Limpieza y mantenimiento, las prioridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Las heridas se acumulan en México. En 2022 el registro nacional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) acumuló 54 mil personas, de las cuales, 7 mil 594 se sumaron en ese año, de acuerdo con el Primer Informe de Avances y Resultados de Martha Yuriria Rodríguez Estrada, titular de ese organismo.

A pesar de la situación, el organismo que se encarga de atender a las víctimas de los delitos de alto impacto en México, ha dado prioridad a la limpieza y mantenimiento de sus oficinas por sobre las víctimas en busca de reparación del daño.

Prueba de ello es que de los 79 contratos firmados por la comisión entre 2020 y 2023, solo aparece un gasto que se refiere a la capacitación de los servidores públicos de las áreas jurídicas en el otorgamiento integral de la “reparación del daño”.

A partir del 13 de septiembre y hasta el 15 de diciembre de 2022, la CEAV contrató por 395 mil pesos al Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC para ese servicio que fue prestado con “perspectiva de género”.

Ese monto representa apenas el 0.56 por ciento del total erogado en ese periodo por la comisión, que fue de 70 millones 131 mil 46 pesos, según los contratos en Compranet.

La puerta para empresas con pasado oscuro

La custodia de inmuebles, la limpieza de las oficinas y el mantenimiento han acaparado las erogaciones del organismo encargado desde hace 11 años de atender a las víctimas de los grupos delincuenciales.

Entre 2020 y hasta ahora, el resguardo de los centros de atención integral y el memorial a las víctimas de la violencia costó 40 millones 681 mil 888 pesos, lo que representa el 58 por ciento del total de compras que hizo la comisión en ese periodo.

Para el año en curso, la CEAV tiene comprometidos más de 13 millones de pesos para limpieza, servicios de protección para los inmuebles, paquetería y mensajería nacional e internacional, así como suministro de combustible para vehículos.

Para estas tareas, su contrato mayor es por 5 millones 493 mil 103 pesos para la custodia de su edificio en Ángel Urraza en la colonia Del Valle en la Ciudad de México.

Los datos abiertos de la CEAV muestran que la subcontratación o outsourcing fue una figura a la que recurrió con frecuencia a lo largo de su historia.

Actualmente, esos servicios externos perviven en su lista de compras. De hecho, abrieron una puerta por la que empresas con antecedentes de inhabilitación por incumplimiento o mal desempeño señaladas por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) regresaron a la administración pública para posicionarse de nuevo como proveedoras.

SITAH Soluciones Inteligentes con Talento Humano fue contratada por la CEAV por 38 millones 793 mil 103 del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2020 para el “apoyo gerencial, técnico y administrativo”.

Se trata de una empresa señalada de haber participado en una presunta colusión de varias firmas para ofertar comisiones menores a las de sus competidores, según la revisión de la Cuenta Pública de 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Además de esa supuesta asociación a conveniencia, la ASF expuso en su informe de ese año que al 30 de abril de 2019, SITAH Soluciones Inteligentes con Talento Humano tenía fincados créditos fiscales por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social.

En los antecedentes de esta empresa también se encuentra la inhabilitación por parte de la SFP durante tres meses debido a incumplimiento en una contratación.

Entre los proveedores de la CEAV en ese periodo también aparece Jet Van Car Rental con un contrato por 10 millones 467 mil 740 pesos para arrendamiento de vehículos cuya vigencia inició el 12 de octubre de 2022 y concluirá el 31 de diciembre de 2024.

Esa compañía incumplió un contrato con el Servicio de Protección Federal en 2021, lo que le ocasionó la inhabilitación durante un año. Se había comprometido a rentar vehículos modelo 2015 en adelante, en perfecto estado de operación y funcionamiento, pero según la SFP, 13 de las unidades proporcionadas no cumplieron con esas especificaciones.

En el comunicado que la dependencia envió sobre esa inhabilitación quedaron registradas las palabras de la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

“Estas medidas ratifican la estricta y permanente vigilancia de la Función Pública en todas las adquisiciones gubernamentales, con el propósito de asegurar que las contrataciones de verdad otorguen un beneficio a la sociedad”.

En julio de 2022, Jet Van Car Rental estaba de vuelta. Ese año logró una suma de 531 millones 903 mil 262 pesos con 21 entidades públicas, según lo publicado en Compranet. Entre esas entidades estaba la CEAV.

18 meses sin titular

El 23 de junio de 2020, Mara Gómez Pérez, renunció como titular de la comisión.

En su carta de motivos expuso: “Se pretendió convertir la reparación integral en sinónimo de dinero, repartido de forma discrecional, sin transparencia ni rendición de cuentas. No sorprende que en estas condiciones, también se haya querido hacer de la CEAV, patrimonio y botín de intereses políticos”.

Para el organismo vinieron 18 meses con su cargo principal vacante hasta que el 9 de diciembre de 2021 el Senado designó a Martha Yuriria Rodríguez Estrada.

En esos 18 meses acéfala, la intención de sus gastos no cambió: oficinas, mantenimiento, limpieza, computación o telefonía, servicio gerencial con terceros, boletos de avión, fotocopiado y escaneo, combustible para vehículos automotores terrestres y adquisición de medallas y rosetas para la entrega del Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público.

Sin titular, la comisión gastó 88 millones 881 mil 286 pesos. Su contrato más caro fue por 38 millones 793 mil 103 pesos por el servicio integral de apoyo gerencial, técnico y administrativo con terceros con Corporativo Enso Especialistas, una empresa que fue constituida en diciembre de 2020 y que también provee mediante la figura de subcontratación o outsourcing.

11 años de historia

El 4 de diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, pronunció por primera vez la palabra “guerra” de manera oficial.

Asistía a la inauguración de los trabajos del Quinto Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Mexicano en la que estuvo el príncipe español Felipe de Borbón (hoy rey de España).

“Tengan la certeza de que mi Gobierno está trabajando fuertemente para ganar la guerra a la delincuencia, de que se aseguren y respeten los derechos de cada quien, los derechos de propiedad y de inversión, de que se combata sin tregua la corrupción y se resguarden los derechos patrimoniales de vida y de libertad de todos”, expresó el entonces primer mandatario.

Seis días después, Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, anunció que 7 mil elementos ingresarían a Michoacán en el llamado Operativo Conjunto Michoacán.

No se trató de cualquier decisión política. Entre 2006 y 2011, los homicidios se dispararon en 160 por ciento al pasar de 10 mil 452 a 27 mil 199, según los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La muerte empezó a tomar formas cada vez más grotescas.  Hallazgos de cuerpos colgados, desmembrados, machacados o quemados, así como decenas de periodistas asesinados, empezaron a integrar una narrativa de horror.

También se registraron miles de desaparecidos y en un fenómeno que aún no tiene expresión oficial, poblaciones enteras se desplazaron.

En paralelo, quedaban miles de deudos. Eran las víctimas que en un sexenio de ofensiva militar en contra de los grupos delincuenciales requerían reparación del daño.

Entonces, el 6 de septiembre de 2011, el presidente Calderón Hinojosa creó por medio de un decreto la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) como organismo descentralizado de la administración pública.

En la presentación pública de la Junta de Gobierno del organismo, Sara Irene Herrerías Guerra –nombrada como primera procuradora– sostuvo que el organismo sería un instrumento para ofrecer justicia, verdad y reparación de los daños a las “víctimas del crimen”.

Tres años después –el 8 de enero de 2014– con un nuevo decreto, Enrique Peña Nieto, quien fue electo presidente en 2012, transformó a Províctima en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual recibió la encomienda de elaborar la Ley General de Víctimas, así como la instalación de una comisión en cada estado de la República.

En 2018, con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, se planearon más cambios para la comisión.

El 4 de febrero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su rueda de prensa matutina, otro cambio respecto a las víctimas de México.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, informó ese día un plan de 11 puntos, el siete fue en torno a la CEAV.

La reforma anunciada consistía en fortalecer los mecanismos de protección a defensores y periodistas, acompañar de manera permanente en búsqueda de campo e impulsar la creación de 12 comisiones locales que en ese momento faltaban.

La inercia de un gasto

En poco más de una década de atención a víctimas y tres gobiernos distintos, las prioridades del gasto no se han modificado en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Cientos de millones de pesos se han ido al mantenimiento de los inmuebles, campañas, redes sociales, renta de vehículos y la limpieza de los edificios.

Las erogaciones más altas, de acuerdo con una localización de contratos en el antiguo Portal de Obligaciones y Transparencia, están registradas en 2016.

Una fue por 42 millones 583 mil 292 pesos para pagar a Negocios Optimus Jumace (empresa de outsourcing) la administración de la nómina del personal.

Otra fue la instalación del centro de datos de la plataforma del Registro Nacional de Víctimas y la fabricación del software que lo sostendría, lo que costó más de 580 millones de pesos.

Mientras, la incidencia de los delitos de alto impacto creció. El reporte “Cuatro años perdidos en materia de seguridad” del Observatorio Nacional Ciudadano indica que entre 2019 y 2022 se alcanzaron máximos históricos.

En 2019 fueron los homicidios dolosos; en 2021 los feminicidios y en 2022 la trata de personas.

Además, el acceso a la información sobre el trabajo que realiza la comisión encargada de atender a las víctimas está limitado por los candados del recurso de la reserva.

Al último semestre de 2022, el Índice de Expedientes Reservados del organismo reporta clasificaciones de asuntos que fueron solicitados a través de solicitudes de información hasta septiembre de 2023, 2025 y mayo de 2026. En todos los casos se trata de amparos o denuncias penales.

Hay un expediente cuya clasificación oscurece hasta hoy el panorama de los derechos de las víctimas: el protocolo de búsqueda de desaparecidos.

El 15 de febrero de 2013 la junta de gobierno de la comisión, cuando aún se llamaba Províctima, lo puso bajo reserva hasta 2025 porque su contenido tenía relación con la “persecución de delitos, estrategia procesal e impartición de justicia”.