Las indagatorias que ha emprendido la Secretaría de la Función Pública contra funcionarios del Gobierno federal, tras haber detectado incrementos inexplicables o injustificados en su patrimonio durante la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, indican que el área con la mayor problemática en esta materia es Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los registros que proporcionó la Secretaría vía transparencia, arrojan, por lo tanto, que ha sido en Pemex donde ha descubierto los mayores crecimientos inexplicables o injustificados en el patrimonio de sus funcionarios públicos, por un monto total de 232 millones 124 mil 550.48 pesos.
Este enriquecimiento de los funcionarios se detectó mediante la apertura de 25 investigaciones, durante los años 2019, 2020 y 2021, tanto en Pemex, como en Pemex Exploración y Producción; Pemex Refinación; Pemex Cogeneración y Servicios (subsidiaria con declaratoria de liquidación); y su empresa filial, P.M.I Comercio Internacional.
Precisamente el 18 de marzo de 2022, el presidente de México, López Obrador, conminaba a seguir combatiendo la corrupción al interior de Pemex.
“No permitamos nunca más la corrupción en Pemex, limpiemos por completo, terminemos de limpiar la corrupción en Pemex. Lo mismo ocurre en la Comisión Federal de Electricidad. No le demos ningún pretexto a los conservadores, que no tengan ninguna excusa, porque estas empresas del pueblo tienen que ser ejemplo en la administración honesta de los bienes del pueblo, de los bienes de la nación”.
La empresa productiva del Estado actualmente está en manos de Octavio Romero Oropeza, sin embargo, quien fuera su director durante el Gobierno que encabezó Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, se encuentra recluido en prisión preventiva por actos de corrupción, como la presunta recepción de sobornos en el caso Odebrecht, y la compra a sobreprecio de la empresa Agronitrogenados.
Indagatorias anticorrupción, más alla de Pemex
Luego de Pemex, las siguientes instancias del Gobierno de México donde se han detectado los mayores incrementos inexplicables o injustificados en el patrimonio que reportan sus funcionarios, incluyen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un monto total de 170 millones 233 mil 502.86 pesos, que se documentaron mediante 21 indagatorias.
En el tercer sitio se encuentra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (oficialmente: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes), que encabeza Jorge Arganis Díaz Leal, y donde la riqueza de los funcionarios creció injustificadamente por un total de 84 millones 297 mil 966.92 pesos, detectados en seis expedientes.
En el cuarto lugar figura Liconsa, la empresa de participación estatal mayoritaria, donde sus funcionarios aumentaron su patrimonio en 77 millones 422 mil 987.69 pesos con ingresos sin un origen claro, de acuerdo con seis expedientes indagados.
El 18 de agosto de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que se habían encontrado múltiples actos de presunta corrupción en los organismos Segalmex, Liconsa y Diconsa, que están vinculados entre sí por la naturaleza de sus funciones:.
“Hay 38 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, la SFP y la propia Fiscalía, por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa”.
También informó que los montos observados por la SFP y por el órgano auditor superior (ASF) suman alrededor de 9 mil 500 millones de pesos contra las tres entidades.
El organismo público descentralizado en liquidación, Ferrocarriles Nacionales, aparece en el quinto sitio, pues en solo dos procedimientos se identificó un crecimiento irregular en la riqueza de sus funcionarios, por una cantidad total de 69 millones 589 mil 027.38 pesos.
Otro organismo del Gobierno de México con una problemática seria en este ámbito, y que lo hace aparecer en el sexto lugar, es Lotería Nacional para la Asistencia Pública, pues en un solo expediente se corroboró un aumento inexplicable o injustificado en la riqueza de sus miembros, por un monto de 65 millones 193 mil 822.85 pesos.
Otros focos rojos
La Secretaría de Energía que encabeza Rocío Nahle García, también ocupa un lugar importante en estos registros (el séptimo escaño), pues con una sola indagatoria se rastreó un crecimiento con un origen incierto en el patrimonio de sus integrantes por 40 millones 499 mil 555.76 pesos.
En el octavo sitio se encuentra la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, un organismo público que encabeza Luis Alberto Placencia Alarcón, y donde se abrieron cinco expedientes que arrojaron un alza irregular en el patrimonio de sus funcionarios por 35 millones 933 mil 172.66 pesos.
Tampoco se salva la Secretaría de Desarrollo Social (oficialmente Secretaría de Bienestar, en noveno lugar), en manos de Ariadna Montiel Reyes, pues en esa dependencia se abrió una investigación que descubrió un crecimiento injustificado en los bienes de sus miembros por 35 millones 735 mil 114.29 pesos.
Las indagatorias de la Secretaría de la Función Pública también rastrearon este tipo de enriquecimiento irregular en el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), en manos de César Buenrostro Moreno, mediante un expediente por 35 millones 402 mil 209.46 pesos (décimo sitio).
El onceavo lugar es para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con cuatro expedientes por estos enriquecimientos inexplicables o injustificados entre sus integrantes, por 35 millones 324 mil 091.17 pesos, lo que no ha desincentivado al presidente, López Obrador, de seguir trasladando hacia el sector militar funciones y proyectos de infraestructura de carácter civil.
En números totales, la SFP señala que durante el Gobierno de López Obrador, ha iniciado 154 expedientes por el aumento inexplicable o injustificado del patrimonio de sus funcionarios, por un monto total de mil 273 millones 210 mil 399.83 pesos (folio 330026522001678)
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