"La materia electoral es muy complicada, pues no solo es una materia técnica (...) sino donde lo político juega y ello hace que esté en constante polémica”
En el proceso electoral 2011-2013 los partidos cometieron básicamente dos tipos de irregularidades.
La primera es que todos, salvo Nueva Alianza, rebasaron los topes de gastos de campaña en diversas elecciones.
La segunda es que, tras la revisión de la Unidad de Fiscalización y los monitoreos que hizo el IFE, se encontró que todos los partidos, sin excepción, omitieron reportar ciertos gastos.
Eso repercutió en la acumulación de los gastos, en que se rebasaran los topes establecidos por ley y que, por ende, se hicieron acreedores a multas en distintas proporciones según la cantidad y gravedad de las irregularidades.
El balance lo hace Arturo Espinosa Silis, especialista en Derecho Electoral, quien destaca que la fiscalización y el financiamiento actuales están sujetos a un modelo muy técnico donde la clasificación de los gastos “no obedece a criterios objetivos”.
Un criterio de temporalidad, ejemplifica, sería que “si gastas durante la campaña todo sea gasto de campaña; pero si gastas en un periodo que no es de campaña se convierte en gasto ordinario”.
El abogado indica que también influye el tipo de coalición que se usó, si esta fue total o parcial, así como el actual modelo de prorrateo donde hay gastos de campaña o propaganda electoral que no únicamente beneficia a un solo candidato sino que se hace propaganda genérica entre varios candidatos.
Todo eso contribuye a contar con “un sistema de fiscalización subjetivo, a lo que se suma que se aplican criterios que quedan a la interpretación de la autoridad”, afirma.
Respecto al prorrateo establecido en el Cofipe y en el Reglamento de Fiscalización del IFE recuerda que de lo que cuesta un evento o propaganda, 50 por ciento se divide por igual entre todos los candidatos y que el otro 50 por ciento restante se divide de acuerdo a como lo establezca el partido.
En eso fue donde se presentaron formas distintas de establecer el prorrateo y se suscitó el conflicto que ahora se llevará hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El PRI y la Coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) determinaron que cuando hubo más de un candidato el uno por ciento del gasto fuera a gastos del candidato a presidente de la República y que el resto se dividiría entre candidatos a diputados, senadores u otras campañas. El PAN y el PRD, en cambio, establecieron porcentajes diferentes.
Al respecto el experto recuerda que el actual Reglamento de Fiscalización se emitió en julio de 2011 y ningún partido lo impugnó ante el Tribunal Electoral. Entonces no argumentaron, acota, “que era incorrecto, que era inconstitucional o ilegal”.
Al decidir los propios partidos cómo prorratear sus gastos, avalaron la famosa “ingeniería contable”. Por ello considera que el tema toca más el terreno de los partidos que el rol de la autoridad y sus criterios de aplicación.
Se debe cambiar el actual modelo
Algunos consejeros electorales han dicho que el actual modelo de fiscalización debería ser modificado, y Espinosa Silis coincide con tal planteamiento para lograr “que no haya tanta discrecionalidad en cuanto a cómo se clasifican los gastos”.
En su opinión, se pueden establecer parámetros más objetivos, razonables, como la cuestión de la temporalidad o los porcentajes en función de las campañas. Lo importante es garantizar la certeza y equidad en la contienda con parámetros idóneos que conozcan los partidos con antelación.
Si bien conocían las reglas del juego del pasado proceso, por primera vez el modelo de fiscalización aplicó ciertas figuras jurídicas. Ahora se debe evaluar si conviene replantear todo el modelo o simplemente hacerle ajustes.
Más allá de la discusión sobre si los criterios que se utilizaron fueron correctos o no –un tema que tendrá que determinar el TEPJF ahora que algunos partidos han informado impugnarán – llama la atención que un gran número de las pasadas campañas rebasaron el monto máximo del tope establecido por el IFE.
Ante las irregularidades presentadas, piensa se deberían establecer sanciones económicas más elevadas.
