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"El problema es que dejan de llegarles los incrementos. Y presupuestalmente estaban contemplados. Ahí la justificación fue la austeridad".
Los Policías de Investigación, Ministerios Públicos y Oficiales Secretarios de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) tienen contra las cuerdas al Gobierno de la Ciudad y su programa de austeridad.
Esto, debido a que un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, resolvió en definitiva, que la dependencia tiene que hacerle un millonario ajuste salarial a su “personal sustantivo”.
El adeudo supera los 450 millones de pesos. Y deriva de un bono mensual que la PGJDF otorgó a sus trabajadores operativos para inhibir la corrupción; mismo que fue suspendido en el 2003 sin razón alguna.
El argumento mediático lo dio el otrora jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador a la mitad de su gestión, como parte del programa “Austeridad Republicana”.
Sin embargo, en ultima instancia, se determinó que la decisión tomada hace nueve años fue violatoria a los derechos de los policías judiciales, ministerios públicos, oficiales secretarios y peritos.
Y en consecuencia, la PGJDF está obligada a pagar los bonos con todo y retroactividad.
La historia es la siguiente:
En 1998 el Gobierno del Distrito Federal publicó en la Gaceta Oficial el acuerdo A/003/98 en el que se establecieron las bases para el programa de “Moralización” (los bonos).
El acuerdo señalaba, que de manera compensatoria, los elementos que se inscribieran al Servicio Profesional de Carrera en la Procuraduría General de Justicia recibirían dicho bono, adicional a su salario.
El tabulador de la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del GDF, al cual tuvo acceso Reporte Indigo, indica que durante cinco años recibirían un incremento de entre 500 y 600 pesos por años en ese estímulo.
A partir del 2000 el pago comenzó a aplicarse a los casi seis mil empleados sustantivos, según la versión de los propios agentes judiciales que obra en los juicios administrativos.
Tras la suspensión de ese bono, presentaron un escrito al entonces procurador, Bernardo Batiz, solicitando una explicación del porqué ya no recibían el apoyo económico.
La respuesta fue “por falta de liquidez”, incluso, se señaló que la PGJDF estaría dispuesta a pagar en cuanto tuviera suficiencia presupuestal.
La ruta jurídica
En entrevista el abogado Humberto Terrazas, quién emprendió la defensa legal de los policías de investigación, detalla los pormenores del pleito legal que inició formalmente siete años después (en 2010).
“En el 98 Samuel del Villar, en su calidad de procurador aprobó el bono con el objeto de incentivar a los elementos a evitar la corrupción. En el acuerdo se establecía que por cada año se les iba dar un aumento de acuerdo con un tabulador”.
Señala que en el 2003 se suspenderían los pagos. “Era algo obligado porque se publicó en la Gaceta Oficial”.
–¿Qué es lo que sucede después?
–El problema es que dejan de llegarles los incrementos. Y presupuestalmente estaban contemplados los incrementos. Ahí la justificación fue la austeridad y bajo ese argumento se les suspendió el pago.
Asegura que la clave para ganar este juicio fue que las autoridades nunca negaron el adeudo.
Por eso en 2010 se inicia el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, en la quinta Sala, donde también se considera el pago retroactivo que habían dejado de recibir.
“La autoridad promueve un recurso de apelación, pero se confirma el fallo en favor de los trabajadores, luego promueven un recurso de revisión que conoce el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y confirma el pago de la deuda”.
Asegura que de manera contundente se logró el objetivo de los 450 trabajadores que él representa.
Pero que la Ley Orgánica señala que si el requerimiento del pago no se cumple, sólo se le aplicará una multa equivalente a 50 veces el salario mínimo, “es decir que puede haber mil multas y seguir sin dar cumplimiento a la sentencia”.
Por esa razón promovió un amparo indirecto para que un juez en Materia Administrativa advirtiera que en caso de que el incumplimiento persistiera la sanción fuera la destitución del funcionario al cargo.
“En este caso el director de Recursos Humanos como persona obligada, ahí se señala que se puede requerir al superior jerárquico para que acate la sentencia, dándolo vista al jefe de Gobierno”, lo cual ya se dio.
Explica que de los seis mil empleados en esa situación, 450 están representados por él, y que tan solo de ese número el adeudo es de 180 millones de pesos.
“Haciendo un calculo ligero, suman más de 450 millones de pesos, pues imagínate, son muchos más”.
Revela que hasta el momento ya son tres los empleados que han recibido su ajuste salarial, pero que paulatinamente se tienen que ir registrando por mandato judicial.
“Derivado de este caso, los aguinaldos de los empleados no han sido debidamente integrados y eso es algo que también estamos peleando, esperamos que los tribunales nos den la razón”.
Las dudas
A pesar de la abultada cantidad, que se adeuda, la representación legal no ha tenido ningún acercamiento con las autoridades para saber si cuentan con fondos suficientes para pagar el adeudo y si cumplirán, como ordenó el Tribunal.
Año tras año, la Procuraduría nunca ha recibido un presupuesto menor al del ejercicio fiscal inmediato anterior a pesar de esa política de austeridad, señalan expertos en políticas públicas.
Para el especialista en comunicación política por la UNAM, Gerson Hernández, es necesario saber dónde fueron a parar los más de 450 millones de pesos que se supone ahorró la administración capitalina en los años posteriores al 2003.
“Otra cosa que me parece sospechosa es que la PGJDF no se haya pronunciado públicamente sobre el caso, que no digan si carecen o no de esos recursos, y si el GDF no los tiene ¿de dónde saldrán?”.
Al respecto, Reporte Indigo buscó la postura de la Procuraduría General de Justicia respecto a la deuda que está obligado a pagar, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
