Los especuladores de El Zapotillo, en la mira de ASF

Aunque el proyecto federal de la Presa El Zapotillo ha quedado entrampado en conflictos legales, sus constructores han visto incrementar el valor de sus contratos hasta en más de 100 por ciento; la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicita investigar y sancionar a los funcionarios de Conagua que fallaron en su planeación
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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El proyecto federal de la Presa El Zapotillo que se encuentra entrampado por conflictos legales ha dejado grandes ganancias para las empresas que están a cargo de su construcción, las cuales han visto crecer el valor de sus contratos hasta en más de 100 por ciento, según lo detalla la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La Presa El Zapotillo, recuerda la ASF, tenía “por objetivo garantizar durante los próximos 30 años el suministro de agua potable a los Altos de Jalisco y a la ciudad de León, Guanajuato, así como regular volúmenes para abastecer a la Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG) mediante el aprovechamiento de las aguas del Río Verde”.

Sin embargo, la mala planeación por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como lo corrobora la ASF en su auditoría 200-DS, condujo a que el proyecto terminara envuelto en problemas jurídicos, no obstante que ya suma una inversión pública de 23 mil 501 millones 242 mil 600 pesos.

En su revisión del proyecto de la presa dentro de la Cuenta Pública 2019, la ASF encontró que el contrato SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP, para el “Diseño y construcción de la presa de almacenamiento El Zapotillo sobre el Río Verde”, ha tenido un incremento en su valor del 57.58 por ciento.

Este contrato se encuentra en manos del consorcio de las empresas La Peninsular Compañía Constructora, FCC Construcción, y Grupo Hermes, y mientras en 2009 fue asignado por dos mil 194 millones 768 mil 700 pesos, ha sido modificado en estos años para elevarlo a tres mil 458 millones 526 mil 900 pesos.

“A la fecha de la revisión (noviembre de 2020) los trabajos objeto del contrato y el último convenio no se habían concluido (…), faltando por ejercer 256,261.3 miles de pesos (es decir, 256.2 millones de pesos)”.

Un segundo caso es el contrato SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP, asignado a Sistemas Avanzados en Ingeniería Civil y OESTEC de México, para la “supervisión técnica, financiera y control de calidad de diseño, desarrollo de ingeniería y construcción de la presa de almacenamiento ‘El Zapotillo’”.

Este contrato tenía un valor original en 2009 de 66 millones 122 mil 600 pesos, pero con los años transcurridos y las modificaciones ahora tiene un valor de 142 millones 993 mil 500 pesos, esto es, un 116.25 por ciento más: “A la fecha de la revisión (noviembre de 2020) los trabajos objeto del contrato no se habían concluido, (…), faltando por ejercer 12,498.1 miles de pesos (12.4 MDP)”, se explica.

Otro caso

El tercer caso es el contrato 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-POR-011, asignado a Sistemas Avanzados en Ingeniería Civil y Rocher Ingeniería, para la “supervisión técnica, financiera, control de calidad y seguimiento de la construcción de urbanización, equipamiento urbano, viviendas y obras complementarias para el reasentamiento del poblado de Acasico, en el municipio de Mexticacán, Jalisco”.

Este contrato asignado en 2015 tenía un valor original de 26 millones 528 mil 300 pesos, y ahora es de 46 millones 470 mil 400 pesos, esto es, un 75.17 por ciento más: “A la fecha de la revisión (noviembre de 2020) los trabajos objeto del contrato no se habían concluido (…), faltando por ejercer 13,560.3 miles de pesos (es decir, 13.5 mdp)”.

Un caso distinto es el contrato SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-RF LP, asignado a Proinfra Promotora de Infraestructura, para la: “Construcción de urbanización, equipamiento urbano, viviendas y obras complementarias para el reasentamiento del poblado de Acasico, en el municipio de Mexticacán”.

El valor de este contrato asignado en 2015 continúa siendo de 465 millones 349 mil 200 pesos: “A la fecha de la revisión (noviembre de 2020) los trabajos objeto del contrato no se habían concluido (…), faltando por ejercer 257,082.2 miles de pesos (257.0 mdp)”, aunque en realidad se encuentra en proceso de cancelación, según comunicó la Conagua a la ASF.

“Manifestó que si bien durante la visita al sitio de los trabajos efectuada por el personal de la ASF, del contrato núm. SGAPDSOCLSP-JAL-15-012-RF LP, cuyo objeto consiste en la urbanización, equipamiento urbano, viviendas y obras complementarias para el reasentamiento del poblado Acasico (…), dichos trabajos se encuentran abandonados, debido a que desde el pasado 10 de febrero de 2020 se instauró el procedimiento de rescisión de dicho contrato por incumplimiento a las obligaciones contraídas”.

ASF pide sanción por El Zapotillo

En su investigación, la ASF concluye que fue la mala planeación del personal de la Conagua la que produjo los conflictos legales alrededor de la Presa El Zapotillo, particularmente el que se suscitó entre el Congreso de Jalisco y el Ejecutivo estatal, y que derivó en que la cortina del proyecto se redujera de 105 metros de altura a 80.

El Congreso jalisciense promovió una controversia constitucional contra el Ejecutivo local para dejar sin efectos el convenio que fundamentaba el proyecto de 105 metros; la Corte le dio la razón al primero, pero eso llevó a que la capacidad de la presa ahora resulte insuficiente para dotar de agua a la metrópoli de Guadalajara.

La ASF emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Conagua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, realizaron una deficiente planeación del proyecto ni obtuvieron los permisos y derechos de vía de la zona a inundar con antelación al inicio de los trabajos

Dictamen de la Auditoría

“Lo que repercutió, entre otros eventos”, indica el informe, “en que el Congreso del estado interpuso la controversia constitucional número 93/2012 objetando, entre otros, la altura de la cortina que se licitó en 105 metros, misma que de acuerdo con el resolutivo dictado por la SCJN del 7 de agosto de 2013 se redujo a 80 metros, proceso legal que retrasó los trabajos y el consecuente cumplimiento de las metas establecidas”.

De haberse realizado una planeación eficiente, sentencia, se hubiera evitado la interposición de la referida acción legal y el atraso que su sustanciación ocasionó.

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