Los alcahuetes de los ‘dipu-tables’

En el edificio de la presidencia de Puerto Vallarta, ubicada en el corazón del malecón de la zona centro del municipio, desde hace varios meses se pasea un personaje que llegó de Nuevo León.

Fuma un cigarro tras otro, como ostentando nerviosismo, se sienta en las bancas ubicadas afuera de la oficina del presidente municipal, Ramón Guerrero Martínez “El Mochilas”. 

Se trata de Edelmiro Sánchez Hernández, empresario y operador del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, implicado en narcotráfico en 2004 y el secuestro y asesinato del diputado local de Nuevo León, Hernán Belden Elizondo. 

En los muros del Ayuntamiento, resguardados por elementos de la Secretaría de la Marina y la Policía Municipal vallartense, Sánchez Hernández encontró refugio, pero también una oportunidad de negocio.  
Y es que al igual que el empresario Walter Frank, ha visto en la gestión de recursos federales para Vallarta, un negocio redondo.

Frank es uno de los allegados al alcalde del puerto, y uno de sus tantos financiadores de campaña, entre los que figuran también el panista Abraham González Uyeda, y el gobernador de Baja California, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, también del Partido Acción Nacional. 

Walter y Edelmiro fueron los organizadores de aquella fiesta en la lujosa mansión Villa Balboa, para los diputados panistas en Puerto Vallarta, quizá porque los legisladores federales son los que pueden procurar fondos para el destino turístico de Jalisco que sufre una crisis administrativa –y financiera- por los negocios del alcalde y su círculo cercano. 

Aquella noche del jueves 23 de enero, primero trascendió el paso de los diputados panistas por el bar la Bodeguita del Medio, donde cerraron un piso completo, pues la cuenta ascendió a alrededor de 250 mil pesos. 

Luego darse a conocer esta relación oscura con gestores y proveedores del Ayuntamiento, cabe la pregunta: ¿Quién aportó los recursos para semejante festejo? 

Por otro lado, en el hotel del padre de Walter Frank, La Siesta, ubicado en la zona centro del puerto, se realizó el festejo de fin de año (del 2013) de los empleados del Municipio, al que asistieron connotados panistas jaliscienses como Eduardo Rosales Castellanos y Jorge Salinas Osornio, pero en donde también se vio a varios de los diputados de la fiesta en Villa Balboa. 

Y en la terraza del lujoso hotel Grand Miramar, que frecuenta Edelmiro Sánchez y que tiene una de las mejores vistas de la zona, el alcalde celebró su cumpleaños el primero de enero. 

Guerrero Martínez es conocido por su carácter alegre y fiestero: originario de Ayutla, Jalisco, festejó su anterior onomástico (2013) en su pueblo natal, para lo que rentó un camión y un pequeño hotel, para asegurar la asistencia de sus invitados. 

En varias de sus fiestas se ven desfilar a panistas jaliscienses, pero también a diputados federales del mismo partido, y otros albiazules de renombre. 

Y es que desde la llegada del munícipe, conocido acá por “El Mochilas”, la presencia -ya de por si notable- de panistas que hacen negocios o trabajan en el puerto, ha ido en crecimiento. 

Contratistas y gestores

Walter Frank es contratista del Ayuntamiento, brinda servicios de renta de maquinaria pesada y pipas al municipio. 

Y por otro lado, es imposible conocer la naturaleza de las reuniones privadas que el alcalde Ramón Guerrero, sostiene con Edelmiro Sánchez, pero es un hecho que desde hace tiempo hacen negociaciones a puerta cerrada. 

Uno de los asesores del edil vallartense -entre los que también figura Eugenio González Márquez, hermano del ex gobernador de Jalisco Emilio González- acompañaba en sus ratos de ocio a  Edelmiro Sánchez y lo presentaba ante regidores y otros trabajadores del Ayuntamiento, por lo que se cree que él fue uno de los que lo acercó a Guerrero Martínez. 

Ramón Serna Grajeda, chihuahuense, experto en comunicación política, es dicho asesor, y uno de los tantos funcionarios norteños que aconsejan al alcalde. 

Serna Grajeda trabaja con Guerrero Martínez desde las elecciones de 2012, es cercano también del gobernador de Baja California Sur, Marco Alberto Covarrubias Villaseñor, quien a su vez tiene otras fichas en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, como el jurídico del mismo, Santiago Leal Amador. 

Según información al interior del Ayuntamiento, cerca de 400 panistas, principalmente jaliscienses pero también hay de otras entidades del país, abultan la nómina de Vallarta desde la llegada del presidente municipal, quien es expanista, pero actualmente milita en Movimiento Ciudadano (MC). 

La llegada de empleados y de proveedores de dudosa procedencia, con los que se realizan negocios irregulares, ha motivado -entre otras cosas- la separación de regidores del mismo partido del alcalde, como fue el caso de Susana Carreño y Otoniel Barragán, éste último iba en una alianza con el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y se desligó del partido al que pertenecía también Carreño.

De financiador a ‘wingman’

Walter Frank es hijo del empresario hotelero Mario Frank, dueño del hotel La Siesta, donde Ramón Guerrero ha organizado varios eventos. 

A su vez es dueño de un tráiler park en Vallarta con una terraza, de nombre Tachos, donde Guerrero Martínez organizaba reuniones de miembros de Movimiento Ciudadano en las campañas electorales de 2012. 

La calle donde se ubica la terraza (Prisciliano Sánchez, perpendicular a la principal del puerto: Francisco Medina Ascencio) fue una de las prioridades en la administración de El Mochilas, pues desde enero de 2013, a poco más de tres meses de iniciada la administración, empezaron las obras. 

Son varias las colonias populares en Vallarta que continúan con empedrado y en temporada de lluvias se inundan por la falta de inversión en infraestructura vial. 

Frank fue uno de los principales financiadores de recursos de Ramón Guerrero en las campañas, y actualmente tiene asignados contratos por renta de maquinaria pesada, pipas, y otros servicios de construcción, que suman al menos 10 millones de pesos. 

Aunque se le adeudan varios, al interior del Ayuntamiento se refiere que al igual que en el caso de la compra de patrullas y motocicletas para la Dirección de Seguridad Ciudadana, las facturas tienen un escandaloso sobrecosto.