Logros y faltas en el Sexto Informe

El presidente Enrique Peña Nieto presentó ayer su sexto informe de gobierno, el último de su administración y el primero que será analizado por un Congreso con mayoría de izquierda.

A lo largo del documento, el primer mandatario habla sobre los logros de su gobierno en todas las áreas que le competen, desde seguridad hasta economía y agricultura.

La presentación oficial del Sexto Informe de Gobierno ocurrió el 1 de septiembre pasado, ante el Congreso de la Unión; ayer, Peña Nieto ofreció un mensaje político ante decenas de invitados que se replicó en todo el país.

El documento del Sexto Informe de Gobierno habla sobre las diversas estrategias y programas aplicados a lo largo de este año.

El presidente Enrique Peña Nieto termina su sexenio el 30 de noviembre próximo, por lo que las acciones de estos últimos meses ya no serán presentadas al Congreso por el hoy mandatario.

Reconstrucción, a la mitad

La reconstrucción a raíz de los sismos de septiembre del 2017 ha avanzado en apenas un 46 por ciento en los estados afectados a pesar de que ya ha pasado casi un año de los hechos.

En total se autorizaron más de 38 mil millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), de los que 29 mil 600 millones de pesos fueron dinero federal y 8 mil 400 millones fueron de dinero de los estados.

Hasta junio de este año, señala el documento del Sexto Informe de Gobierno, la ejecución de estos recursos lleva un avance físico del 46.9 por ciento y financiero del 45 por ciento. Hasta junio de este año, señala el documento del Sexto Informe de Gobierno, la ejecución de estos recursos lleva un avance físico del 46.9 por ciento y financiero del 45 por ciento.

“A junio de 2018 la SHCP a través del Fideicomiso Fonden, autorizó la totalidad de recursos solicitados por las dependencias ejecutoras del Gobierno Federal para nueve entidades federativas: Chiapas, Ciudad de México, México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz”, expone el informe.

El gobierno federal informó que la contratación de seguros y la emisión de bonos aminoró el impacto del desastre para el país. Apenas en agosto del 2017 se había emitido un Bono Catastrófico que generó un pago de 150 millones de dólares.

En el Sexto Informe de Gobierno, el Ejecutivo omite, sin embargo, mayores datos de las donaciones que recibió el país para paliar los efectos del desastre.

Señala, por ejemplo, que se recibió ayuda humanitaria de Venezuela, Ecuador, Rusia, Canadá, China, Bolivia, Argentina, Italia, Chile y Brasil, misma que fue enviada a Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México. No menciona siquiera de qué se trató la ayuda y cómo fue distribuida.

El Ejecutivo informó también que, como consecuencia del sismo, se gestaron varios conflictos sociales, particularmente por la conformación de organizaciones en algunas zonas afectadas, como Juchitán, Oaxaca; Jojutla, Morelos; o Tlalpan, en la Ciudad de México, que fueron tratados desde la Secretaría de Gobernación.

A pesar de que públicamente fueron múltiples las quejas por la falta de apoyo, el fraude con las tarjetas de ayuda y otras supuestas irregularidades, el Ejecutivo informó que se presentaron solamente 50 denuncias.

Seguridad, el gran pendiente

En el Sexto Informe de Gobierno el Ejecutivo reconoce que no consiguió resolver el problema de la inseguridad en el país, que persiste desde el sexenio anterior

Aunque se reporta un avance respecto al 2012 para disminuir los secuestros, las extorsiones, el robo con violencia, los delitos sexuales, las lesiones, el robo a casa habitación y el robo sin violencia a vehículos, otros como los homicidios dolosos, el robo en carreteras y el robo en carreteras con violencia tuvieron un aumento en su incidencia.

“Detrás del incremento de los homicidios dolosos hay causas externas e internas. A nivel externo, han influido los cambios en las dinámicas de los mercados ilícitos transnacionales. Destaca el aumento en la demanda de drogas desde Estados Unidos, especialmente de los opiáceos, lo mismo que el creciente flujo ilícito de dinero y de armas desde esa nación hacia México.

“En el ámbito interno, la mayor incidencia de este delito se explica por dos razones: en primer término, porque prevalece una enorme disparidad entre las capacidades de las instituciones federales y locales, a pesar del gran esfuerzo realizado para impulsar la profesionalización de éstas últimas. Esto es importante porque, actualmente, la mitad de los homicidios están relacionados con delitos del fuero común, como secuestro, robo o pandillerismo”, justifica el Ejecutivo.

Según estimaciones del Ejecutivo, 651 municipios no tienen una fuerza policial propia; y de las que sí la tienen, casi mil 400 cuenta con apenas 50 elementos cada una. El sueldo promedio de los policías en los municipios es de 7 mil pesos.

“Es claro que en todo el país se requieren policías mejor preparados, profesionales y cercanos a la ciudadanía. Por eso, el Ejecutivo Federal envió una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de transformar mil 800 cuerpos policíacos en 32 policías estatales únicas, profesionales, capaces y confiables”, expone el documento.

Dicha iniciativa no fue aprobada por la oposición del PAN y el PRD, quienes proponían un Mando Mixto que permitiera que en algunas partes hubiera mando único y en otras se mantenga como está.

La falta de consolidación de las policías en el país ocurrió a pesar de que en este sexenio se transfirieron 80 mil millones de pesos a las autoridades locales; esto es, 23.7 por ciento más que en la administración anterior del presidente Felipe Calderón.