Esta semana el periódico estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que se expone la supuesta intervención del gobierno de Estados Unidos en el nombramiento del secretario de la Defensa en México.
De acuerdo a la publicación, al cabo de varios años el nombre del Gral. Moisés García Ochoa apareció en diversos expedientes.
En estos, la DEA acumulaba sospechas sobre un posible nexo con el narcotráfico, y el Pentágono lo hacía sobre actos de desvío de recursos y otras conductas no éticas.
Esta información supuestamente fue confirmada por una fuente del medio estadounidense, sin embargo el desmentido del Departamento de Estado no tardó en llegar y lo publicado por el New York Times perdió crédito.
Según lo que declaró el portavoz para Latinoamerica, William Ostick, es absolutamente falso que el gobierno de Barack Obama se hubiese ocupado de vetar al general García Ochoa, o a cualquier otro candidato, a ocupar la Secretaría de la Defensa Nacional.
Pero, lo cierto es que desde julio pasado, cuando el jaloneo al interior de las fuerzas armadas cobraba algidez, la firma del general Moisés García Ochoa aparecía en una serie de contratos atribuidos a una sola empresa, que sumaban 5 mil millones de pesos.
No solo fue el valor de los contratos lo que causó controversia. También el contenido.
Los recursos estaban destinados a la compra de equipo táctico de vigilancia y comunicación, con el fin de incrementar las capacidades tecnológicas de inteligencia regional de la Sedena, en específico de la S-2 (Sección Segunda), que se encarga de las labores de inteligencia militar.
Los alegatos de algunos funcionarios de la dependencia militar sugerían que una parte del equipo adquirido fue destinado a un grupo compacto de militares. Esto para ser utilizado supuestamente para tareas de inteligencia política.
Esto se relaciona de una disputa entre élites al interior del seno militar, para suceder al entonces General secretario, Guillermo Galván.
García Ochoa era sin duda uno de los candidatos más fuertes para ocupar el puesto, sin embargo su nombramiento era todo, menos certero.
Lo que si era seguro, era que la Sedena estaba dividida en al menos cuatro partes: Aquellos que apoyaban al general Jorge Juárez Loera, algunos otros a Arturo Oliver Cen y los que le apostaban al general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien desde un principio fue considerado uno de los más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto, además de los partidarios de García Ochoa.
Para el último desfile militar conmemorativo de la Independencia de México, la columna de las fuerzas armadas fue encabezada por García Ochoa, lo que señalaba, al menos por tradición, que él sería el próximo secretario de la Defensa Nacional.
Algunos funcionarios creían que el general Salvador Cienfuegos habría querido hacer usufructo de una añeja relación de amistad con el empresario Jaime Camil, identificado con el grupo Atlacomulco y por ende con el presidente, para amarrar su nombramiento, pero dicha actitud no fue del agrado de Peña Nieto.
El presidente supuestamente se habría inclinado por el general Moisés García Ochoa. También existieron rumores de que los tres hombres más visibles del equipo de Peña Nieto –Osorio, Videgaray y Murillo– tenían su propio candidato y trataban de imponerlo.
Finalmente, cuando se creía que Moisés García Ochoa sería el próximo secretario de la Defensa, el presidente Enrique Peña Nieto apareció el 1 de diciembre flanqueado por el general Salvador Cienfuegos Cepeda. El nombramiento generó sorpresa y sospecha.
Detrás del nombramiento
La publicación de los contratos, y sobre todo, de la empresa a la que se le adjudicaron, desató un desentrame mucho más complejo de lo que se podría esperar.
Y es que más allá de la disputa entre mandos militares, existe una pugna entre grupos empresariales dedicados a brindar servicio a las instancias de seguridad, en todos los niveles de gobierno.
De entrada, se sabe que la Security Tracking Devices, la empresa a la que se le otorgaron los contratos por 5 mil millones de pesos y que es propiedad del empresario José Susumo Azano Matsura, fue durante el sexenio de Felipe Calderón la principal contratista de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Fueron privilegiados con contratos que van desde el famoso bunker de Iztapalapa, hasta armamento, equipo y tecnología.
Los oriundos de Jalisco crecieron exponencialmente cuando el exgobernador Francisco Ramírez Acuña, con quien mantenían un largo historial, fue nombrado Secretario de Gobernación.
La conexión con el mencionado general Moisés García Ochoa llamó la atención del Pentágono.
De acuerdo a un funcionario federal que pertenece a la comunidad de inteligencia en México, el equipo que la empresa proveía a la SSP y a la Sedena es muy sensible y limitado.
La empresa Security Tracking Devices adquiría la tecnología en Estados Unidos, utilizando fructíferas relaciones con distintas instancias de inteligencia en ese país.
Por ello, la Secretaría de Estado y el Pentágono monitoreaban de cerca tanto a los empresarios como al general. Llamó la atención del aparato de defensa estadounidense que los contratos se celebraran sin licitación previa, y sin rendir cuentas.
De acuerdo al mismo funcionario, la familia Azano habría desarrollado buenas relaciones con distintos contratistas de defensa que proveían servicios a la CIA y a la dirección nacional de inteligencia.
¿Chivo expiatorio?
De acuerdo con el testimonio de distintos funcionarios estadounidenses, lo publicado en el New York Times también podría tratarse de una pugna entre instancias de seguridad de Estados Unidos.
De acuerdo a un exmilitar que presta servicios a una consultoría, la DEA y la CIA nunca han contado con una estrecha y sana colaboración.
“El general García Ochoa podría ser un chivo expiatorio. Si el embajador Anthony Wayne expresó preocupación en nombre de los Estados Unidos, tuvo que tener base a la DEA y al Pentágono, tal y como lo dice la publicación.
“Sin embargo, si esto fue externado en base a presiones empresariales, o por haber visto al general como un sujeto clave entre la CIA, su círculo empresarial y los contratistas mexicanos, sería una de las acciones mas lamentables en el ejercicio de la diplomacia estadounidense.”
Sin fundamentos suficientes para ejercer acción penal en contra del general, el asunto queda plasmado en lo que es mera sospecha, ya que él actualmente sirve activamente para la Sedena en la región de la Laguna, Coahuila.
Las aspiraciones de un general de carrera fueron frustradas, entre alegatos que finalmente no han sido probados, y lo publicado por el New York Times, cayó igualmente, sin pruebas de pertenecer a una fuente digna de crédito.
