Los claroscuros del Plan B electoral de AMLO

La búsqueda de un nuevo modelo electoral, conocido como Plan B por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desató una lucha entre quienes apoyan su propuesta de reforma y quienes intentan mantener la legislación como está.

El enfrentamiento por la democracia del país, como lo describen ambos contendientes, no es menor, pues un cambio en el sentido equivocado, podría traer consigo años de retroceso en materia de participación ciudadana, seguridad en los procesos electorales, así como en la confianza y autonomía que con el tiempo instituciones como el INE han ganado.

Elegir a nuestras autoridades

Uno de los cambios más preocupantes impulsados desde Palacio Nacional, es la forma como quieren que se elijan a las autoridades electorales: mediante voto popular, una propuesta que puede parecer muy democrática, pero que de fondo también acarrea muchos peligros.

Para César Alejandro Giles Navarro, autor del texto “Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México”, publicado en el Instituto Belisario Domínguez, la idea de elegir por el voto popular a consejeros y magistrados electorales ofrece ventajas como el fortalecimiento de la democracia, una mayor legitimidad de las autoridades electorales, así como posibilidades de mejora e innovación institucional como producto de la competencia política.

Sin embargo, advierte que esta fórmula democrática también implica costos y riesgos que no deben perderse de vista.

Contra la austeridad

“En principio, la organización y celebración de un nuevo proceso electoral federal tendría un costo económico superior a los 8 mil millones de pesos, que va en contra del principio de austeridad que el gobierno busca incorporar con su iniciativa de reforma electoral.

Del INE al INEC

Para lograr su cometido en materia electoral, el Ejecutivo Federal propone convertir al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sería la única autoridad electoral en el país, absorbiendo las funciones de los organismos electorales locales, los cuales desaparecerían.

También se propone suprimir a los órganos jurisdiccionales locales para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se encargue de resolver las controversias a nivel local.

Este modelo, el cual puede parecer “innovador” según la investigación del IBD, entraña riesgos y problemas para la estabilidad y el desarrollo político del país que no pueden ser ignorados.

“Este cambio trastocaría en sus cimientos a un sistema de gobernanza electoral que ha permitido la transmisión pacífica del poder durante los últimos treinta años, en los que se han dado tres alternancias en la presidencia de la República y reconfigurado el mapa político en todos sus niveles, todo ello por el mandato popular expresado en las urnas.

“En ese sentido, transformar tan radicalmente uno de los principales componentes del sistema electoral mexicano podría poner en riesgo la estabilidad política y social de nuestro país, especialmente, cuando se trate de una contienda competida, pues los riesgos de descalificar a los árbitros electorales y sus resoluciones aumentarían”, argumenta Giles Navarro.

Elecciones confiables, el objetivo

De acuerdo con el texto  “Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México”, uno de los mayores logros de la transición democrática en el país fue que la función electoral dejara de ser una tarea del gobierno para convertirse en una auténtica labor del Estado.

“Este acierto en materia democrática sólo pudo ser posible gracias a la autonomía, ciudadanización y profesionalización de las autoridades electorales que hoy en día se encargan de organizar los comicios, contar los votos, asegurar condiciones de equidad en las contiendas, fiscalizar los recursos utilizados por partidos y candidatos, garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como de calificar los comicios, resolver las impugnaciones de los competidores y proteger los derechos político-electorales de las personas”, señala el documento.

Es por estos motivos que realizar cambios tan radicales a un sistema que, a pesar de ser perfectible, funciona y es reconocido en todo el mundo, ha despertado las alertas en el país.

¿Comicios de 2024 en riesgo?

Entre los principales opositores a los cambios electorales propuestos desde el Ejecutivo federal se encuentran el Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, así como el consejero Ciro Murayama, quien incluso advierte que, de aprobarse en este nuevo periodo legislativo lo solicitado por el Presidente de la República, las elecciones federales del próximo año, donde estarán en juego dos de los máximos cargos políticos del país: la presidencia y la jefatura de Gobierno de la CDMX, podrían estar en riesgo.

Los argumentos del consejero Murayama son tres: la desaparición de las 300 Juntas distritales, lo que imposibilitaría a las autoridades hacer posible el voto de millones de electores; las complicaciones que implicaría para el funcionamiento y vigilancia de las casillas, parte fundamental en la legitimidad de los procesos electorales; y el impedimento para que los Capacitadores Asistentes Electorales ayuden a trasladar los paquetes electorales, lo que haría la recolección y contabilización de los votos algo extremadamente lento y complicado.

SCJN en juego

A pesar de que durante este periodo de sesiones se definirá si se aprueban o rechazan los cambios propuestos por AMLO en Congreso de la Unión, la batalla aún no termina, pues de obtener lo que López Obrador busca, la legalidad de estas modificaciones deberá ser determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.