Limita gasto irregular a policías municipales

La debilidad que muestran los cuerpos policiales de los municipios de Jalisco para enfrentar a la delincuencia se ahonda con la raquítica inversión que el Gobierno estatal dirige a esas corporaciones de forma sistemática en los últimos siete años. 

El destino del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de Jalisco en el periodo 2007-2013, siendo la bolsa de recursos más grande en la materia  de la Federación, muestra que apenas un 14 por ciento de lo ejercido se usó para el fortalecimiento de las policías municipales del estado. 

La delincuencia organizada se sofistica, su poder económico es prácticamente intocable en Jalisco. No existe aún la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica contra lavado de dinero- le asegura la obtención de armas de grueso calibre, vehículos blindados y un reclutamiento continuo, pese a ello, el promedio anual del FASP para las 125 policías municipales es de solo 36.8 millones de pesos. 

No es muy conocido que esta bolsa no está dispuesta directamente por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, sino por un órgano creado para ello en la pasada gestión: la Comisión Interinstitucional para Administrar los Fondos para la Seguridad Pública Estatal, ahora Comisión Intersecretarial para los Fondos de Seguridad Pública, tras reformarse el 16 de mayo de 2013, ya en la gubernatura de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 

Los municipios, empero, siempre han estado excluidos de la integración de la Comisión. Sus registros en ese lapso, a los que tuvo acceso Reporte Indigo, rinden cuentas sobre el ejercicio de mil 810 millones 554 mil 355 pesos, de los cuales, solo 258 millones 290 mil 24 pesos fueron para incrementar las capacidades operativas de las policías municipales. 

Casi la mitad del monto a los municipios (119 millones 96 mil 892 pesos) se usó para dotarles de 545 vehículos, el resto para equipamiento como uniformes, herramientas tácticas y de cómputo, radios, mobiliario.

Pero nunca armas ni infraestructura. 

En este tiempo se asignaron inversiones por 82 millones 999 mil pesos en armamento y 368 millones 548 mil 625 pesos en infraestructura, todas para instituciones estatales de seguridad, procuración de justicia, servicios forenses, vialidad y judiciales; ninguna para fuerzas municipales. 

El 28 de octubre del 2010 una célula criminal emboscó a la policía estatal en Jilotlán de los Dolores, causando la muerte de nueve oficiales y la desaparición de otro; el 22 de julio de 2011 fue hallado sin vida en Michoacán. 

Se dijo que aquel grupo se transportaba en una decena de camionetas, con cerca de 40 individuos. Un episodio trágico e ilustrador de las posibilidades del crimen organizado. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) apunta que 102 municipios tienen Policías con 93 elementos o menos; que 78 no alcanzan los 50; que 44 tienen de 20 a cuatro oficiales. No obstante, son los cuerpos  más nutridos del Estado con 13 mil 094 oficiales, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más del doble de los cinco mil 158 agentes estatales –Policía estatal y Vial-. 

Esta proporción tan baja del FASP que llega a los municipios es violatoria de lo que marca el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF): “que, por lo menos, el 20 por ciento de los recursos del FASP se distribuya entre los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (…) en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura”. 

Por eso es uno de los indicadores que evalúa la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el gasto estatal. Desde el PEF del 2008 el Consejo Nacional de Seguridad Pública debe velar porque al menos esa quinta parte del fondo llegue a los cuerpos municipales.

Escoltas de lujo

Mientras se invierte tan poco en las policías municipales, el FASP de 2007-2012 se usó para comprar 28 vehículos que fueron asignados irregularmente a los escoltas de funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo, y para servidores públicos administrativos, fines no autorizados en el fondo. 

En el ejercicio del 2012 se halló que una camioneta Dodge Ram de 481 mil pesos “se encuentra indebidamente destinada para protección de exfuncionarios del Gobierno del estado”; tres motocicletas Honda con valor de 531 mil pesos “se encuentran en uso y destinadas para escoltas de un servidor público del Poder Ejecutivo y ex servidores públicos del Poder Ejecutivo”; también “dos camionetas marca GMC, con blindaje Nivel V, y tres vehículos marca Dodge se encuentran resguardadas y son utilizadas para escoltas de servidores públicos del Poder Ejecutivo; un vehículo marca Toyota, se encuentra resguardada y es utilizada para escolta de un exservidor público del Poder Ejecutivo”, todo según el dictamen de la ASF. 

En el 2008 se identificaron cuatro vehículos con un valor de 784 mil 800 pesos que “se asignaron a servidores públicos que no ocupan cargo ni desempeñan funciones de seguridad pública”. En el 2007 la ASF señaló: “sobre la camioneta modelo Jeep Wrangler Sahara 4×4 2008 con núm. de serie 1J4GA59128L568159, obtenida por un monto federal de 174 mil 800 pesos, dicha camioneta está asignada a una persona que ocupa el cargo de chofer (…) y se desempeña como escolta del Secretario de Seguridad Pública”, es decir, Luis Carlos Nájera Gutiérrez. 

La autoridad informó a la ASF que el policía en mención era, en efecto, escolta del secretario, esto no subsanó la falta y determinó el reintegro del recurso, pues “no realiza funciones de seguridad pública”. 

En ese lapso se gastaron 7 millones 58 mil 972 pesos del FASP en vehículos para los escoltas de funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo, o para personal sin funciones de seguridad. 

Uniformes embodegados

Los pocos apoyos del FASP 2012 para las fuerzas municipales fueron hallados en el 2013 por la ASF sin ser distribuidos: “como resultado de la inspección física practicada, que los 5 mil seis uniformes y gorras para los municipios con chip electrónico y números de serie, y los 2 mil 500 uniformes de la marca Tru Spec, se encuentran en desuso, sin entregar y en diversos almacenes del estado”, esto, por 7 millones 24 mil 800 pesos que fueron determinados como monto recuperable para la Federación. 

Jalisco recibió 2 mil 937 millones 585 mil 645 pesos del FASP 2007-2013, sin embargo, la Comisión que lo administra solo transparentó a través de una solicitud los más de mil 810 millones de pesos aquí citados. 

Las dos instituciones que concentraron la mayor parte del FASP fueron la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría, hoy fusionadas en la Fiscalía General.

A ellas se dirigieron siete de cada 10 pesos del fondo (68 por ciento o mil 228 millones 8 mil 622 pesos).