Los ecos de la bestia
La cancelación del permiso para que la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab S.A. de C.V. siga operando el tren conocido como La Bestia impactará con fuerza en la zona sur del país.
J. Jesús Lemus
La cancelación del permiso para que la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab S.A. de C.V. siga operando el tren conocido como La Bestia impactará con fuerza en la zona sur del país.
No sólo disminuirá el movimiento económico de la zona, también afectará a miles de indocumentados que ingresan desde Centroamérica con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció la suspensión de actividades de La Bestia en un comunicado. Establece que la decisión del rescate de la concesión ferroviaria es por “causas de interés, utilidad públicos y seguridad nacional”.
Para algunos defensores de los derechos humanos de los migrantes, como el sacerdote Alejandro Solalinde, la medida es “un acto desesperado del Gobierno federal por frenar el flujo migratorio, desde Centroamérica hacia Estados Unidos”.
La cancelación de la concesión a la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab S.A. de C.V., podría representar el fracaso del Gobierno mexicano en su atención a la inmigración transpaís.
De acuerdo al padre Solalinde, el flujo migratorio ha ido en aumento en los últimos cinco años.
En el 2014 la federación anunció inversiones “por mil 500 millones de pesos para la rehabilitación de las vías y aumentar así la velocidad de La Bestia, lo que evitaría que los inmigrantes utilizaran ese tren como transporte rumbo a Estados Unidos”; pero el paso de indocumentados no se pudo frenar.
De acuerdo al estudio “El Impacto de la Globalización y la Movilidad en el Derecho de la Inmigración en México”, del investigador Ángel Martín Junquera Sepúlveda, de la Unión Internacional de Abogados (UIA), el Gobierno federal también consideró inversiones en “la compra de equipo de vigilancia del convoy y de vehículos para realizar los operativos” contra los migrantes.
La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) no cumplió con su promesa de inversión para mejorar ese transporte, tanto para garantizar la seguridad de la carga, como para evitar que La Bestia fuera utilizado como vehículo de traslado de los inmigrantes.
De acuerdo a Paulo Díez, abogado general de la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab S.A. de C.V., desde que se entregó en apariencia la concesión del tren a esa empresa, la SCT no sacó las manos del manejo en esa línea ferroviaria.
“La SCT siempre estuvo a cargo de la operatividad de este tren, aunque hoy se quiera decir lo contrario”, explicó Diez.
De acuerdo a la propia compañía ferrocarrilera, a la que se le ha revocado la concesión que le fue otorgada en 1999 y que fue ratificada en el 2012, a través de La Bestia se moviliza casi el 12 por ciento de los productos a comercializar de los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Veracruz y Puebla.
Pero el impacto más importante se estima entre los inmigrantes centroamericanos, quienes desde hace más de dos décadas la utilizan como único medio de transporte para aproximarse al sueño americano.
Sin La Bestia, su trayecto hacia la frontera norte se estima aún más peligroso, por la presencia activa del crimen organizado.
Una revocación oscura: Díez
Para el abogado general de la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab S.A. de C.V., el acto anunciado por la SCT sobre el rescate de la concesión ferroviaria de La Bestia es una reacción del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al que la compañía afectada señala de actos de corrupción.
“Es un acto de revancha desde el poder por parte de Ruiz Esparza; es la respuesta que mi cliente ha logrado por todas las denuncias de corrupción que se han hecho en las licitaciones públicas de obras de esa secretaría, en donde la empresa más beneficiada ha sido OHL, una de las consentidas de esta administración”.
La revocación de la concesión del tren, dijo Paulo Díez, es oscura, por eso adelantó que pelearán en tribunales el derecho que tiene su cliente a defender sus intereses económicos.
Entre los actos de corrupción denunciados, Díez mencionó los documentados en las obras del Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario, la autopista Amozoc-Perote, en donde hay fallas desde las licitaciones públicas hasta en la manipulación contable de OHL.
Bajo operación federal
El tren, que oficialmente pasará de nueva cuenta a manos de la federación, una vez transcurridos 60 días para que la concesionaria retire sus activos invertidos, en realidad nunca dejó de estar bajo la instrucción de operatividad del Gobierno federal, dijo Díez.
Aun cuando el Gobierno tenía entregada la concesión de La Bestia, en el 2007 modificó la legislación vigente para entregar el manejo ferroviario en ese tramo a la empresa de participación estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S. A. de C.V.
La falta de operación de esa empresa fue lo que hizo que las condiciones del tren se vinieran abajo, consideró Paulo Díez.
La versión oficial sobre esta medida apunta que “los bienes materia de la Concesión vuelven de pleno derecho a la posesión, control y administración de la SCT e ingresan a su patrimonio la totalidad de los bienes, derechos, equipos e instalaciones destinados directamente a los fines de la Concesión”.
Pero el litigante estima que esos bienes serán mínimos, “pues la SCT nunca invirtió en las mejoras de esa red ferroviaria, incluido el tren, y los equipos con los que operaba La Bestia en realidad fueron aportados por la concesionaria, en la mínima medida en que lo permitió el Gobierno federal”.