Los desaparecidos de Villa Purificación

La llegada de más de 10 mil efectivos del Ejército mexicano a la entidad desde que arrancó la Operación Jalisco, ha abierto un nuevo frente polémico para las fuerzas castrenses. 

Se relaciona, presumiblemente, a la desaparición de 40 personas en la región Costa Sur de la entidad.

El pasado primero de mayo, la Operación Jalisco, conformada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), comenzó a temprana hora en la citada zona.

Su objetivo es capturar a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Antes de las 8:00 horas de aquel primero de mayo, un helicóptero Cougar ya había sido derribado por sicarios al servicio de Oseguera. Así iniciaba una jornada violenta en Jalisco.

El saldo: 39 narcobloqueos, afectaciones en 25 municipios, 19 personas heridas, y 19 detenidas –tres han sido liberadas por falta de pruebas–, así como nueve oficiales muertos por la caída de la aeronave.

En esos días comenzaron a desaparecer personas en municipios de la región, como Villa Purificación, Casimiro Castillo y El Grullo.

Según testimonios de pobladores de la zona, unas 40 personas desaparecieron durante esas fechas. 

Y más: cerca de 25 cadáveres estuvieron a la intemperie por casi 15 días, en un punto cercano al que fue derribado el helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana.

El 19 de mayo pasado corrió la versión de que un enfrentamiento en Villa Purificación habría dejado al menos ocho muertos. 

La Fiscalía General del Estado, durante la tarde de ese día, informó que tales cuerpos eran  de personas abatidas en los sucesos del 1 de mayo de 2015.

De acuerdo con la dependencia estatal, los cadáveres habían sido entregados al Servicio Médico Forense, apenas el 3 de mayo pasado, por lo que se encontraban en un avanzado estado de descomposición.

La delegación de la PGR en la entidad reforzó la versión: los ocho cadáveres habían sido llevados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero no se podían identificar por lo descompuesto que estaban.

‘Esos perros mataron a mis compañeros’

El 2 de mayo pasado, el teléfono de Rosa Mondragón Serrato sonó; la llamada cambiaría su vida.

“Una voz masculina me decía que si conocía al señor José Antonio Gaona de la Mora, a lo que respondí que era mi esposo. 

“El mismo sujeto me manifestó que el mismo había perdido la vida al ser abatido por elementos del Ejército mexicano, en la población de Villa Purificación, Jalisco, que debía ir a aquella población a reclamar el cadáver”, se lee en la solicitud de amparo que la mujer tramitó el 14 de mayo pasado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, con el número de expediente 666/2015.

En el mismo documento, Rosa narró que ella y otras familias afectadas acudieron al paraje Villa Vieja, en donde se encontraba un campamento militar. 

“Pudimos observar varios cuerpos sin vida, a cielo abierto, en condiciones infrahumanas, y al preguntar a uno de los militares con uniformes verdes, que si podíamos pasar a verificar si entre los cadáveres se encontraban nuestros familiares, nos manifestó dicho militar: esos perros no se los vamos a entregar, ahí se van a podrir.

“¿Sabían, señoras, que esos perros mataron a mis compañeros?, por eso se van a quedar aquí hasta que se los traguen los perros y los zopilotes”, presuntamente dijo el soldado.

José Antonio Gaona era un trabajador de una mina. Había salido a mediados de abril para trabajar en ella. Fue la última vez que su esposa le vio.

Rosa acudió ayer a la delegación de la PGR en Jalisco  para verificar si las pruebas de ADN de alguno de los cuerpos correspondía al de su marido. 

Las autoridades de la dependencia federal se limitaron a decirle que tendría que hablar con funcionarios de la Ciudad de México. Y la mandaron de regreso al Semefo local.

“Desde el 4 de mayo empecé a conocer más gente, familias de desaparecidos, gente de Villa (Purificación), que tiene miedo y está aterrorizada por el Ejército que está desde Tonaya, El Grullo, Autlán, toda esa parte”, declaró ayer la mujer a la prensa local.

El abogado Javier Díaz detalló que representa a Rosa y a otras cinco familias afectadas supuestamente por los militares; los desaparecidos, dijo, se dedican a labores rurales, mineras y de aserraderos de la zona.

“Nos comentan las señoras que hay varias personas afectadas por los actos de los militares en la zona. No han dejado subir a los potreros, los animales de ganado están muriéndose por falta de agua, dicen que los militares hacen uso de ellos para comer. Hay varias irregularidades en lo que es Casimiro Castillo, Villa Purificación, El Grullo”, dijo el abogado.

La defensa promovió una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

De acuerdo con Juan Carlos G. Partida, corresponsal de La Jornada en Jalisco, la queja quedó asentada con el número 46883/2015, aunque según Díaz, no ha sido elevada a rango de queja.

¿Nuevo Tlatlaya?

Una semana posterior a los narcobloqueos que paralizaron la entidad el 1 de mayo pasado, un ejército de 10 mil soldados llegó a la entidad, acompañado de 300 vehículos de artillería pesada.

El despliegue forma parte de la Operación Jalisco, de la cual, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó el 5 de mayo, aquí, que será coordinada por el general Miguel González Cruz, en cuyo historial destaca haber sido comandante de la octava zona militar, en Tamaulipas, estado asediado desde hace años por el crimen organizado.

En su edición 2011, el semanario Proceso publicó que a cargo del operativo fallido del 1 de mayo para capturar a “El Mencho”, estaba el general José Luis Sánchez León, responsable del Estado Mayor de la V Región Militar, en el municipio de Zapopan.

Sánchez León, quien fuera comandante de la 22 zona militar, con sede en el Estado de México, ha salido a relucir en el caso Tlatlaya, en el que militares estuvieron involucrados con el deceso de 22 civiles, en junio del año pasado.

El militar fue removido a finales de septiembre pasado por el citado caso y enviado a Guadalajara, en octubre de 2014.