Para la administración del gobernador Rodrigo Medina los 49 cuerpos mutilados encontrados hace 2 meses y medio en el municipio de Cadereyta se trata de personas NN (No Nombre) y su destino insoslayable es la fosa común.
Pero para organizaciones sociales dedicadas a la protección de los derechos humanos las autoridades estatales están obligadas a cumplir con todos los procedimientos y procesos forenses para lograr identificar estos 49 torsos antes de sepultarlos.
La Procuraduría del Estado oficialmente no ha comunicado cuál es la situación de los 49 restos humanos encontrados el pasado 13 de mayo en el poblado de San Juan, junto a una narcomanta con un presunto mensaje de Los Zetas dirigido contra sus enemigos del Cártel del Golfo.
Sin embargo, fuentes extraoficiales confirmaron a Reporte Indigo que estos restos humanos fueron ya depositados desde hace un mes en la fosa común localizada en el panteón municipal de Cerralvo, Nuevo León.
Los torsos se encontraban depositados desde hace 2 meses en las instalaciones que el Semefo de Nuevo León, adscrito a la Procuraduría General de Justicia, tiene en el municipio de Melchor Ocampo.
El Ejército detuvo como autor de la masacre a Daniel de Jesús Elizondo Ramírez, alias “El Loco”, uno de los cabecillas de los Zetas en Cadereyta y Allende.
Hasta el momento, según información oficial, ninguno de los 49 cuerpos mutilados encontrados han sido identificados.
Pero existen versiones de que entre los restos encontrados estaban los de un ex alcalde de Cadereyta y los de un comerciante de ese municipio, quienes estaban reportados como desaparecidos por sus familiares.
Esta versión contradice lo dicho por el vocero de Seguridad del Estado, Jorge Domene, quien aseguró que los cuerpos hallados no eran de personas de Nuevo León.
En entrevista, Jorge Verástegui, director de la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, FUUNDEC, criticó la nula disposición de las autoridades de Nuevo León para lograr la identificación de los restos de Cadereyta.
Esta organización pretende tener la certeza de que entre los cuerpos encontrados en Cadereyta no haya personas desaparecidas o indocumentados centroamericanos.
“Pareciera que el gobierno se quiere deshacer de los cuerpos como si éstos al identificarlos fueran a decir lo que paso”, señaló Verástegui.
“No confiamos en los procesos que la autoridad está realizando. Ellos creen que al dar declaraciones y decir que ningúna de las personas desaparecidas se encuentra ahí o que ya hicieron el rastreo en su base de datos y no dio positivo con ninguno de los cuerpos, pues nosotros no creemos en esa información”
En un comunicado de prensa, decenas de organizaciones sociales exigieron al gobernador Rodrigo Medina que no traslade los restos de las 49 personas a la fosa común hasta que concluyan los procesos de identificación de ADN.
“Nos oponemos a que el gobierno del Estado de Nuevo León y el Gobierno Federal envíen a fosas comunes los 49 restos de Cadereyta hasta que no se hayan realizado todas las acciones forenses tendientes a su identificación”, establece el comunicado.
El documento está firmado por organizaciones como Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Centro de Derechos Humanos del Migrante, A.C., Foro Nacional para las Migraciones en Honduras y el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración.
