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La ley alienta a la educación al interior de la cárcel, pero no permite el ingreso del libros con los códigos penales necesarios para el aprendizaje y el ejercicio laboral
El programa de educación para Centros de Readaptación Social pretende ser aplicado por otros sistemas carcelarios de América Latina
Un resquicio de libertad se filtra en el férreo sistema carcelario mexicano. Uno de los principales problemas de los reos en las cárceles en el país es la falta de acceso a un abogado honesto.
Pero esa situación está cambiando, pues ahora -a la par de sus condenas- decenas de reclusos realizan estudios universitarios para titularse como litigantes y llevar no solo sus procesos penales, sino los de otros internos que no tienen la posibilidad de proveerse un defensor particular.
Los primeros reos abogados de México son el resultado del Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social del Distrito Federal (PESCER).
Este modelo de readaptación social fue planteado por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y actualmente se encuentra en observación con miras a ser aplicado por otros sistemas carcelarios de América Latina.
A la fecha, son 171 personas privadas de su libertad, entre hombres y mujeres que asisten a clases universitarias en reclusión, con la intención de obtener un título y una cédula profesional en las carreras de derecho, ciencias políticas y literatura.
El 98 por ciento de los internos de 10 centros penitenciarios de la Ciudad de México, han preferido la carrera de abogacía.
De acuerdo a la directora del PESCER de la UACM, Alejandra Díaz, 22 internos ya han inscrito trabajos recepcionales para alcanzar el título de licenciados, la mayoría de ellos en derecho.
En algunos casos, los reos que dentro de prisión han podido concluir la carrera de abogado -igual que los más de 160 estudiantes presos que aún están en proceso de recibirse- se han convertido en los abogados de sus compañeros internos que no cuentan con la posibilidad de llevar una defensa particular o no son atendidos eficientemente por el sistema de defensoría pública.
Muchos de los presos que ahora son abogados no cobra por sus servicios de orientación y litigio.
Se estima que en promedio anual, cada uno de los litigantes en prisión además de llevar sus procesos penales atienden entre 200 y 250 asuntos de sus compañeros, los que principalmente tienen que ver con amparos y apelaciones.
Presos y solidiarios
Durante su estancia en la cárcel de Santa Martha Acatitla, Cristina Gamero atendió más de 300 casos de sus compañeras.
Cristina ahora está en libertad y es la abogada que más asuntos llevó desde la reclusión. Sin cobrar un solo centavo por sus asesorías y servicios, liberó a algunas de sus compañeras por la vía del amparo además de facilitarles la vida a otras reclusas mediante escritos dirigidos al sistema penitenciario del DF.
Desde que Ismael Ricardo Aguilar Sánchez se tituló, en junio del 2012, cuando sustentó su tesis “Reformas violatorias a las garantías del Constituyente del 17 y del Estado de Derecho”, no han faltado en las prisiones del Distrito Federal los abogados presos que en medio de las carencias naturales de la cárcel buscan la forma de ayudar gratuitamente a sus compañeros.
Esos que entre tanta pobreza no pueden ni costear los gastos “para copias” que les solicitan algunos litigantes privados y públicos.
La población carcelaria en el Distrito Federal asciende a 43 mil personas, de las que al menos unas 11 mil realizan estudios que van desde la alfabetización hasta cursar la educación primaria y secundaria. Casi el 43 por ciento de las y los internos están inscritos en algún curso de capacitación para el trabajo.
La historia de Cristina
Apenas escuchó que los pasos de la custodia se alejaron por el pasillo, Cristina pegó un salto de su cama. Como un gato nocturno se deslizó hasta la reja. Atisbó desde su celda que la ronda cumpliera su rutina. Lo último que quería eran testigos.
Con la boca amarga y el corazón acelerado dio dos vueltas en su espacio. En el aire flotaba el siseo del súpito sueño de las otras internas. Ella estaba resuelta a terminar con su vida.
Como si sus manos se movieran solas, Cristina miró cuando tomó un vaso de la pequeña alacena que compartía. Vertió una porción de cloro y otra de limpiador de pino. Agregó dos cucharadas de insecticida y sin pensarlo lo bebió de un trago. El dolor fue inmediato y demoledor. El estomago se contrajo y lo último que recuerda fue el grito agudo, ahogándose en la noche de la cárcel de Santa Martha.
Cuando despertó, 24 horas después, en la torre médica de Tepepan, Cristina estaba confundida. El sabor a Cloro y Pinol aun hacían que se arqueara. El dolor en el estómago era intenso, pero más le dolía la angustia de saberse presa. Le dolió mucho más saberse viva.
Con los ojos cegados por las lágrimas y el medicamento, sintió una presencia a su lado. No quiso voltear a ver quién se tomó la molestia de tocarle la frente y limpiarle las lágrimas de sus ojos cerrados. Escuchó la voz grave y firme. Le dijo “mija”, como solidariamente se llaman entre sí las internas en Santa Martha.
Aquella voz le habló a Cristina de la valentía de vivir, de la responsabilidad de ser mujer, de la importancia de asumir la desgracia para convertirla en servicio a los demás. La maestra Elba Esther Gordillo, enfundada en su bata de interna, con su característico pelo teñido, fue la luz que la hizo entender la importancia de la vida. Le habló del estudio.
En los días siguientes la maestra Elba Esther no soltó a Cristina. La asumió como su encomienda personal y la llenó de valor. Las palabras de la exdirigente del SNTE le calaron hondo. Cristina asumió la mirada materna y todo el cariño que emanaba de aquellas manos a veces temblorosas de Elba Esther.
Cristina salió de la Torre Medica de Tepepan y se reincorporó a su estudio de abogada. Su maestría en Administración le sirvió para entender el derecho mercantil. Se afianzó como una de las mejores litigantes de Santa Martha, llegó a tener 300 casos por resolver. En su celda hacían fila sus compañeras a las que nunca les cobró un peso por los amparos y recursos que interpuso.
La libertad la alcanzó aun antes de concluir la carrera en derecho. Terminó de estudiar afuera de la prisión, dejó la administración y hoy se dedica en cuerpo y alma a la defensa de las mujeres encarceladas. La maestra Elba Esther le motivo, fue su ángel en el mundo oscuro de la cárcel. La bendice en voz baja y se seca los ojos llorosos que le deja la entrevista.
Las oscuras cárceles federales
En ninguno de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) del país existe un programa de formación académica para los internos. Para cumplir con tratados internacionales, en las cárceles federales se simula un programa escolar que, en la mayoría de los casos, se imparte en módulos de 15 minutos cada 30 días.
Al interior de los Ceferesos se aparenta la impartición de clases de alfabetización, primaria y secundaria, pero no tienen validez oficial, son cursos intramuros que no se llevan con regularidad, que tardan en reanudarse hasta 8 meses y sin ningún tipo de continuidad.
Los reos de las cárceles federales -que en su mayoría están acusados de delitos graves, en donde resaltan la delincuencia organizada, el secuestro y el narcotráfico- no tienen la opción de cursar una carrera profesional dentro de la prisión.
A los internos de los Ceferesos que por la vía del amparo logran acceder a la educación a distancia, se les pone como principal traba el impedimento para el acceso de libros para sus estudios, supeditando la presencia de los textos académicos al interior de las celdas, tema que es tratado como un asunto de seguridad interna.
La disyuntiva de la legalidad
Frente al proceso de formación de profesionistas –principalmente abogados al interior de las cárceles del Distrito Federal- se ha abierto el debate entre defensores de los derechos humanos y penalistas. Unos, abogan por el derecho a la educación de los internos, los otros, ponen sobre la mesa las normas de seguridad penitenciaria, donde la ley resulta ambigua.
La Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal establece en su artículo 34 que “Todo sentenciado tendrá derecho a la educación, para lo cual la Subsecretaría Penitenciaria desarrollará, con las autoridades competentes, los programas de estudio correspondientes a los niveles básico, medio, medio superior y superior, mismos que tendrán validez oficial.”
Por otra parte, la misma ley en su artículo 28 describe que “Los procesados y sentenciados tendrán derecho a desempeñar un trabajo con una remuneración económica (…) para ello, las autoridades tienen obligación de proveer fuentes de empleo en los Centros de Reclusión.
Sin embargo, establece que queda prohibido que un interno trabaje para otro.
Esta ambigüedad hace que en la mayoría de las cárceles la relación defendido-abogado deba mantenerse en secreto a fin de que ninguna de las partes sea sancionada por la autoridad penitenciaria.
Pese a esa condición, casi tres docenas de abogados reos prestan sus servicios a sus compañeros en diversos centros penitenciarios, quienes con la ayuda de familiares hacen la entrega de escritos ante los juzgados, y en casi el 90 por ciento resultan favorables para los demandantes de la protección de la justicia.
En los últimos dos años, al menos 560 internos han sido beneficiados en los juzgados locales y federales por amparos que salieron del interior de las celdas de las cárceles del Distrito Federal; 38 reos han sido liberados directamente por sus compañeros de celdas que decidieron asumir la su defensa en forma solidaria.
Cambian castigos por bibliotecas
El sistema penitenciario del Distrito Federal ha humanizado sus medidas de tratamiento para los internos, reconocen algunos presos.
Cada vez son menos los casos en donde la segregación es la respuesta de las instituciones carcelarias a las faltas de obediencia de los reos.
En el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte, Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, el Consejo Técnico Interdisciplinario ha optado por no segregar más a los presos infractores ante las faltas de algunos internos.
El temible apando –las celdas de aislamiento- se ha suplido por periodos de lectura a los que se obliga a los internos sancionados.
Se documentan algunos casos en donde en caso de riñas, los reos recibieron como sentencia disciplinaria la lectura de un libro por cada 5 días de aislamiento que le correspondería.
A otros presos, candidatos a la segregación, se les obliga a un periodo de servicio a la comunidad interna en el área de las bibliotecas o como asistentes del personal que labora en la impartición de clases de nivel universitario. La mayoría de los “castigados” en las bibliotecas solicitan seguir en servicio de lectura a los otros reos.
La cara amable de la cárcel
La rigurosidad de la cárcel en el Distrito Federal se ha visto más humana desde la institución del Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social, reconocen algunos internos que han visto la evolución de ese programa que ya cumple 10 años de operación.
Y es que a la fecha, se atiende a 14 grupos de internos, a los que se les imparten 63 cursos universitarios con el apoyo de 46 profesores externos, todos acreditados por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, institución que también realiza 4 talleres de difusión cultural.
Solo en lo que va de este año, el PESCER ha registrado a 13 estudiantes que están por concluir con su trabajo social para iniciar el proceso de titulación, además de que se han sumado a las aulas intraceldas otros 7 estudiantes que aspiran a ser abogados.
Los graduados
Nuevos abogados
> Melitón Montiel Juncal
> José de Jesús Ramírez Pedraza
> Luis Edgar Arrona Escoto
Se graduarán en un mes
> Roberto Zamarrón Atilano
> Ángel Núñez Bahena
> Leonardo Sánchez Pérez
