"Estamos en un efecto corruptor, no es posible, en mi opinión, diseccionar qué pruebas son afectadas y qué pruebas no son afectadas, mucho menos coincido en que técnicamente se puedan separar partes de un testimonio y diseccionarlo"
El discurso fue casi idéntico a los que han inundado las declaraciones públicas en el nuevo gobierno del PRI: respeto a los derechos humanos, garantías individuales, acotamiento del poder público frente a las víctimas.
Fue también un eco de la imagen que ha buscado colocar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el ánimo público desde la reciente llegada a la presidencia de ese órgano judicial del ministro Juan Silva Meza.
El montaje televisivo “ilegal” que orquestó Genaro García Luna y sus empleados de seguridad pública para involucrar a Florence Cassez regresó a primer plano.
Se colocó como eje central de los argumentos de los cinco ministros de la primera sala de la SCJN.
Florence Cassez salió de la cárcel, no declarada como inocente, sino bajo el argumento de que sus derechos humanos fueron violados en tal magnitud que todo su proceso judicial estuvo contaminado.
Con chaleco antibalas y rodeada de prensa mexicana y extranjera, Cassez se dirigió directamente al aeropuerto de la Ciudad de México ayer para volar a Francia, su país natal en medio de un fuerte operativo de seguridad.
Montaje, el protagonista
Horas antes aún parecía que el caso iba de regreso a un Tribunal Unitario de Circuito y que ahí se juzgaría nuevamente, eliminando las incriminaciones de dos de los testigos principales.
Así comenzó ayer la sesión pública de la primera sala de la SCJN, después de casi dos horas de una reunión privada previa entre los ministros.
Daba la impresión de que el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero sería echado abajo. Así fue, pero en un sentido muy distinto al que se había especulado en la prensa.
El primero en plantear esta postura fue el ministro Arturo Zaldívar, quien en marzo del año pasado ya se había pronunciado por conceder un amparo liso y llano que ordenara la liberación inmediata de la francesa.
Se declaró en contra del proyecto que ahora presentaba su compañera Olga Sánchez Cordero.
Éste proponía que el caso regresara a un Tribunal Unitario de Circuito y fuera juzgado nuevamente, eliminando las ampliaciones de declaración de la señora Cristina Ríos Valladares y su hijo Cristian Hilario, quienes en principio habían dicho que no reconocían a Florence Cassez como su secuestradora y luego dijeron saber que era ella porque la vieron en la televisión.
Pero Zaldívar dijo que la Corte no tenía que meterse a juzgar estos detalles de los hechos, ni que ante el montaje podrían estar contaminadas unas pruebas y otras no.
En ese momento los ánimos se caldearon en la primera sala de la Corte, pues sumaban dos votos en contra del proyecto.
Antes de Zaldívar ya había dado su voto en contra el ministro José Ramón Cossío, argumentando que era en un Tribunal Unitario de Circuito y mediante un juicio donde debían determinarse sus condiciones de culpabilidad o inocencia.
Lo que sí había aceptado el ministro Cossío era que se dieron violaciones importantes en el caso de Florence Cassez, como “el problema de la puesta a disposición, los efectos que se dieron con motivo de las filmaciones que en su momento se llevaron a cabo, la manera en que estas filmaciones contaminaron las declaraciones de algunas de las partes de ese proceso”.
Zaldívar entró al fondo de la violación a derechos humanos que tiene el caso de la francesa como un ejemplo emblemático para muchos juristas.
Consideró “imposible” que la Suprema Corte validara lo que llamó un efecto corruptor de todo el proceso.
Dijo que este efecto consistía en que Cassez no tuvo asistencia consular cuando fue detenida, se le retuvo y fue puesta a disposición de la autoridad horas después y se violó su presunción de inocencia al presentarla en la televisión como culpable.
“Estamos en un efecto corruptor, no es posible, en mi opinión, diseccionar qué pruebas son afectadas y qué pruebas no son afectadas, mucho menos coincido en que técnicamente se puedan separar partes de un testimonio y diseccionarlo”.
Agregó: “No podemos nosotros sostener que la Constitución es un instrumento de cumplimiento optativo, o que el fin justifica los medios.
“El respeto a los derechos humanos de todos es lo que distingue la democracia del autoritarismo y es lo que legitima y construye un Estado constitucional de derecho”, insistió el ministro.
Este “respeto irrestricto a los derechos humanos” en efecto ha sido una constante en los votos del ministro Zaldívar y cuadra ahora perfectamente con el discurso que ha manejado la nueva administración federal a cargo de Enrique Peña Nieto.
Incluso, Zaldívar dijo que era un buen momento para sentar un precedente de respeto a las garantías individuales y para “enviar un mensaje contundente desde esta Suprema Corte que no se vale violar los derechos humanos, que las autoridades tienen que respetar los derechos humanos de todos”.
Fue la primera mención indirecta a las responsabilidades administrativas o penales que podrían enfrentar los autores del montaje que tuvo a Florence Cassez en prisión durante siete años.
El presidente de la primera sala de la SCJN, el ministro Jorge Pardo Rebolledo, modificó la postura que había presentado en marzo del año pasado, respecto a que la mujer gala debía ser juzgada nuevamente bajo nuevos criterios.
A pesar de estar en contra de la liberación inmediata, Pardo Rebolledo también se refirió al montaje orquestado por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, que reconocieron tiempo después como una “recreación” de las detenciones de Cassez y su entonces novio, Israel Vallarta.
“El tiempo que transcurrió, a partir de que se liberó a las víctimas y que se llevó a cabo esto que se ha dado en denominar ‘montaje’, me parece que es una violación injustificada a la puesta a disposición sin demora de la quejosa”, abundó.
Tres contra dos
Hasta ese momento, las opiniones estaban divididas en dos, pero tocaba el turno al nuevo ministro de la Suprema Corte.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue polémico desde que se le mencionó como posible nuevo ministro. No tenía experiencia como juzgador federal sino como recaudador, ya que había dirigido el Sistema de Administración Tributaria.
Para muchos este ministro representaba la gran incógnita, para otros la posición real del gobierno de Peña Nieto.
Ortiz Mena había sido respaldado por el PRI en su candidatura a la Suprema Corte y se podría convertir en el vocero indirecto de una posición oficial que en apariencia era de lejanía respecto a la sentencia pero en la que subsistía un acuerdo de facto entre los gobiernos de Francia y México, según los analistas.
Habló despacio, casi sin mover los dedos. No se le notaba nervioso ni inquieto, pero inició su intervención anunciando que leería su postura, pues la traía preparada.
Dio datos, antecedentes, citó juicios, resoluciones anteriores. Coincidía en casi toda su argumentación jurídica con la posición que Zaldívar presentó el año pasado y que entonces no alcanzó mayoría.
El ánimo cambió drásticamente. La prensa francesa se agolpaba para entender el significado de sus palabras, llamaban a sus redacciones, anunciaban que la salida de la cárcel de su compatriota era inminente.
“En el presente asunto existe una agravante, el montaje, montaje que se escenificó cuando la recurrente que horas antes había sido detenida en la carretera, fue presentada ante los medios masivos de comunicación y ante las víctimas, bajo una puesta en escena en el interior de la casa de seguridad”, consideró el nuevo ministro.
Tocaba a Sánchez Cordero desempatar los votos, aunque eso significara renunciar a su propio proyecto.
Habló nuevamente ella, exponiendo que había elaborado su proyecto tratando de tomar en cuenta los votos y argumentos que se habían vertido sobre el caso en marzo del año pasado.
“No podemos soslayar que este asunto trasciende del ámbito doméstico y que exige el cumplimiento del debido proceso legal como la forma más adecuada con que el Estado mexicano responde a la violación de derechos humanos de toda aquella persona que se encuentre en su territorio sujeta a un proceso penal”, argumentó.
Reiteró que no haría ningún pronunciamiento sobre la culpabilidad o la inocencia de Cassez, pero que proponía retomar el proyecto del ministro Zaldívar y conceder un amparo liso y llano que pusiera en libertad de forma inmediata a la mujer sobre la que pesaba una pena de 60 años de prisión.
Las responsabilidades
Afuera de la sala se polarizaron los ánimos. En la parte más dura aún de la posición calderonista, Isabel Miranda de Wallace habló molesta, el ceño fruncido, la voz temblorosa.
“No podemos pedir al pueblo de México que las cosas cambien cuando no se están respetando los derechos de las víctimas, cuando no se está dando la credibilidad a las declaraciones que se hicieron ministeriales.
“Quisieron darle un escarmiento para que haya un debido proceso, pero no a costa de las víctimas”, dijo la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro.
No mencionó a quién querían dar “un escarmiento” pero para todos era claro que se trataba de Genaro García Luna.
A unos pasos de ella, el activista Eduardo Gallo se alegraba del veredicto de la Suprema Corte y anunciaba que éste abría la puerta a muchas otras víctimas que están encarceladas con base en testimonios incriminatorios y no en pruebas físicas.
“Fue una serie de actos arbitrarios (…) hay cualquier cantidad de violaciones”, expresó.
El activista insistió en que el montaje ahora juzgado por la Suprema Corte fue una “fabricación”.
Cassez fue detenida el 8 de diciembre de 2005 en la carretera federal México-Cuernavaca y se hizo un operativo en el que se detuvo un camión de gas a la mitad de la carretera para obstaculizar el tráfico.
“Ésa es la realidad de cómo se le detuvo, y se le retuvo hasta el día siguiente que en la mañana se presentó el montaje televisivo”, abundó.
A partir de estas consideraciones de la Suprema Corte, que aún tardarán un par de semanas en presentarse por escrito con su efectos secundarios para los involucrados, Gallo considera que la PGR debería abrir una investigación de oficio contra García Luna y los demás funcionarios involucrados.
“El que la deba tendrá que pagarla, (…) hubo escenas en la que se aprecia claramente que hay funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública.
“Ellos no se mandaban solos, tenían un jefe que era García Luna, (…) que se le someta al imperio de la ley, no porque haya sido secretario puede violarla”.
Más tarde, el actual titular de la PGR declaró al periodista Joaquín López Dóriga que esa dependencia está analizando la posibilidad de iniciar investigaciones contra el secretario más protegido de los dos sexenios panistas.
Las claves del Caso Cassez
Durante siete años, el caso de la polémica “francesa secuestradora” dominó el interés de muchos en México, con posiciones a favor y en contra, pero fue determinante en fracturar la relación diplomática entre nuestro país y el galo.
Por Paulina Villegas
Diciembre 8, 2005
Detenida
La francesa Florence Cassez es detenida en el rancho “Las Chinitas” al sur de la Ciudad de México con su novio Israel Vallarta, jefe de la banda de secuestradores conocida como Los Zodiacos y otros cómplices. Vallarta confiesa haber participado en al menos seis secuestros.
Diciembre 9, 2005
La simulación
Se transmite en “vivo y en directo” la supuesta detención de Cassez y Vallarta en Televisa y TvAzteca. Un gran acto de simulación que daba cuenta de un supuesto operativo realizado en la carretera México-Cuernavaca donde elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) liberaron a tres secuestrados y detuvieron a la francesa con su pareja sentimental.
Febrero 10, 2006
Confiesa García Luna
Genaro García Luna, entonces director general de la AFI, admite en conferencia de prensa, que “a petición” de las televisoras, “recreó”, la detención de Cassez y Vallarta.
Días después de transmitirse el programa, dos de las presuntas víctimas del secuestro, Cristina Ríos y su hijo Cristian amplían su declaración y aseguran reconocer la voz de Cassez.
Febrero 11, 2006
Cassez enfrenta a García Luna
En el programa Punto de Partida con la periodista Denise Maerker, Florence Cassez denuncia públicamente la edición de su detención y señala al responsable de dicho “montaje”, Genaro García Luna.
Marzo 10, 2006
Primera Audiencia
En la primera audiencia judicial de Cassez, se declara inocente de todos los cargos y afirma que su pareja, el presunto integrante de la banda Los Zodiacos, nunca le dijo que estaba involucrado en actividades de delincuencia organizada.
Vallarta, por su parte, culpa al empresario judío Eduardo Margolis, de haberlo involucrado en actividades ilícitas. En la misma audiencia cuatro personas secuestradas declaran diciendo que Cassez se encargaba de vigilarlos en una casa de seguridad. Los testigos confirman el montaje de la AFI.
Abril 25, 2008
Dictamen
Florence Cassez es sentenciada a 96 años de prisión y 8 mil días de multa por el secuestro de cuatro personas, asociación delictuosa y posesión de arma de fuego. Sentencia impuesta por el juzgado 5 de Distrito de Procesos Penales en el D.F.
Jorge Fermín Rivera Quintana, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, le reduce la sentencia a 60 años tras un recurso de apelación presentado por la francesa en marzo de ese mismo año.
Febrero 6, 2009
La carta desconocida
Después de que el abogado francés Frank Berton se encarga del caso, Reporte Indigo publica una carta enviada por el entonces presidente Felipe Calderón a su colega francés Nicolas Sarkozy, en la que promete que una vez sentenciada Florence Cassez por las leyes de México, se exploraría la posibilidad de su repatriación para que cumpla su sentencia en su natal país de acuerdo con el Convenio Internacional de Estrasburgo.
Febrero 16, 2009
Solicitud del gobierno francés
El vocero de la República Francesa, Francois Baroin, solicita a México “respetar los convenios internacionales que había firmado, en particular el de traslado a su país de origen de personas condenadas definitivamente en el extranjero”.
Marzo 7, 2009
Visita Sarkozy México
Durantela visita del entonces mandatario francés a tierras mexicanas, el caso Cassez domina la agenda.
Junio 22, 2009
Calderón se retracta
El entonces presidente Felipe Calderón anuncia que Florence Cassez no sería repatriada para purgar su condena. Los franceses interpretaron esto como un incumplimiento, sin embargo el escrito enviado a Sarkozy en febrero, no fue una promesa de extradición, sino de revisión de la posibilidad de aplicar el tratado de la Convención Internacional de Estrasburgo.
Agosto 2010
Defensa de Cassez interpone un amparo ante la Suprema Corte de Justicia.
Febrero 15, 2011
Se suspende Año de México en Francia
Autoridades mexicanas deciden suspender el Año de México en Francia que incluía cientos de eventos y actividades culturales, agudizando la crisis diplomática entre ambos países.
Marzo 8, 2011
Zaldívar quiere liberarla
El expediente se remite a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se turna a la ponencia del ministro Arturo Zaldívar quien propone la inmediata y absoluta liberación de la francesa.
Marzo 22, 2012
Discusión en la corte
Y tras una polémica e intensa discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministros rechazan la liberación de Cassez, aunque sí reconocen irregularidades graves en el proceso, pero las consideran insuficientes para ponerla en libertad.
Enero 23, 2013
Sale Libre
La SCJN ordena la inmediata liberación de la “francesa secuestradora”, luego que el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena le concediera, junto con los ministros Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, un amparo “liso y llano” por graves violaciones a sus derechos humanos.
