Guardianes del orden y la legalidad, los cuerpos policiacos de Jalisco no están exentos de la comisión de delitos y sanciones que poco a poco han mermado la imagen de las fuerzas civiles de seguridad a nivel local.
Casos como la desaparición de los tres ciudadanos italianos en el sur de Jalisco, donde cuatro policías entregaron a dichas personas ante miembros del crimen organizado, así como la intervención de las fuerzas estatales y militares en diversos municipios de interior del estado, han deteriorado la imagen de un buen desempeño por parte de los agentes de seguridad.
En el sexenio de Aristóteles Sandoval, la Fuerza Única, dependencia a cargo de la Fiscalía General del Estado, realizó intervenciones en las labores administrativas y operativas de 14 corporaciones policiales en los municipios debido a la infiltración o la incapacidad para cumplir sus labores de seguridad.
En 11 de las corporaciones intervenidas se detuvieron a un total de 54 elementos policiacos que presuntamente operaban para grupos criminales de su localidad o por la comisión de un delito
La otra cara de la moneda en el debate sobre el papel de la policía local son los delitos en los que han estado involucrados sus elementos. Datos de la Fiscalía General del Estado entregados a Reporte Índigo, vía transparencia en el expediente LTAIPJ/ FG/2988/2018, muestran la existencia de diversas carpetas de investigación por delitos como extorsión y amenazas llevadas a cabo por oficiales municipales y estatales.
Los medios locales han consignado, tras estas intervenciones municipales, que las corporaciones se han visto involucradas en delitos como desaparición forzada, secuestro, vínculos con el crimen y la portación de armas que no cuentan con el debido registro.
Sin embargo, oficialmente, los datos que aporta la Fiscalía General del Estado en cuanto a las investigación donde se han visto involucradas las fuerzas de seguridad sólo se consignan por delitos como la extorsión o amenazas.
De acuerdo con lo que se muestra en los registros de la Dirección General de Contraloría y Visitaduría, hubo 17 carpetas de investigación abiertas por extorsión y 39 por amenazas tan sólo en el 2018. Estas investigaciones involucran a personal de la propia fiscalía, así como de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque y Acatlán de Juárez.
Entre 2013 y 2018, durante la administración estatal de Aristóteles Sandoval Díaz, se abrieron 73 averiguaciones previas o carpetas de investigación por el delito de extorsión y 184 por amenazas.
Cabe destacar que una de las dependencias más señaladas en estos delitos, por su aparición recurrente en los registros entregados a Reporte Indigo, es la propia Policía estatal, que depende de la FGE.
Además la Fiscalía Central detalló que entre 2006 y 2018 se han dado algunas sentencias condenatorias contra estos agentes señalados. Sin mencionar el periodo exacto, la dependencia da cuenta de dos sentencias por homicidio y cuatro por extorsión, imputadas a policías municipales. En tanto que cinco sentencias por homicidio y dos por tráfico de drogas fueron contra elementos de la Fiscalía General.
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De la información obtenida también se destaca una carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, desde el 9 de octubre, donde elementos de la Policía de Seguridad Pública de Guadalajara están presuntamente ligados a la desaparición forzada de personas.
Aunado a este contexto, la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial para el caso de Jalisco, destaca las sanciones que se aplican a algunos de los elementos de seguridad; el 17.2 por ciento de los policías municipales en Jalisco han recibido algún tipo de pena por sus acciones, mientras que para el caso de la policía estatal se ha aplicado al 11.6 por ciento.
También llama la atención que en el caso de Jalisco se menciona que el 76.8 de los policías sancionados por irregularidades en su actuar fueron castigados con un arresto.
Medios locales han documentado que corporaciones municipales han estado ligadas a delitos como desaparición forzada, secuestro y vínculos con el crimen, pero de manera oficial las autoridades solo reconocen extorsión o amenazas
En ese mismo sentido las autoridades locales de la pasada administración señalaron en 2018 que durante la administración que concluyó hace unas semanas en la entidad se despidieron a 136 servidores públicos de seguridad por involucrarse en actos de corrupción.
Cifras de la misma FGE también hablan que en su corporación hay 683 expedientes de funcionarios de los ministerios públicos y agentes operativos de seguridad que reprobaron sus exámenes de control y confianza. Aunque nueve de cada 10 de estos elementos sin acreditación se amparan para no ser dados de baja de sus puestos.
Mientras que de 11 mil policías de los municipios de Jalisco que se realizaron las cinco pruebas de control y confianza en 2018, el 15 por ciento también las reprobó como sus homólogos estatales.
Estos datos han generado que la percepción del desempeño en las policías locales sea muy baja, a tal punto que los nuevos gobiernos han anunciado que se pedirá el apoyo del Ejército para las labores de seguridad.
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El 70 por ciento de la población tapatía considera que la efectividad de las fuerzas policiales de los municipios es poco o nada efectiva, según se muestra en los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La nueva estrategia de seguridad para el estado de Jalisco es todavía una incógnita para la población. Sin embargo de lo que han declarado diversos funcionarios del nuevo gobierno es que una de las tareas centrales es la reconfiguración del cuerpo policiaco, a tal grado que en días pasados se disolvió el modelo de Fuerza Única llevado a cabo durante el gobierno de Aristóteles Sandoval.
