La Fiscalía de Jalisco tiene conocimiento de, al menos, 14 asesinatos de integrantes de la comunidad LGBT+ (lesbiana, gay, bisexual, transexual y otras identidades de género no normativas) perpetrados en Jalisco entre los años 2016 y 2020, de acuerdo con registros oficiales de la dependencia.
La mayor parte de estos asesinatos de miembros de la comunidad LGBT+ que reporta la Fiscalía del estado se cometieron ya durante la actual administración del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; así sucede con 12 de los casos, los cuales se desglosan de la siguiente manera:
El primer asesinato se cometió el 11 de diciembre de 2018, pocos días después de que Enrique Alfaro Ramírez rindiera protesta al cargo; otros siete homicidios se registraron durante el 2019; mientras que en este año 2020 se han sumado cuatro casos más, incluyendo el asesinato del joven estudiante y activista de dicha comunidad, Jonathan Santos, de solo 18 años, ocurrido en Zapopan, el 11 de agosto pasado.
Fue precisamente el homicidio de Jonathan Santos el que visibilizó los niveles de violencia que enfrenta la comunidad LGBT+ en Jalisco y particularmente en la metrópoli de Guadalajara, y que llevó a la asociación Diverso a demandar públicamente:
“Exigimos que prima facie (a primera vista), el delito sea investigado como crimen de odio, que no sea ignorada la situación que vivía nuestro hoy compañero muerto. No es posible que sigamos siendo objeto de abuso, violencia y crímenes, solo por ser una persona disidente del sistema heterosexual y cisnormado”.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía obtenido vía transparencia (folio 04980820), y complementado con mensajes a medios que ha emitido su titular, Gerardo Octavio Solís Gómez, nueve de las víctimas asesinadas eran del sexo masculino, mientras que cinco serían del sexo femenino, pues los casos los lleva la Dirección General en Delitos de Violencia contra las Mujeres en Razón de Género y Trata de Personas.
Impunidad de crímenes contra comunidad LGBT+
Los asesinatos de miembros de la comunidad LGBT+ cometidos en Jalisco se mantienen, como tantos otros delitos, en impunidad, pues de los 14 casos reconocidos por la Fiscalía del estado solamente en uno se han reportado detenidos:
Se trata del asesinato de Alfonso Sebastián, quien, se presume, perdió la vida este 26 de agosto pasado a manos de policías municipales de Casimiro Castillo, y quien había sido detenido por un presunto robo de 15 mil pesos.
Por este caso, cuatro miembros de la Policía de Casimiro Castillo fueron vinculados a proceso por los delitos de desaparición forzada de persona, abuso de autoridad y homicidio calificado, por lo que estarán un año en prisión preventiva, según lo informó la Fiscalía el 4 de septiembre pasado.
Los elementos que se encuentran detenidos son: Adrián Alejandro “N”, director de la Comisaría; J. Jesús “N”, subdirector; y Rodolfo “N” y Leslie Yaneth “N”, con rango de policías de línea. La Fiscalía señaló:
“Los cuatro habrían tenido relación con los hechos relacionados con la muerte de una persona registrada el pasado 26 de agosto, después de que los uniformados la detuvieron presuntamente al ser señalada de un robo, pero no llenaron el Registro Nacional de Detenidos y tampoco solicitaron mando y conducción al Ministerio Público”.
Además: “De manera irregular, los policías llevaron a la víctima a distintos puntos para que supuestamente informara dónde se encontraba el efectivo robado, sin embargo, fue entregado a sus familiares con diversos golpes que le ocasionaron la muerte“.
Sobre la orientación sexual de la víctima, esto indicó la Fiscalía del estado: “Las investigaciones iniciaron bajo el protocolo de feminicidio debido a que los familiares de Alfonso Sebastián hicieron del conocimiento del personal ministerial que éste formaba parte de la comunidad LGBT+, sin embargo, al momento no existen datos de prueba que permitan asumir que el motivo de la detención, agresión y muerte registrada el pasado miércoles tuviera relación con su orientación sexual e identidad de género“.
Caso distinto al de Jonathan Santos, en el cual el fiscal Solís Gómez ha señalado que una de las líneas de investigación sí es el crimen de odio, un agravante del homicidio que fue integrado al Código Penal del estado apenas en diciembre de 2019.
El 14 de octubre de 2019 la Fiscalía creó una Coordinación Especializada para la Atención de Delitos por Diversidad Sexual, que desde entonces ha atendido 66 ilícitos contra la comunidad LGBT+, incluyendo robos, delitos contra la dignidad de las personas, amenazas, lesiones, violencia familiar y violación, sin embargo, y por lo visto en el informe, no lleva casos de homicidio.
Estos 14 asesinatos de miembros de la comunidad LGBT+ son los únicos que arroja la Fiscalía con estas características en el periodo 2013-2020.
Exigen diligencia y transparencia
Este 2 de septiembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un exhorto a los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías de las 32 entidades federativas “a investigar las agresiones, homicidios y feminicidios en razón de orientación sexual e identidad de género con la debida diligencia, transparencia, en apego a la técnica jurídica, y la evidencia jurídica necesarias”.
Las diligencias e investigaciones relacionadas con dichos casos se lleven a cabo conforme a derecho, respetando el debido proceso, con perspectiva de diversidad sexo-genérica y protegiendo los derechos humanos
Las investigaciones de agresiones, feminicidios y homicidios perpetrados en contra de esa comunidad, señaló la CNDH, deben sujetarse a “los instrumentos relativos a este tema, entre los que destacan el Protocolo de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país, en los casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género y el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en los casos que involucren la orientación sexual y la identidad de género, entre otros”.
