Los ausentes en Jalisco

Los reportes que el Estado mexicano entregó al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su evaluación de 2015, confirman que Jalisco es la segunda entidad del país con más de estos hechos en el conocimiento del Ministerio Público Federal.

Jalisco es uno de los estados con más desapariciones en México, y ahora, los informes proporcionados a la ONU lo destacan también en desapariciones forzadas, que son aquellas donde se involucran autoridades, como los policías, y no elementos del  crimen organizado.

Ante los cuestionamientos que hizo el Comité de las Naciones Unidas al Estado mexicano, éste emitió una respuesta con un anexo único, en cuyo numeral nueve, la Procuraduría General de la República (PGR) informó de sus averiguaciones sobre desapariciones forzadas durante 2014. 

En su contestación, la PGR le notificó al Comité que se indaga aún la desaparición forzada de siete personas en Jalisco: seis son originarios del estado y uno más de Michoacán. 

El informe titulado “Personas desaparecidas relacionadas con averiguaciones previas por desaparición forzada”, arroja 74 víctimas en todo el país: en 55 casos detalla que se registraron en 11 estados, y en 19 sólo reporta la Unidad Especializada que las investiga. 

El documento indica que una de las víctimas en Jalisco tiene entre 34 y 38 años de edad; tres son adolescentes de entre 12 y 15 años; y las tres restantes no tienen más de un año; sólo hay otros dos estados del país con víctimas menores a un año: Veracruz, con dos, y Coahuila, con uno. 

Lo que no se revela son las autoridades que están detrás de estas desapariciones forzadas. Si bien la PGR lleva los casos, eso no implica que se trate necesariamente de fuerzas federales, por el contrario, cuerpos estatales y/o municipales podrían estar involucrados. 

Por ello, el jefe de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de PGR, Salomón Baltazar, afirmó esto ante el Comité de la ONU, según el resumen de la sesión del 2 de febrero:

“La PGR tiene jurisdicción sobre delitos que normalmente están bajo la competencia de los estados, cuando esos ilícitos son concurrentes y vinculados con otros que caen en la jurisdicción federal, incluyendo la desaparición forzada. 

“De hecho, no es infrecuente que investigaciones que involucran a un oficial estatal o municipal, sean derivadas a la PGR con el objetivo de garantizar una investigación más objetiva e independiente”, declaró Salomón Baltazar.   

El repunte

Archivos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) confirman el estallido local de desapariciones forzadas que fue reportado al Comité de la ONU.

Durante 2013 y 2014, ya bajo el gobierno del priista Aristóteles Sandoval, el organismo registró 18 quejas, más del doble de las que documentó el sexenio pasado, que apenas fueron ocho. 

Incluso, las quejas por desapariciones forzadas en tan sólo dos años de este gobierno, casi igualan a las que se dieron en un periodo de 13 años, de 2000 a 2012, con 19. 

El riesgo de concentrar tanto poder en la Fiscalía General ya había sido advertido: creada en 2013, manda sobre la Fuerza Única y el resto de cuerpos estatales; el Ministerio Público y las cárceles; y su titular, Luis Carlos Nájera, además fue facultado hace poco para aplicar los exámenes de confianza a sus agentes. 

Lo más grave se dio en 2014, con 16 quejas por desaparición forzada en un sólo año, el mismo en que la Fuerza Única se expandió de Guadalajara hacia todas las regiones. 

Los registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no pintan cosas muy distintas para Jalisco: en 15 años, de 2000 a 2014, lo ubica como el noveno estado con más víctimas por desapariciones forzadas, con 30, dentro de 19 expedientes. 

La lista la lidera Guerrero, con 109 víctimas en 35 casos; Chihuahua, con 91 víctimas y 58 casos, y el DF, con 85 y nueve respectivamente. La vigilancia de la CNDH sí se enfoca principalmente en las fuerzas federales, y ante el aumento de su presencia con la Operación Jalisco, los efectos están por verse.  

Sin castigo

Como en otros muchos delitos, en la desaparición forzada impera la impunidad. La PGR reconoció ante el Comité de la ONU que entre 2006 y 2014 abrió 239 averiguaciones por ese ilícito en el país, pero solo consignó 13, apenas el 5 por ciento. 

Inclusive, el Estado mexicano reportó sólo seis sentencias condenatorias por ese delito en hechos de 1977, 2002, 2003 y 2005 (tres). 

El de 1977 se dio durante la Guerra Sucia, e involucró a un oficial de la extinta Dirección Federal de Seguridad; en otro se señaló a la PGR, y en cuatro a sus agentes de la Agencia Federal de Investigación –hoy Policía Federal Ministerial-. 

Ante ello, un colectivo de asociaciones, entre estas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró “motivo de gran preocupación” que sólo un caso se refiera a la Guerra Sucia y que: 

“No haya reportado sentencias por hechos ocurridos de 2006 a la fecha (cuando, según las propias cifras de la Secretaría de Gobernación, entre 2006 y 2012 hubo más de 26 mil personas desaparecidas)”. 

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en constante actualización, indica hoy que hay 2 mil 148 víctimas en Jalisco, el cuarto lugar nacional, pero ese instrumento no detalla cuántas son desapariciones forzadas.  

De cualquier modo, al hablar de impunidad, sirve saber que casi una tercera parte de los desaparecidos de Jalisco en el RNPED ni siquiera tienen una averiguación abierta por la Fiscalía, como se publicó en “Desaparecidos, la búsqueda ficticia”, el 25 de mayo. 

En Jalisco se tipificó la desaparición forzada desde el 18 de octubre de 2013, empero, en todo un año la Fiscalía no abrió una sola causa por ese delito, según reportó el 22 de octubre de 2014, pese al estallido de quejas en la CEDHJ.  

El caso de los 43

El estado con más desapariciones forzadas reportadas a la ONU por la PGR es Veracruz, con 29, y en tercer lugar, Guerrero, con cinco, aunque ahí se dio la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, que involucra a más de 80 policías y al exalcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca. 

Fue precisamente esa, una de las primeras inconformidades de los padres de las víctimas: la PGR no logró acusar a los detenidos por desaparición forzada, sino por delincuencia organizada y secuestro agravado (es decir, con homicidio). 

La PGR argumentó que la pena máxima para una desaparición forzada es de 40 años, lejos de los 140 de un secuestro agravado; durante 2015, sin embargo, el Gobierno federal ha dicho que insiste también en acreditar aquel ilícito.