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Nuevo León se convirtió en la entidad con mayor número de exfuncionarios vinculados a proceso por supuestos actos de corrupción.
Dentro de la “Operación Tornado”, encabezada por la Subprocuraduría Anticorrupción, un total de 16 exservidores públicos actualmente enfrentan la justicia nuevoleonesa.
Todos fueron enjuiciados por ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones, peculado y daño patrimonial. Y todos han enfrentado su proceso en libertad.
Solo dos exservidores públicos tuvieron restricciones para salir del país: el exgobernador Rodrigo Medina y su extesorero Rodolfo Gómez Acosta.
Pero de nada servirá que la Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León vincule a proceso a exfuncionarios si no logra que rindan cuentas ante la justicia, sobre todo los dos actores principales: Margarita Arellanes y Rodrigo Medina.
Los delitos
Los exfuncionarios fueron enjuiciados por:
> Ejercicio indebido de funciones
> Ejercicio abusivo de funciones
> Peculado
> Daño patrimonial
*Todos enfrentan su proceso en libertad
La obra fantasma
La simulación que el Sistema Estatal de Caminos de Nuevo León hizo de una obra de repavimentación en San Nicolás de los Garza, dejó a tres exfuncionarios vinculados a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones.
La Subprocuraduría Anticorrupción encontró datos de que la pavimentación de la calle 18 de diciembre en la colonia Roble nunca se realizó.
Víctor Martínez Trujillo, exdirector del Sistema Estatal de Caminos; Nancy Villegas Cantú, exdirectora de Administración y Finanzas de esta dependencia, y Esteban Cepeda Ochoa, excoordinador, fueron vinculados.
El pasado 8 de julio, el juez de control determinó que la investigación contra Cepeda Ochoa y Martínez Trujillo continuará por cuenta de la Fiscalía.
Mientras, Villegas Cantú fue enjuiciada el pasado 1 de agosto.
La Subprocuraduría Anticorrupción aseguró que la obra fantasma tuvo un costo de un millón 6 mil 532 pesos.
Martínez Trujillo se defendió de las acusaciones y negó ser responsable de la simulación de la obra.
Gestión abusiva
La entrega de un paquete de incentivos millonarios a la empresa Kia Motors, se ha convertido en una verdadera batalla legal entre la Subprocuraduría Anticorrupción y la defensa del exgobernador Rodrigo Medina.
Hasta antes de que el exmandatario quedara vinculado a proceso por el delito indebido de funciones el pasado 9 de agosto, sus abogados emprendieron una serie de amparos para evitar que su cliente pise la cárcel.
Esta estrategia incluso sorprendió a la Fiscalía, pues el exmandatario logró evadir una cita programada para el 28 de julio.
Sin embargo, en la siguiente audiencia Jaime Garza Castañeda, juez de control del Poder Judicial, reconoció la participación de Medina en el uso indebido de funciones porque firmó un convenio con Kia.
Recientemente, el exgobernador consiguió una suspensión provisional a través de un Tribunal Colegiado, que ordena al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal que lo ampare.
Con esto se prevé que todo el proceso en su contra estará protegido por este recurso ante cualquier medida cautelar preventiva.
En este caso están vinculados a proceso además de Medina, el extesorero Rodolfo Gómez Acosta y el exfuncionario Rolando Zubirán Roberts.
La gran batalla
Un total de 10 exfuncionarios del Municipio de Monterrey –entre ellos la exalcaldesa Margarita Arellanes– quedaron enjuiciados por presuntamente desviar recursos para contratar un despacho de abogados, con la intención de protegerse de cualquier problema legal en su contra cuando dejaran el cargo.
La Subprocuraduría Anticorrupción presentó pruebas ante un juez de control estatal, con las que pretende culpar a estos exservidores públicos de desviar de 8.2 millones de pesos para buscar su blindaje jurídico.
En la audiencia que se celebró el pasado 5 de julio, la juez de control, Patricia Gutiérrez, encontró suficientes elementos por el delito de ejercicio abusivo de funciones contra ta Arellanes y sus exfuncionarios Irasema Arriaga, Julián Hernández Santillán, Jesús Hurtado, Alejandra Rodríguez y José Francisco de la Cruz.
Además, David Rex Ochoa, Aldo Cepeda, Luis Ángel Torres y Aldo Ariel Cepeda también fueron acusados de uso indebido de funciones.
Esta es la primera vez en la historia de Nuevo León en que un alcalde es sometido a proceso por actos de corrupción.
La juez de control dispuso que la exalcaldesa y los demás acusados acudan una vez al mes a plasmar su huella digital en el juzgado.
