De acuerdo con el portal El Español, autoridades europeas investigan una presunta red de lavado de dinero, en la que podría estar involucrado el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, así como los empresarios Manuel Barreiro y Juan Pablo Olea.
El medio señala que la indagatoria está relacionada con la que inició la Procuraduría General de la República (PGR) sobre una serie de actividades que, según indicios, pudieran ser calificadas como lavado de dinero.
“Según nuestras fuentes, en particular, se investiga la creación de una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para el candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya”, indica El Español.
Los fondos habrían circulado por Canadá y Gibraltar para luego llegar a las manos de Anaya mediante la venta de la nave industria ubicada en Querétaro, construida y vendida por la familia del candidato a la empresa mexicana Manhattan Master Plan por 54 millones de pesos.
El texto señala que Barreiro habría aprovechado su propia estructura corporativa y financiera para repatriar fondos a México y transferirlos al panista; operación que habría sido respaldada por el empresario mexicano-español, Juan Pablo Olea, con importante presencia en Querétaro.
Recientemente, la PGR tomó control de la nave industrial, luego de llegar a una acuerdo con Luis Alberto López, chófer de Barreiro, quien fungía como su prestanombres, pues legalmente era el dueño de la nave; hecho que desconocía, pues asegura firmó documento sin saber el contenido.
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El medio indica que las indagatorias de las autoridades se centran en una investigación previa e independiente acerca de la estructura empresarial en España de Olea sobre una presunta estructura destinada a la ocultación de capitales por medio de 14 compañías en España.
Anaya ha negado desde hace meses cualquier señalamiento por lavado de dinero en su contra, incluso insistió en el primer debate presidencial que sobre él no pesa ninguna acusación formal que involucre la construcción de la nave industrial.
Respecto a los señalamientos que cuestionan la manera en que un servidor público pudo pagar tal cantidad de dinero, el panista argumentó que desde hace años ha obtenido rendimientos de negocios privados, al igual que el caso de su esposa.
“Ingresé al servicio público a los 19 años de edad, contando ya con patrimonio propio, mismo que consta en el Registro de la Propiedad del Estado de Querétaro, así como en las declaraciones que, como servidor público, siempre he presentado en tiempo y forma ante las autoridades”, agregó el candidato presidencial.
Anaya explicó que JUNI SERRA, S. DE R.L. DE C.V, la empresa familiar, compró el terreno en dólares, por lo que el precio nominal en pesos fue de 11 millones 918 mil, el cual terminó en 15 millones 302 mil 949 pesos, tras el alza del dólar.
“Se acusa de ser ilícita e inexplicable la inversión hecha para la compra del terreno (por $11,918,019.41) y la posterior construcción de la nave industrial (por $18,295,680.40), que suman la cantidad de $33,598,630.13”, señaló el candidato.
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La empresa, según Anaya, realizó un pagó inicial por 3 millones 160 mil pesos, mientras que el resto lo cubrió en 17 mensualidades de 8 millones 533 mil, las cuales ascendieron a 12 millones 142 mil pesos, debido a la variación en el precio del dólar.
“Si el costo total de terreno y la construcción ascendió a $33,598,630.10 y la venta fue de $53,786,131.52 (incluido el IVA)(Ver aquí), existe una diferencia de $20,187,501.50 (incluido el IVA); sin embargo, a esta última suma debe restarse el Impuesto Sobre la Renta, que en este caso fue de $5,824,183. Además, también deben restarse los pagos correspondientes al IVA”, indicó.
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