero de 2013, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) expandieron en gran medida su presencia en el estado de Guerrero al pasar 11 a 37 municipios en las regiones de la Montaña, Costa Chica, Centro y Norte.
El Ejército Mexicano y la Marina tienen documentada su presencia y operaciones.
Ya sin control, estos grupos radicalizaron sus acciones al confrontar a la autoridad no solo de sus municipios, sino del estado y de la Federación, al retener funcionarios, bloquear carreteras y ordenar detenciones y cateos arbitrarios.
Hoy, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero -quien manda públicamente dobles discursos respecto a estos grupos- está contra la pared.
Por un lado habla de poner un alto a los excesos de estos grupos, pero también los apoya con recursos económicos y coquetea con la idea de una Ley de Amnistía.
En ese escenario, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigieron vía la Secretaría de Gobernación (Segob) se informe de manera puntual la realidad que acontece respecto a Nestora Salgado y otros comandantes de la CRAC que fueron detenidos el pasado 21 de agosto de 2013 en un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano, Marina, Policía Federal y la ministerial del Estado.
Por otra parte, la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero (PJEG) ha logrado documentar una larga serie de testimonios que rindieron víctimas directas de los llamados policías comunitarios, en las que se detallan abusos.
Ante el Ministerio Público de Acapulco, Guerrero, Bernardino García García -quien forma parte de la Policía Comunitaria de las CRAC- declaró que en ocasiones les piden cantidades de dinero a los familiares de los detenidos a cambio de su libertad.
“Estas personas las tenemos estrechamente vigiladas y con medidas de seguridad, intimidándolos o diciéndoles que si pretenden irse los matamos, también contamos con candados en la puerta de entrada y dos elementos de la policía comunitaria, los cuales cuentan con armas calibre 22 y rifles calibre 20”, aceptó.
Divide opiniones Policías Comunitarios
En los últimos dos años, creció la inconformidad ciudadana y de algunas autoridades municipales en contra de estos grupos que con el discurso de defender a sus comunidades de la delincuencia se armaron y comenzaron a gobernar de manera paralela.
Los relatos de víctimas de las Policías Comunitarias exhiben que dichos cuerpos armados rebasaron sus atribuciones y operan en territorios de Guerrero que no son considerados como indígenas.
Y es que aunque la Ley 701 permite la creación de las Policías Comunitarias, estas deben circunscribir sus operaciones solo al territorio donde fueron elegidas por las comunidades indígenas.
Por si fuera poco, desde el 2012 algunos ciudadanos y comisarios de algunos municipios de Olinalá, Guerrero -donde la Comandante Néstora era la responsable de la Policía Comunitaria- habían manifestado por escrito su total desacuerdo con las operaciones de la dicha policía.
En una carta dirigida a Enrique Peña Nieto, comisarios municipales y auxiliares, así como organizaciones civiles de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, le solicitaron al presidente de la República que sean las instituciones legalmente establecidas quienes impartan justicia.
“(La Policía Comunitaria) no es aceptada debido a que han cometido una serie de atropellos, violentando nuestros derechos y garantías individuales como ciudadanos por lo que exigimos al Gobierno del Estado de Guerrero que las desaparezca, ya que el pueblo no ha elegido a este grupo armado, quienes lo único que han buscado es hostigar a la gente”, puntualizan en su acta de acuerdo.
Y si el pueblo no la eligió ¿que hacía Nestora Salgado y sus huestes en Olinalá?
La captura de la comandante
En el expediente AP/136/3013 se acumularon diversas denuncias por el delito de secuestro que coincidían en señalar como responsables a Nestora Salgado García, Jesús Coronel Díaz, Miguel Zapoteco Vergara y Noel Silva Coronel.
El 21 de agosto de 2013, mediante operativo de la PJEG, el Ejército Mexicano, la Marina y la Policía Federal Preventiva se capturó a la comandante Nestora Salgado y colaboradores.
Los dos días siguientes se catearon las casas que servían como cárceles, fundamentalmente la comunidad de El Paraíso, en el municipio de Ayutla, donde fueron rescatadas 39 personas que estaban privadas de su libertad y se detuvieron a 13 guardias comunitarios.
También en la localidad de Tlatlauquitepec se rescataron a tres personas, entre ellos al síndico municipal de Olinalá, el priista Armando Patrón Jiménez, a quien Nestora ordenó secuestrar (reeducar) bajo el argumento de que lo encontró borrando evidencias en un caso de crimen de dos ganaderos de la región.
La detención de Nestora Salgado calentó los ánimos entre los grupos armados en el estado de Guerrero y dividió opiniones: para algunos se detuvo a una líder indígena, para otros a una secuestradora que con el falso discurso de apoyo a su comunidad privó de la libertad y exigió rescates a sus familiares.
Antes de que finalizara el 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó al gobernador Ángel Aguirre de financiar a los grupos de autodefensa desde el aparato del Estado.
El ombudsman, Raúl Plascencia informó a nivel nacional a partir de un informe especial que, de enero a junio de 2013, el gobierno de Aguirre transfirió 11 millones 615 mil pesos a los grupos de la CRAC y la UPOEG.
El encarcelamiento de Nestora Salgado en el Centro Federal Femenil número 4 del Noroeste con sede en Tepic, Nayarit, donde hasta hoy permanece recluida, había levantado ámpula.
Para matizar las acusaciones de financiamiento a grupos armados, el gobierno de Aguirre argumentó el apoyo a estos grupos debido a que estaban legalmente reconocidos por la Ley 701 y comenzó a hablar de una Ley de Amnistía para liberar a los presos políticos.
Para esas fechas, la Procuraduría de Justicia del Estado tenía en marcha todo un andamiaje con los testimonios en contra de Nestora Salgado y sus policías.
¿Qué decirle a las víctimas? ¿Qué el gobernador pensaba perdonar y liberar a sus plagiarios?
Además de la intentona del gobernador por liberar a Nestora y sus huestes, la firma de abogados, encabezados por Emiliano Robles Gómez Mont, logró que el Primer Tribunal unitario del Vigésimo primer circuito dictara el auto de libertad a favor la líder indígena.
El juez federal revocó el auto de formal prisión a Nestora por los cargos de delincuencia organizada en modalidad de secuestro y secuestro agravado y ordenó fuera liberada con las reservas de la ley.
Sin embargo, en el ámbito del Ministerio Público local del Estado de Guerrero Nestora tendrá que enfrentar las acusaciones de secuestro que existe en su contra.
