Desde el primer año de gobierno de Miguel Ángel Mancera, la STC destacó que la obra de la Línea 12 presentaba ‘vicios ocultos’
En la recta final de su gobierno, Miguel Ángel Mancera se prepara para apelar la sentencia de un juez mercantil que lo obliga a pagar al consorcio constructor de la Línea 12 trabajos extraordinarios no contemplados en el millonario contrato firmado en 2008.
El consejero Jurídico y de Servicios Legales del Gobierno local, Manuel Granados, detalló que apelarían la decisión del juez que los obliga a pagar a las constructoras ICA, Alstom y Carso poco más de 4 mil millones de pesos por “obra ejecutada no pagada”.
Granados confió en que al final del proceso, el Gobierno de la Ciudad de México ganará el largo litigio emprendido contra el consorcio constructor que forma parte del escándalo de corrupción en torno a la Línea Dorada que construyó Marcelo Ebrard.
Sin embargo, el proceso podría demorar tanto que el pleito legal y las millonarias repercusiones económicas podrían terminar heredándose al sucesor de Mancera.
Desde el primer año de gobierno de Miguel Ángel Mancera, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) destacó que la obra de la Línea 12 presentaba “vicios ocultos”.
Aun así, el Consorcio Línea 12 (ICA, Alstom, Carso) emprendió un juicio ordinario civil contra el Gobierno capitalino, la Secretaría de Obras y Proyecto Metro DF por incumplimiento de pago.
Tras casi 5 años de litigios, el pasado 23 de marzo un juez mercantil emitió la sentencia que ordena a la administración capitalina a pagar 4 mil millones de pesos a las constructoras.
Pero este capítulo podría prolongarse hasta el final de esta administración con el riesgo de heredar la millonaria deuda al sucesor de Mancera en el 2018.
Una historia de choques
Poco antes de dejar la jefatura de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard inauguró la “Línea Dorada”. La extensión número 12 del Metro de la capital para cubrir 26 kilómetros entre la delegación Tláhuac y la zona de Mixcoac en Benito Juárez.
Desde el día que esa vía se puso en marcha, en octubre de 2012 –frente al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el magnate Carlos Slim y el actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ésta comenzó a presentar fallas recurrentes de operación.
Por esa razón, el STC Metro ordenó una consulta con asesores internacionales de otros organismos de transporte, los cuales coincidieron en que no existían condiciones para mantener su operación.
“La experiencia de los asesores internacionales respecto a la funcionalidad de la Línea 12, es que no existen condiciones para mantener su operación, no obstante empleen en forma continuada un mayor número de recursos humanos, materiales y financieros para los sistemas electromecánicos y de obra civil; sólo son y serán paliativos para mantener el servicio con la exposición del riesgo”, resumía uno de los documentos presentados ante el STC.
En el mismo estudio, se advertía que el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) no podía garantizar la seguridad de la transportación de las personas que utilizan la Línea 12.
El detalle de todas las deficiencias que presentaba desde entonces la Línea 12, obra cumbre del sexenio de Ebrard, está contenido de forma ampliada en el “Informe de Afectaciones a la Operación y Seguridad de la Línea 12”.
Las constructoras lo advierten
En los primeros seis meses de operación de la Línea Dorada las propias constructoras advirtieron de la mala calidad de los rieles adquiridos por el gobierno de Marcelo Ebrard.
Según estos documentos, firmados por ingenieros de las empresas constructoras que forman parte del Consorcio Línea 12, los rieles que compró el equipo de Ebrard eran de baja calidad, lo que propició el desgaste prematuro y la ondulación de las vías férreas.
De manera textual, aquel informe de julio de 2013 determinaba que “la baja calidad del material de los rieles es el principal responsable de la aparición prematura del desgaste ondulatorio, particularmente en las curvas”.
Las advertencias sobre los riesgos de las múltiples irregularidades en dicha obra derivaron en una polémica investigación por parte de la Contraloría General capitalina que culminó en sanciones e inhabilitaciones de decenas de servidores públicos.
La Contraloría –a cargo del hoy secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida– realizó 11 auditorías.
Algunas fueron en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, y a partir de ellas se impusieron decenas de sanciones, derivando incluso en responsabilidades penales ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Una de las más escandalosas fue la impuesta a Enrique Horcasitas, quien se desempeñó en el sexenio de Ebrard y luego en el de Mancera como el director general de Proyecto Metro.
El funcionario fue inhabilitado por 20 años para ocupar algún cargo en la administración pública y una denuncia ante la PGJDF, por la comisión de posibles hechos constitutivos del delito, al permitir la entrega preliminar de trabajos que no estaban concluidos.
