Licitan y adjudican obras de Santa Catarina entre cuates

Las licitaciones en el municipio de Santa Catarina se realizan entre cuates. El edil Jesús Nava permitió que la empresa constructora, que resultó ganadora para remodelar un gimnasio, participe en el Comité de Apoyo para la Adjudicación y Fallo como juez y parte.

Documentos que se encuentran en poder de Reporte Índigo revelan que el pasado 2 de septiembre fue realizado el fallo para la rehabilitación del gimnasio Santa Catarina 2000, primera etapa, cuyo costo será de 8 millones 449 mil pesos.

De esta obra, en la que se destinarán recursos del Fondo de Infraestructura Municipal, resultó ganadora la empresa Proveedora para la Construcción Regiomontana S.A de C.V., cuyo propietario es Roberto Macías Quintanilla.

Sin embargo, Macías Quintanilla aparece en este concurso, identificado con el número OP-STA-FIMFE-15/22-CP, como miembro del Comité de Apoyo para la Adjudicación del Fallo de los Concursos de Obra Pública, un órgano que tiene como objetivo dar opiniones sobre el proceso de adjudicación de contratos.

Macías Quintanilla, quien se ostenta también como presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CIMC) de Nuevo León, se autoevaluó en este proceso de licitación y adjudicación.

La Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, en el capítulo del Comité de Apoyo para la Adjudicación y Fallo de los Concursos de Obra Pública, establece en el artículo 98 que este organismo sirve para coadyuvar a la transparencia, economía, solvencia, calidad y capacidad de ejecución de la obra pública.

“Se crea el Comité de Apoyo para la Adjudicación y Fallo de los Concursos de Obra Pública con carácter interinstitucional. El Comité tiene por objeto opinar sobre la adjudicación de todos los contratos de obra pública derivados de las licitaciones públicas y por invitación.

“Así como opinar sobre los acuerdos para realizar obra pública por administración directa, que se lleven a cabo en el Estado”, dice la Ley.

En este concurso también participó la Constructora Politezza S.A. de C.V., cuyo propietario es Rodrigo Garza Tijerina, secretario de la CMIC de Nuevo León y mano derecha de Roberto Macias en esta cámara.

La empresa de Garza Tijerina cotizó mil 500 pesos más caro que Proveedora, y al no existir más participantes la obra fue adjudicada a la empresa de Macías Quintanilla.

El artículo 44 de la Ley de Obras Públicas establece que no pueden participar en una licitación personas morales o físicas que tengan relaciones profesionales o sociedades, de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Mientras que en los estatutos de la CIMC en su artículo 1 dice que es una institución de interés público, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, debido a que Rodrigo Garza y Roberto Macías pertenecen a una sociedad y tienen una relación profesional el concurso debió ser cancelado.

En el documento de licitación aparecen como integrantes de este Comité: Mario Alberto Islas Ordóñez, encargado del despacho de la Secretaría de Obras Públicas; así como Iván Medrano Téllez, secretario de Ayuntamiento, entre otros.

Santa Catarina bajo la lupa

Jesús Nava quien se encuentra a cargo del municipio de Santa Catarina realizó una adjudicación de millones de pesos para la construcción de una pista de ciclismo a la empresa Innovadora de Acero S.A de C.V., violando en el proceso la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipio de Nuevo León.

De acuerdo con documentos, Nava pagará 2 millones 849 mil pesos a esta empresa por la obra, cuyo representante es Manuel Ramos García tal como se acredita en el contrato OP-STA-PIM-25/22-IR.

“Ya que cuenta con los poderes amplios y facultades necesarias y suficientes para celebrar el presente instrumento, mismos que a la fecha no le han sido modificados, limitados ni revocados en forma alguna”, dice el contrato.

Sin embargo, Ramos García es socio de la empresa Bufette de Obras, Servicios y Suministros S.A de C.V., la cual participó en el concurso de esta obra ofreciendo realizarla por 3 millones 058 mil pesos, un costo más alto que Innovadora de Acero que la cotizó en 2 millones 849 mil pesos.

El artículo 44 de dicha ley establece que las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno, en las materias a las que se refiere esta Ley, con las personas físicas o morales siguientes:

“Aquellas en cuyas empresas participen como accionistas, administradores, gerentes, apoderados, o empresarios los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal o Municipales”, dice la Ley.

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