Los candidatos del Partido Verde acusados de corrupción

Desvío de recursos, ‘obras fantasmas’, nepotismo, mal manejo del erario y señalamientos de la Auditoría estatal, es el historial de varios candidatos del Partido Verde Ecologista de México que pasaron por la administración de El Carmen
Jesús Padilla Jesús Padilla Publicado el
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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de Nuevo León, a cargo de Edgar Salvatierra, cobijó en el actual proceso electoral a funcionarios del municipio de El Carmen, una administración señalada de haber cometidos actos de corrupción.

Se trata de Graciela Villarreal Reyes, candidata por el PVEM a la alcaldía de El Carmen; el exsecretario de Obras Públicas, Raúl Vargas Cura, actual candidato de este partido a la diputación local por el Distrito 4 y el actual alcalde, Humberto Medina Quiroga, quien está registrado como diputado suplente de Vargas Cura.

Todos estos funcionarios forman parte de la actual administración del municipio que tuvo serias observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado.

Incluso, el candidato a una diputación local fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por Eduardo Flores Fernández, quien sostiene que el exseretario desvío recursos públicos utilizando empresas fantasmas.

Por su parte la Auditoría, en la revisión de la cuenta pública del 2022, reveló que la actual administración no solventó 11 millones 004 mil 201 pesos en obras que no se realizaron.

Este órgano fiscalizador realizó señalamientos en el sentido de que no se encontró documentación que permitiera verificar físicamente la ejecución de los conceptos de las obras, una obligación establecida en los artículos 70 y 67 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios.

“No se encontró documentación que soporte la ejecución de los conceptos contratados, misma que deberá ser aprobada y autorizada por la supervisión de obra para que posteriormente se proceda al trámite del pago correspondiente.

“Verificando, previamente a la autorización, que los conceptos estimados se hayan ejecutado conforme a las cantidades y especificaciones contratadas”, dice la Auditoría.

El municipio de El Carmen no logró solventar la información requerida por este ente fiscalizador, quien lo calificó como un daño a la hacienda pública municipal.

“No solventada, subsiste la irregularidad detectada”, refuta la Auditoría al municipio.

Nómina entre familia de candidata

La candidata del Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de El Carmen, Graciela Villarreal Reyes, construyó como funcionaria de este municipio una red de nómina entre su familia.

Hasta el registro de la nómina del 2023, la funcionaria había colocado en la Secretaría de Servicios Públicos a su hermano Raúl Villarreal Reyes, en la misma dependencia se encuentra Dulce Maribel López Gaona, hermana de la regidora Norma Aracely López Gaona, quien es prima de la candidata.

También está el primo, Juan Manuel Martínez Reyes, quien aparece en la nómina de la Secretaría de Desarrollo Social. En esta misma dependencia aparece la nuera de la candidata Astrid Liliam Fuentes Guajardo y Blanca Sarai Montelongo Baltierrez se encuentra en Desarrollo Social.

La Auditoría Superior del Estado encontró irregularidades en la nómina por un monto no solventado por 4 millones 155 mil 015 pesos, así como 6 millones 521 mil 660 pesos por la retención del Impuesto Sobre la Renta de sueldos y salarios de los trabajadores municipales.

En la revisión de este ente fiscalizador se señala que se registraron pólizas por valor total de 436 mil 288 pesos por concepto de sueldos pendientes de registrar, observando que no se localizó ni se exhibió la documentación comprobatoria que justifique los registros realizados

El mal manejo de las finanzas

La Auditoría Superior del Estado encontró montos millonarios no solventados por la administración del alcalde de El Carmen, Humberto Medina Quiroga, que habla de un mal manejo del erario.

Medina Quiroga encontró cobijo como diputado suplente por el Partido Verde Ecologista de México por el Distrito 4.

Este ente fiscalizador auditó la cuenta pública 2022, es decir, la contabilidad, las cuentas que forman parte del activo fijo, la valuación de los bienes muebles e inmuebles, registro de las obras, registro histórico de inventarios y registros contables.

“Durante el proceso de la auditoría, no se localizaron las conciliaciones ni estados de cuenta de diversas cuentas bancarias, que permitan verificar la razonabilidad del saldo registrado en bancos, esta situación representa riesgos en el manejo de los recursos municipales”, dice la Auditoría.

Entre las observaciones, según la Auditoría, se detectó diferencia por valor de 2 millones 437 mil 746 pesos entre el saldo en libros y contable según conciliación.

Además, este ente fiscalizador observó que las conciliaciones bancarias carecen de firmas de quien elaboró y autorizó.

“No se solventa la observación de aspecto financiero por importe de $2,437,746; debido a que los argumentos manifestados y la documentación exhibida no desvirtúan el incumplimiento a lo establecido en los fundamentos señalados”, dice la Auditoría.

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