La prevalencia de trastornos mentales como la depresión o la ansiedad en México está directamente ligada a la exposición a eventos traumáticos y a ambientes de violencia colectiva, especialmente los conflictos armados.
Así lo indica la investigación “Salud mental y violencia colectiva, una herida abierta en la sociedad” (Debate, 2022), que ahonda desde una perspectiva multidisciplinaria la noción de violencia en el país.
“No es posible entender la salud mental en los contextos de violencia colectiva y generar respuestas y políticas para su atención si no se comprende el contexto en el que se manifiesta y las variables sociales que le favorecen”, precisa el texto coordinado por la psiquiatra Dení Álvarez Icaza y Juan Ramón de la Fuente, representante nacional ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia colectiva es el uso de la violencia como instrumento por parte de personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo (de manera transitoria o con una identidad más permanente) contra otro grupo o conjunto de individuos para lograr objetivos políticos, económicos o sociales.
Las causas de esta pueden ser las guerras, el terrorismo, los conflictos políticos, el genocidio, las desapariciones, la tortura o los actos de la delincuencia organizada y de otros grupos criminales.
Afirma que, en el caso mexicano, la delincuencia organizada es una de las expresiones de violencia colectiva más relevantes, ya que destaca por sus niveles de complejidad y afectación social.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, al tercer trimestre de 2022, señala que 64.4 por ciento de la población de 18 años o más consideró inseguro vivir en su ciudad; de este porcentaje, 70.5 por ciento corresponde a mujeres y 57.2 por ciento a hombres.
Efectos psicosociales de la violencia
La Secretaría de Salud dio a conocer en septiembre pasado que más del 50 por ciento de los problemas mentales en la edad adulta –depresión y ansiedad– y del comportamiento —trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)– iniciaron en la infancia.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que en el año 2021 se registraron ocho mil 351 suicidios, en los que la tasa en niñas, niños y adolescentes (NNA) de 10 a 14 años fue de 2.1 por cada 100 mil habitantes.
Mientras que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut, 2020) registró que 6.9 por ciento de adolescentes tuvo pensamientos suicidas; de estos, seis por ciento intentó quitarse la vida.
En el caso de las mujeres adolescentes 8.8 por ciento reportó mayor prevalencia de este tipo de pensamientos, en comparación con los varones, que fue de 5.1 por ciento.
“Uno de los indicadores de la relación entre violencia colectiva y otras violencias es el aumento de la violación a los derechos humanos y de la victimización de los grupos vulnerados, como las mujeres y los NNA, que son particularmente afectados por el reclutamiento forzado, la violencia sexual –incluida la trata– y la violencia en el ámbito familiar”, subraya la investigación “Salud mental y violencia colectiva, una herida abierta en la sociedad”.
Explica que entre las principales afectaciones descritas por víctimas de violencia colectiva se encuentran los trastornos depresivos, de ansiedad, consumo de sustancias y/o alcohol, conductas antisociales, síntomas psicosomáticos, suicidio o autolesiones así como el trastorno de estrés postraumático (TEPT).
Al respecto, especifica que se estima que el 10 por ciento de los sujetos expuestos a un evento traumático desarrollará TEPT; sin embargo, en el caso de sobrevivientes de sucesos de alto impacto, como la tortura, comunes en situaciones de conflicto, dicha cifra puede ascender al 90 por ciento.
Añade que, pese a que la información sobre el impacto de la violencia colectiva en la salud mental de la población mexicana es limitada, hay datos que dan una idea del fenómeno.
La Encuesta Nacional de Salud Mental Psiquiátrica (2001), integrada con muestras de otros países, permitió hallar que quienes han sido perseguidos, acosados o amenazados tienen una prevalencia de TEPT de 8.1 por ciento, mientras que las personas con antecedente de secuestro alcanzan el 5.6 por ciento.
“Una mayor proporción de las víctimas de estos delitos presentaron trastorno depresivo mayor: 16.7 por ciento quienes fueron testigos de una agresión (homicidio o lesión física), 12.5 por ciento los que fueron atacados con un arma y 25.8 por ciento los que recibieron amenazas o fueron acosados”, detalla la publicación.
Pendientes normativos
Aunque en México existe el Modelo Integral de Salud que contempla prestar servicios de salud mental a las víctimas de delitos, los investigadores indican que existen dos grandes vacíos: el primero es que hace poco hincapié en la atención psicosocial dirigida a la población en general y se centra específicamente en las víctimas directas e indirectas.
Lo anterior significa una omisión debido a que en las regiones y comunidades sometidas a la violencia colectiva asociada al fenómeno de la “Guerra contra el narcotráfico”, el deterioro psicosocial y económico afecta a toda la comunidad.
“En segundo lugar, el tratamiento que da a la atención psicosocial, aunque se menciona, no se define claramente y no se hace distinción en los niveles ni en la población a la que se dirigen.
“No se clarifican los objetivos específicos de cada nivel de intervención, tampoco los modelos recomendados para los programas comunitarios, escolares y familiares, ni la red de instituciones encargadas de su diseño e implementación, ya que la atención psicosocial implica otros sistemas, como el educativo”, acusa.
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