El estira y afloja por obtener más recursos para la reconstrucción después de los sismos de septiembre y la modificación de las formas de recaudación fueron los principales temas que se trataron en las negociaciones de los grupos parlamentarios rumbo a la Ley de Ingresos del 2018.
Con ajustes a algunas variables, los legisladores consiguieron una bolsa adicional de 43 mil 291 millones de pesos.
Las modificaciones a la iniciativa presidencial incluyeron un nuevo tipo de cambio de 18.4 pesos por dólar, contra el tipo de cambio que propuso el Ejecutivo de 18.1 pesos por dólar, con lo que aumentaron algunos ingresos previstos para 2018.
Los legisladores decidieron modificar también el precio del barril de petróleo, que el Ejecutivo propuso en 46 dólares y finalmente quedó tasado en 48.5 dólares por barril, lo que también “dio” ingresos extras para el próximo año.
Otra modificación es que a la Ciudad de México se le permitirá la contratación de deuda por 5 mil 500 millones de pesos, mil millones de pesos más de los que propuso el Ejecutivo en su iniciativa.
La negociación de la Ley de Ingresos 2018 estuvo empañada por la pugna entre el PRI y los partidos del Frente Ciudadano por México.
Mientras el PAN intentó dar marcha atrás a las medidas impuestas desde la reforma fiscal, el PRD buscó que se modificaran algunos rubros para tener amarrados desde ahora recursos destinados a la recuperación de los estados afectados por los terremotos.
Quedaron fuera de la negociación varias propuestas hechas por el sector empresarial y la sociedad civil en las que se buscaba modificar la captación de Ingresos y definir desde el inicio su destino específico.
En un predictamen que circuló entre legisladores de la Comisión de Hacienda, se pretendía todavía dejar sin cambios la iniciativa presidencial, en la que el tipo de cambio peso dólar se encontraba en 18.1 pesos; y el precio del barril de petróleo se tasaba en 46 dólares por barril.
Sin embargo, tras un día de negociaciones, los legisladores modificaron la iniciativa presidencial y modificaron así los ingresos que tendrá el país para el próximo año.
Hasta anoche, los legisladores de la Comisión de Hacienda, presidida por la diputada panista Gina Cruz Blackledge, continuaban en la negociación.
Una vez que se apruebe por el pleno de la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre, la Ley de Ingresos deberá ser enviada al Senado, donde debe quedar lista el último día de octubre.
Propuestas en el tintero
Fuerzas políticas y de la sociedad civil llevaron algunas propuestas a la Cámara de Diputados para intentar modificar la iniciativa del Ejecutivo para cambiar la Ley de Ingresos.
El PAN, por ejemplo, propuso disminuir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y regresar al Régimen de Pequeños Contribuyentes, lo que se espera lleve este jueves al pleno de la Cámara baja.
“Vamos también, se los informamos, a luchar para que se le quite lo tóxico a la Ley de Ingresos. Insistiremos y nos reservaremos en la búsqueda de que se disminuya el Impuesto Sobre la Renta, que se hagan deducibles las prestaciones de ley y no de ley a los trabajadores, para que de forma íntegra puedan tener un mejor salario”, afirmó Marko Cortés, coordinador de la bancada del PAN.
La bancada del albiazul criticó durante los días anteriores a la negociación los valores que el Ejecutivo dio a criterios económicos e indicadores en su iniciativa, por ejemplo, al tasar el tipo de cambio en 18.10 pesos por dólar cuando esa cifra ya es rebasada, así como poner estimaciones de crecimiento difíciles de alcanzar.
El PRD buscó hacer ajustes en algunos criterios para modificar las cifras y “conseguir” más de 35 mil millones de pesos adicionales para poder destinarlos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos de septiembre.
Uno de ellos es el tipo de cambio peso dólar, pues al estar valuado en menos a lo que realmente podrá estar el año próximo, se pierde la posibilidad de tener más recursos económicos.
Aunque el PRI se oponía a modificar las variables y permitir más deuda para que sea utilizada en la reconstrucción, prometió revisar el destino de los recursos en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, que debe aprobarse a más tardar el 15 de noviembre.
Sin embargo, finalmente se impusieron los partidos de Oposición y al modificar el tipo de cambio y el precio del barril de petróleo se pudo obtener más recursos.
Organizaciones académicas y de la sociedad civil también realizaron algunas propuestas que fueron rechazadas por los legisladores.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), propuso que las personas que ganen menos de 10 mil 298 pesos mensuales no pagaran ISR, lo que no tendría un impacto significativo en la recaudación y ayudaría a activar el consumo.
La Fundación Interamericana del Corazón propuso que se aumentaran los impuestos al tabaco.
Modificaciones a la iniciativa presidencial
Los legisladores cambiaron la iniciativa presidencial y modificaron así los ingresos que tendrá el país para el próximo año:
Y empiezan con Presupuesto
Y mientras en la Comisión de Hacienda transcurría la negociación por la Ley de Ingresos, en la Comisión de Infraestructura trabajaban para organizar las peticiones de recursos que recibirán para el 2018.
Dirigida por el diputado priista Baltazar Hinojosa, esta Comisión acordó abrir sus puertas a partir del 27 de octubre, aunque solo lo harán con proyectos de inversión en infraestructura del transporte.
“Las propuestas tienen que estar enfocadas a infraestructura del transporte de carretera federal, camino rural, carretera alimentadora, infraestructura aeroportuaria o portuaria; deben contar con Registro de la Cartera de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o estar en proceso de obtención de la misma. Además, tener factibilidad legal, es decir, contar con derecho de vía liberado”, estableció la Comisión.
Cada año, cientos de alcaldes, diputados locales y otras organizaciones acuden a la Comisión de Infraestructura para pedir recursos para realizar obras en sus municipios; incluso, a las afueras de las oficinas de esta Comisión se forman largas filas para buscar acceso al dinero público.
Los legisladores afirmaron que no considerarán proyectos de infraestructura urbana como pavimentación, rehabilitación de calles, alumbrado público o cualquier otro proyecto urbano.