[kaltura-widget uiconfid=”38728022″ entryid=”0_bb44rkv9″ responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] La situación en la quedó el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tras las elecciones del 1 de julio pasado es el sueño de cualquier gobernante.
Con el respaldo de aproximadamente 30 millones de votos, el tabasqueño y la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ obtuvieron la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y en 19 congresos locales, lo que les permitirá llevar a cabo prácticamente cualquier cambio que deseen sin enfrentar muchas complicaciones.
Sin embargo, todo este poder que ahora concentra el tres veces candidato al máximo cargo político del país obliga a que existan contrapesos, ya que al igual que una democracia no se puede entender sin elecciones, tampoco se puede concebir sin una oposición al partido en el poder.
Ahora la pregunta es: ¿qué organismos, instituciones, agrupaciones o personajes de la sociedad civil cumplirán con este rol?
Nicolás Loza, analista político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) explica que en México existen organismos a los que se les llama contramayoritarios, es decir, que sus funciones de control no dependen de la mayoría electoral y los cuales son parte del diseño de los estados modernos
Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el poder Judicial, al cual pertenece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los institutos electorales como el INE, los órganos de transparencia y los encargados de velar por los derechos humanos de las personas, entre otros.
“Los órganos de control cumplen con una función constitucional y deben ejercerla con base en la ley, con independencia y autonomía, pues la función de todos ellos es de control para cualquier gobierno y presidente sin importar el nivel para el que fueron diseñados, es decir, los estatales para los gobernadores y los federales para el presidente y para el congreso federal”, explica el politólogo.
Los órganos de control como el INE o la SCJN cumplen con una función constitucional y deben ejercerla con base en la ley, con independencia y autonomía
Sin embargo, Loza comenta que a los órganos autónomos no debemos pensarlos como oposición, ya que por su propio diseño y el del Estado están llamados a controlar a una rama o a una oficina del poder público, pero no son propiamente oposición, sin embargo, sus labores deben llevarlas a cabo con independencia de la identidad partidaria a la que pertenece la oficina que controlan y en atención exclusivamente de lo que la ley dice.
“Serán los encargados de señalar que el titular de tal o cual dependencia está actuando fuera de la ley o la está interpretando de manera errónea o está invadiendo el terreno de competencia de otra instancia”, ejemplifica Nicolás Loza.
En cuanto a lo que oposición como tal se refiere, Salvador Mora, analista político de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que no existirá un bloque único, sino que se irán conformando distintos grupos conforme el gobierno de López Obrador vaya realizando cambios tanto políticos como económicos y sociales.
Esta idea también la comparte el analista de Flacso, quien comenta que lo que vamos a presenciar serán muchos grupos distintos tratando de configurar una oposición razonable a partir de sus propias agendas y de los temas que buscan defender, convocando a gente sin partido e intentando incidir en la política a través del cabildeo, y en casos muy excepcionales, a través de movilizaciones.
“Lo que vamos a ver no va a ser un solo bloque opositor al gobierno obradorista. Más bien, lo que sucederá es que se irán conformando oposiciones especializadas conforme el gobierno vaya tomando decisiones”
Más allá de los órganos autónomos del Estado, de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales (ONG´s) tampoco se debe perder de visita el papel de oposición que tratarán de jugar tanto los partidos políticos como los gobernadores, cuyas facultades se han visto disminuidas y a quienes de entrada ya se les dijo que se les impondrá un delegado que funja como intermediario entre ellos y el gobierno Federal para la implementación de los programas sociales.
ONG´s y sociedad civil
Andrés Manuel López Obrador ni siquiera ha ocupado el cargo al cual se hizo merecedor después de la elección del 1 de julio pasado y algunas de las medidas que ha dicho que implementará al convertirse en presidente ya están provocando que ciertas organizaciones y parte de la ciudadanía demuestren su inconformidad hacia las mismas.
Organizaciones y grupos de la sociedad civil han comenzado a mostrar oposición contra algunas propuestas del futuro gobierno obradorista como la manera en la que se dará el nombramiento del Fiscal General de la República y la cancelación del NAICM
Entre los temas que más polémica y revuelo han causado se encuentra el nombramiento del próximo Fiscal General de la República, para el cual López Obrador ha dicho que no será necesario modificar el artículo 102 constitucional, el cual ayudaría a garantizar la autonomía de quien llegue a este puesto.
Su decisión de mantener el proceso de selección y nombramiento actual generó mucha molestia entre los colectivos denominados Por una Fiscalía que Sirva y Vamos Por Más, los cuales llevan buscando la reforma constitucional desde hace más de un año.
Sin embargo, ante los reclamos y críticas, López Obrador acordó reunirse con algunos de los representantes de estas organizaciones para juntos discutir el tema y llegar a un acuerdo.
En el encuentro, el cual se llevó a cabo la semana pasada y en donde estuvieron presentes Tatiana Clouthier, Zoé Robledo y Olga Sánchez Cordero por parte de Obrador y Eduardo Bohórquez, Ana Lorena Delgadillo, María Elena Morera, Haydée Pérez y Alberto Solís representando al colectivo Por una Fiscalía que Sirva, ambas partes dijeron al concluir que el resultado fue bastante positivo y que se alcanzaron acuerdos para trabajar juntos.
Para el analista político de la UNAM, Salvador Mora, este hecho podría ser una de las primeras señales de que ya hay grupos sociales y organizaciones que están operando como oposición a lo que será el gobierno obradorista.
Otro tema por el cual también ya han surgido grupos opositores a lo que propone Andrés Manuel López Obrador es el de echar para atrás la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Sin embargo, en esta materia, la mayoría de la oposición ha estado conformada por funcionarios públicos y empresarios, como lo fue el caso de Carlos Slim, quien incluso dio una conferencia de prensa para dar a conocer sus puntos sobre por qué el proyecto debe continuar el próximo sexenio.
Ulises Corona, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM, ejemplifica otro caso en donde ya se ha empezado a construir otra oposición.
El Clero ha manifestado su inconformidad contra temas como la legalización del aborto y de las drogas al igual que por la implementación de la voluntad anticipada
“El clero ya también ha dejado ver su inconformidad con algunos temas de los que ha hablado el virtual presidente electo y quienes presuntamente formarán parte de su gabinete como la exministra Olga Sánchez Cordero, quien ha sido señalada para ocupar el cargo de Secretaria de Gobernación”, advierte.
Entre los temas que han provocado rechazo entre la comunidad religiosa están la legalización del aborto y de las drogas en todo el país y la voluntad anticipada.
“A parte de todos los problemas que tienen las mujeres se les va añadir un problema más que es el de la culpa, pues el aborto deja afectaciones en la mente y alma de la mujer.
Ojalá haya foros donde se discuta el tema, nosotros siempre estaremos a favor de la vida”, expresó el vocero del Arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera.
A todas estas protestas también se suma la de la organización Cine Denuncia, quienes se concentraron fuera de la casa de transición del tabasqueño para exigir que se reconsidere la propuesta de nombrar a María Novaro como directora del Instituto Mexicano de Cinematografía.
El reto de las instituciones autónomas
Consideradas como un contrapeso y no como oposición, los organismos autónomos del Estado jugarán un papel fundamental durante los próximos seis años, ya que no dependen de la mayoría electoral.
Su labor será la de vigilar y controlar a los poderes tanto federales como estatales y garantizar que las acciones que se tomen estén apegadas a las leyes que rigen al país.
Los organismos creados por el Estado que no responden a una mayoría electoral ni al Ejecutivo jugarán un papel fundamental el próximo sexenio ya que serán los encargados de verificar que las decisiones que se tomen desde el poder se apeguen a la ley
Dentro de este sector se encuentran, por ejemplo, los institutos electorales, los órganos encargados de velar por los derechos humanos, los institutos de transparencia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros.
El Instituto Nacional Electoral ya está cumpliendo con su tarea y como prueba de ello es el duro golpe que dieron a los morenistas con la multa de 197 millones de pesos por las irregularidades que encontraron en el manejo del fideicomiso que crearon para ayudar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre pasado.
Ante el castigo, Andrés Manuel López Obrador dijo que la multa del INE era una venganza.
“La multa impuesta por el INE a Morena por 197 mdp es una vil venganza. No existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a damnificados por el sismo. Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad. Por el contrario, buscan enlodar una acción humanitaria. Acudiremos a tribunales” publicó el virtual presidente electo en su cuenta de Twitter.
Para el analista político Salvador Mora, el rol que tendrá que jugar la SCJN será uno de los más importantes, pues será la instancia encargada de revisar que todas las modificaciones que busque llevar a cabo el próximo gobierno serán constitucionales.
“Como salvaguarda o como un elemento garantista la Suprema Corte será una instancia de mucho peso, ya que dictaminará qué decisiones contravienen y cuáles no lo que dicta la Constitución”, asegura.
Sin embargo, el politólogo y analista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Nicolás Loza, dice que a pesar del valor que representan este tipo de instituciones para mantener la democracia en el país, éstas no gozan de la completa confianza de la ciudadanía, pues no siempre han hecho bien su trabajo, por lo que también podrían verse inmiscuidas en situaciones polémicas.
Como ejemplo, el especialista menciona la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de bajar los sueldos a los funcionarios del gobierno y para la cual se requerirá realizar reformas constitucionales. Y en caso de que el procedimiento se impugne, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que tendrá que determinar si dicha acción es constitucional o no y emitir una sentencia ya sea a favor de su aplicación o en contra.
“Sería fácil que la Suprema Corte deseche la propuesta de López Obrador argumentando que esa reforma es inconstitucional; lo cual generaría mucha polémica entre los morenistas, quienes podrían incluso asegurar que los magistrados se oponen por intereses personales, ya que ellos ganan sueldos millonarios.
Esa sería una situación en donde la función de control de constitucionalidad de la Suprema Corte podría quedar en entre dicho por este conflicto que se empieza a vislumbrar en relación a sus sueldos. Y lo mismo podría pasar con el INE”, advierte Loza.
La relación entre el virtual presidente electo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado llena de fricciones.
Cuando el país aún se encontraba en la etapa de las campañas electorales, durante su visita al estado de Colima, el tabasqueño criticó y cuestionó la labor que ha realizado durante tantos años la SCJN y quienes la integran, llamándolos, incluso, “maizados y alcahuetes”.
“¿Saben de algo que hayan hecho los de la Suprema Corte en beneficio de México, se han enterado de algo que hayan resuelto a favor del pueblo? Nada” dijo también el morenista en su paso por el Estado de México.
La idea que Obrador tiene respecto a la Suprema Corte incluso podría llegar a poner en peligro la existencia de esta institución, pues el presunto ganador de la elección del pasado 1 de julio ha planteado sustituirla con lo que denominó un Tribunal Constitucional
Mientras se decide si lo anterior sucederá o no, el próximo presidente de México tendrá la oportunidad de realizar dos modificaciones al interior de la Suprema Corte, pues propondrá las ternas para cubrir las vacantes de al menos dos integrantes de la Corte: los sustitutos de Margarita Luna Ramos y José Fernando Franco, plazas que quedarán disponibles en noviembre de 2018 y en febrero de 2019, respectivamente.
Oposición debilitada
El tsunami morenista que arrasó en las elecciones del pasado 1 de julio no sólo puso a Andrés Manuel López Obrador en una situación privilegiada para gobernar, sino que dejó al resto de los partidos, cuya labor será fungir como oposición, debilitados tanto interna como externamente.
La endeble situación en la que se encuentran los partidos los ha dejado con pocas herramientas para fungir como oposición al próximo gobierno, sin embargo, los gobernadores permanecen como uno de los elementos de contrapeso más importantes
Acción Nacional, el cual será la segunda fuerza política del país, poco podrá hacer para contrarrestar las decisiones del próximo partido en el poder, y lo mismo sucederá con el resto de las instituciones políticas, las cuales quedaron aún más disminuidas, pues tanto en el Congreso de la Unión como en muchos de los congresos locales la mayoría de los espacios le fueron otorgados a la coalición ‘Juntos Haremos Historia’.
La crisis en la que quedaron los partidos políticos tras la elección del 1 de julio podría llevarlos eventualmente a dejar su papel como oposición y unirse a Morena
“El resto de los partidos no sólo tienen pocos escaños en el Congreso y están debilitados, sino que en su interior están divididos, tienen problemas de identidad, no es muy claro qué van a proponer a partir de ahora y para dónde van a jalar. Por lo tanto sería factible que algunos de los partidos que deberían fungir como una oposición terminen por rendirse ante Morena, pues están desdibujados.
En este sentido, lo que quedará como oposición en el próximo trienio serán las organizaciones u asociaciones no gubernamentales, la sociedad civil, los organismos autónomos del Estado y los gobernadores”, sentenció Nicolás Loza.
A pesar de que muchos de los mandatarios de las 32 entidades del país tendrán que enfrentarse a congresos con una mayoría de oposición, son ellos mismos los que también servirán para generar un contrapeso al próximo gobierno obradorista.
Para el politólogo Ulises Corona, algunos de los motivos que podrían enfrentar a Obrador con los dirigentes de los estados es la repartición del presupuesto del próximo año, la imposición de los llamados “super delegados” o de otros instrumentos que los lleven a perder atribuciones
“El tema de los “superdelegados”, donde se asignará a cada estado una de estas figuras para regular el tema de la política social y en la cual tendrán un poder de incidencia enorme podría llegar a convertirse en un problema que convierta a los gobernadores en un sector de oposición al próximo gobierno”, finalizó.
