La Fiscalía General de la República cuenta con atribuciones para intervenir comunicaciones privadas y obtener datos conservados, siempre y cuando consiga la autorización de un juez de control, quien evalúa la necesidad de realizar una investigación de este calado, según lo estipula el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
Con lo anterior, la FGR puede hacer revisión de todo el sistema de comunicación o programas que permitan el intercambio de datos, informaciones, audio, video o mensajes.
La solicitud de un agente del Ministerio Público para intervenir datos privados necesita cumplir requisitos como explicar los motivos para hacer esta acción, precisar la persona o personas que serán averiguadas e identificar los lugares dónde se realizará.
Además, se debe aclarar el tipo de comunicación a ser revisada, la duración, el proceso que se llevará a cabo, números telefónicos y la denominación de las empresas concesionadas al servicio de telecomunicaciones, dicta el artículo 292 del CNPP.
El plazo de intervención no debe ser mayor a seis meses. Es decir, que si la investigación se prolonga por más tiempo, el Ministerio Público deberá buscar otra autorización realizando exactamente el mismo trámite
La falta de autorizaciones judiciales para que se inicie una investigación con acceso a archivos privados por parte de agentes del Ministerio Público deja al descubierto que de estas tareas de investigación no existe un registro claro y homologado que permita conocer los motivos exactos y las reglas mediante las cuales se efectúan este tipo de indagatorias.
Las fuentes al interior de la SEIDO que hablaron con Reporte Indigo aclararon también que desconocen las reglas de control interno para realizar la búsqueda de geolocalizaciones o de escucha de llamadas y los archivos en los que se organice toda la información resultante.
Además informan que quienes están al interior haciendo uso de estos programas son militares, algunos en activo y otros jubilados, situación que no corresponde a las atribuciones con las que cuentan los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En sus reportes trimestrales del 2018 el Ministerio Público de la Federación fundamentó sus peticiones de averiguación en el artículo 303 del CNPP, en el que la “localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados” es considerado un acto de investigación.
En la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se menciona que el Cuerpo Técnico de Control es el ente al interior de la FGR encargado de realizar las intervenciones de comunicaciones.
Y en el artículo 20 de la misma ley se estipula que las intervenciones deben ser registradas por cualquier medio que no altere la fidelidad, autenticidad y contenido de las mismas por quienes ejecutan esta acción, con el fin de que sean ofrecidos como prueba para la comprobación de un delito. Este lineamiento también explica que de toda acción debe quedar indicio.
“El registro contendrá las fechas de inicio y término de la intervención, un inventario pormenorizado de los documentos, objetos y los medios para la reproducción de sonidos o imágenes captadas durante la misma, cuando no se ponga en riesgo a la investigación o a la persona, la identificación de quienes hayan participado en los actos de investigación, así como los demás datos que se consideren relevantes para la investigación. El registro original y el duplicado, así como los documentos que los integran, se numerarán progresivamente y contendrán los datos necesarios para su identificación”, se lee en el artículo 20.
Sin embargo, con base en respuestas a solicitudes de información realizadas por R3D, en el 85 por ciento de estas intervenciones no queda un registro sobre los archivos obtenidos
