A la par de que los estragos económicos por la pandemia de COVID-19 comenzaron a cimbrar los cimientos de las arcas del gobierno, la deuda de entidades y municipios aumentó 4.6 por ciento a finales de 2021 en comparación con el mismo cuarto trimestre pero del año anterior.
El estudio también revela que al cuarto trimestre de 2021, la deuda subnacional como proporción de las participaciones federales fue de 72.4 por ciento, cifra mayor en 4.7 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre de 2020 y la deuda como proporción del Producto Interno Bruto Estatal se ubicó en 3.0 por ciento, cifra superior en 0.3 puntos respecto del mismo trimestre del año anterior.
Las entidades con mayor deuda por habitante respecto del total fueron Nuevo León con 14 mil 513.6 pesos, Chihuahua con 13 mil 725.9 pesos, Quintana Roo con 12 mil 537.3 pesos, Coahuila con 12 mil 282.4 pesos, Ciudad de México con 10 mil 208.4 pesos y Sonora con 10 mil 202.7 pesos.
En contraparte, según el documento elaborado por el IBD, los estados con menor deuda per cápita fueron Guerrero con mil 050.5 pesos, Puebla con 915.0 pesos, Querétaro con 29.6 pesos y Tlaxcala con 0.0 pesos.
Mientras que los municipios que mostraron un mayor endeudamiento fueron: Tijuana con 2 mil 563.1 millones de pesos, Monterrey con mil 930.9 millones de pesos, Hermosillo con mil 875.4millones de pesos, Guadalajara con mil 401.4 millones de pesos, Zapopan con mil 137.2millones de pesos, León con 977.7 millones de pesos, Mexicali con 946.2 millones de pesos, Benito Juárez con 932.1 millones de pesos y San Nicolás de los Garza con 902.2 millones de pesos.
La principal fuente de financiamiento de los gobiernos subnacionales fue la banca múltiple en un 55.4 por ciento, la banca de desarrollo en 35.8 por ciento, emisiones bursátiles en un 7.4 por ciento y otras fuentes de financiamiento en 1.4 por ciento.
Disciplina financiera
La investigación del Instituto Belisario Domínguez fue posible gracias a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios de 2016, la cual establece criterios para transparentar el uso del financiamiento de los gobiernos locales.
Gracias a la reforma, la ley fija nuevas reglas de disciplina financiera que contemplan mecanismos de equilibrio presupuestario y de distribución de ingresos excedentes; un sistema de alertas, el cual mide los niveles de endeudamiento, del servicio de la deuda y las condiciones de liquidez de las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos; y un Registro Público Único que permite la inscripción de la totalidad de las obligaciones de los gobiernos locales.
De acuerdo con el sistema de alertas, el IBD destaca que seis estados presentan un nivel de endeudamiento en observación: Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Quintana Roo; y 24 entidades federativas muestran un nivel de endeudamiento sostenible.
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En junio de 2017, la SHCP publicó por primera vez los resultados del Sistema de Alertas y con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 2016 se concluyó que 20 entidades federativas mostraron un endeudamiento sostenible, 10 clasificaron en observación, y sólo Coahuila mostró un endeudamiento elevado, sin posibilidad de adquirir mayor financiamiento para ese año.
Actualmente, el número de entidades con un nivel de endeudamiento sostenible disminuyó, pero en el último trimestre del 2021 Colima empeoró su resultado al pasar de un semáforo verde a uno amarillo debido a su capacidad de pago y disponibilidad financiera.
El IBD también reveló que Durango volvió a entregar información insuficiente para llevar a cabo la medición y San Luis Potosí no presentó la información necesaria para realizar la medición y no aclaró los motivos de la omisión.
El caso de la deuda en Chihuahua
Mientras algunos gobernadores de las entidades más endeudadas guardan silencio, como Samuel García en Nuevo León, otros culpabilizan a las administraciones anteriores de la situación económica pero siguen actuando de la misma manera.
En Chihuahua, la gobernadora panista Maru Campos acusó a su compañero de partido y exmandatario, Javier Corral, de dejar su administración con una deuda que se incrementó en más de 12 mil millones de pesos durante el sexenio.
“Dejó una deuda de 65 mil millones de pesos, peor que con César Duarte. Corral gobernó sin control presupuestal ni disciplina financiera”, acusó Campos al tomar posesión del cargo.
Pero en sus primeros 100 días de gobierno, revelaron medios locales, la gobernadora de Chihuahua solicitó cuatro préstamos por un total de mil 150 millones de pesos, lo que posicionó a la entidad en un “nivel de endeudamiento en observación”.
A pesar de esta situación, a inicios de mes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, respaldó a Campos diciendo que la panista ha sabido poner en orden las finanzas de la entidad.
“Ella es muy escrupulosa, muy profesional en el manejo de la deuda, en el asunto de la generación de ingresos propios que le permita ir equilibrando financieramente al estado. No es fácil, recibió una de las mayores deudas y ella ha podido reorientar las cosas”, dijo el titular de la Segob.
López Hernández, después de reunirse con la mandataria, le agradeció públicamente por no haber solicitado apoyo económico extraordinario a la Federación como sí lo han hecho otros gobernadores que se encuentran en la misma situación.